Marcha atr¨¢s

LA CAPACIDAD de rectificar de este Gobierno s¨®lo es comparable con la que le adorna como patrocinador de iniciativas que vulneran garant¨ªas jur¨ªdicas y derechos fundamentales. Y esto ocurre con especial intensidad en los proyectos que propone la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, poco atenta, por lo que se ve, a la denominaci¨®n de su departamento. Hace unas semanas quiso discriminar a unos delincuentes respecto a otros rebajando la mayor¨ªa de edad penal para delitos de terrorismo; ahora presenta un proyecto de Ley de Cooperaci¨®n Jur¨ªdica Internacional que pretende facilitar la extradici¨®n de asilados pol¨ªticos, en franca violaci¨®n de las garant¨ªas constitucionales y del convenio internacional de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados.Esa perla y muchas otras -la permisividad, en la entrega a otros pa¨ªses de personas que pueden ser condenadas a penas inhumanas, o la renuncia al principio de no retroactividad penal- est¨¢n contenidas en un proyecto de ley cuya reconsideraci¨®n ya fue sugerida por el Consejo de Estado en un dictamen emitido el pasado mes de abril. El texto crea una gran confusi¨®n entre el ¨¢mbito nacional y el exterior, y, para resolver eventuales conflictos, apela a un hipot¨¦tico Tribunal Penal Internacional que simplemente no existe y que hoy por hoy act¨²a s¨®lo para juzgar los cr¨ªmenes de guerra cometidos en Bosnia. En general, se desmarca de los derechos fundamentales y de las garant¨ªas que establece la Constituci¨®n. Y lo remata con una delegaci¨®n gen¨¦rica de la aplicaci¨®n de la ley en el titular del Ministerio de Justicia: la propia autora del desaguisado.

Las rectificaciones anunciadas ayer por Mariscal de Gante -a pesar de su aparent¨¦ contrici¨®n- merecen escaso cr¨¦dito, porque no son la respuesta a las objeciones jur¨ªdicas que conoce desde hace meses, sino a la avalancha de cr¨ªticas pol¨ªticas -entre ellas las de CiU- que, despu¨¦s de haber evitado una derrota parlamentaria del Gobierno, se ha cre¨ªdo obligada a anunciar que dar¨¢n la vuelta a la ley. Pasado el temporal, no es descartable que la ministra, insista en salvar su chapuza legislativa. Un indicio de que as¨ª ser¨¢ es que ayer mismo consigui¨® que el Gobierno le aprobara la reforma del C¨®digo Penal en materia de delitos contra la libertad sexual de menores. Todo ello a pesar de las objeciones jur¨ªdicas recibidas por resucitar el delito de corrupci¨® de menores y confundir la protecci¨®n penal con la moalizaci¨®n ciudadana. S¨®lo as¨ª puede explicarse su intento de penalizar no s¨®lo a los organizadores de espect¨¢culos pornogr¨¢ficos con menores, sino tambi¨¦n a los espectadores.

El freno a esa fiebre legislativa tan atrabiliaria pudo ponerlo el Parlamento mediante la votaci¨®n de sendas enmmiendas a la totalidad del PSOE e IU, por una vez de acuerdo en defensa del Estado de derecho y la legalidad constitucional.