El fiscal general acusa a las administraciones de Medio Ambiente de rozar el delito
Varapalo a la consejer¨ªa catalana por no entregar las citaciones judiciales
Las administraciones p¨²blicas acaparan los dardos que la Fiscal¨ªa General del Estado recoge en la memoria correspondiente a 1996 dentro del apartado referido a los delitos ecol¨®gicos. Su participaci¨®n en los temas medioambientales, dice, supone en ocasiones desviaciones pr¨®ximas al delito. La cr¨ªtica m¨¢s dura se la lleva la Conseller¨ªa de Medi Ambient de Catalu?a, a la que acusa de falta de colaboraci¨®n y de obstaculizar las indagaciones de la fiscal¨ªa de Barcelona: no acude a los juicios orales y no entrega las citaciones a los funcionarios para que comparezcan en las vistas.
La protecci¨®n del medo ambiente en Espa?a est¨¢ por los suelos si se analiza desde la, ¨®ptica reflejada en la Memoria. de la Fiscal¨ªa del Estado. Su titular, Jes¨²s Cardenal, se?ala en la referencia a los delitos ecol¨®gicos: "La perspectiva legal en medio ambiente tard¨® bastante en ajustarse a la realidad. Lamentablemente, la sociedad espa?ola ha vivido bastante alejada de cualquier planteamiento proteccionista y eso ten¨ªa que reflejarse en la normativa legal y en las decisiones de los organismos judiciales".Tras reclamar la urgencia de una Ley General de Medio Ambiente, la Fiscal¨ªa refiere con pormenorizados detalles la. implicaci¨®n de la Administraci¨®n en la ecolog¨ªa, que se manifiesta a veces en "desviaciones o irregularidades, hasta tal punto que las mismas pueden constituir delito".
Sigue habiendo actitudes de la Administraci¨®n, a?ade, "cuanto menos anormales y dif¨ªciles de comprender a la vista de la nueva regulaci¨®n" del C¨®digo Penal. Se tiene conocimiento y datos sobre hechos presuntamente delictivos y no se denuncian "incluso en casos en los que los funcionarios t¨¦cnicos, con el celo de servir a los intereses generales de la sociedad y de la Naci¨®n, han comunicado a sus superiores jer¨¢rquicos la necesidad de proceder con arreglo a la legalidad vigente". Existen numerosas actividades delictivas relativas a la contaminaci¨®n industrial "y por las razones que escapan al conocimiento de esta Fiscal¨ªa, ni se denuncian ni se comunican".
Cardenal reproduce extensamente el informe del fiscal de medio ambiente de la Audiencia de Barcelona, Jos¨¦ Joaqu¨ªn P¨¦rez de Gregorio, quien describe a la Conseller¨ªa de Medi Ambient de la Generalitat de Catalu?a como una instituci¨®n alejada del compromiso ecol¨®gico.
Relata que los peritos o t¨¦cnicos convocados a los juicios orales por delitos contra el medio ambiente no asisten. No se entregan a los funcionarios las citaciones para comparacer en los juicios. Cuando intervienen como testigos, su participaci¨®n "deja mucho que desear". No se acuerdan de las actuaciones en que intervinieron, se contradicen o modifican sus testimonio. En algunas ocasiones en las que el Servicio de Protecci¨®n a la Naturaleza (Seproma) de la Guardia Civil o los Mossos d'Esquadra han requerido su intervenci¨®n, "se ha denegado la cooperaci¨®n o se ha puesto sobreaviso a los presuntos delincuentes ambientales. Y en dos ocasiones se ha contestado a la Polic¨ªa Judicial que requer¨ªa documentos, que pod¨ªan adquirirlos previo pago de su importe en un servicio de librer¨ªa".
Un portavoz de la Conseller¨ªa de Medi Ambient se?al¨® que no quiere entrar en pol¨¦micas. "Somos respestuosos con las actuaciones de la fiscal¨ªa", ha manifestado a EL PA?S. "Y lo que es evidente es que siempre se han denunciado los casos que a nuestro entender eran delitos ecol¨®gicos". Como testimonio, apunta que de los 927 expedientes sancionadores incoados el a?o pasado, 20 pasaron a la Fiscal¨ªa. "Y en relaci¨®n a los expedientes que nos llegan desde esa instancia, de 93, el 30% nos consta que son archivados; y desconocemos la suerte del 40%".
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