Mejor no tocarlo

EL PORTAVOZ del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) matiz¨® ayer su propuesta de restablecer el delito de desacato, eliminado del C¨®digo Penal hace s¨®lo dos a?os: no se tratar¨ªa de volver al viejo precepto, sino de encontrar una alternativa que evite la impunidad con que son insultados los jueces. Ciertamente, basta escuchar algunas tertulias radiof¨®nicas y leer determinados peri¨®dicos para deducir que existe una impunidad de hecho de ciertas personas -a veces jueces en ejercicio-, cuya barroca verbosidad se sublima en la injuria. Pero no s¨®lo contra los jueces y magistrados, sino tambi¨¦n contra pol¨ªticos, periodistas o particulares que no sean de su cuerda. Por eso, la peor soluci¨®n al problema ser¨ªa restablecer una sobreprotecci¨®n especial que ampare a los miembros del poder judicial.El desacato es uno de los "delitos contra la autoridad" del c¨®digo de 1870, endurecido durante el franquismo. Castigaba las injurias, insultos o calumnias contra cualquier autoridad. Se trataba claramente de un dique -preventivo y represivo- contra las cr¨ªticas de los ciudadanos. Con la restauraci¨®n de la democracia perdi¨® virtualidad en lo referente a los poderes legislativo y ejecutivo, pero sigui¨® siendo invocado por el judicial, especialmente frente a las cr¨ªticas de periodistas y pol¨ªticos. Pese a su solemne justificaci¨®n por altos principios morales, se convirti¨® de hecho en un privilegio de los jueces. El nuevo c¨®digo lo elimin¨® como delito espec¨ªfico. Los jueces que se . sientan injuriados o calumniados podr¨¢n querellarse contra su ofensor como cualquier otro ciudadano: en defensa de su honor, y no, como antes, del desnudo principio de autoridad. Volver a considerar que los jueces tienen derecho a una protecci¨®n especial ser¨ªa un paso atr¨¢s en el terreno de las libertades. Y una mala soluci¨®n.

Ser¨ªa deseable que los encargados por oficio de administrar justicia -de zanjar conflictos- gozaran de una credibilidad superior. As¨ª ocurre en algunos pa¨ªses. Pero ese prestigio no podr¨¢ ser el resultado de la prohibici¨®n de la cr¨ªtica, sino de una experiencia que avale el prejuicio favorable. El corporativismo que impide sancionar a jueces venales o caprichosos no trabaja precisamente en favor de ese aval; tampoco la obsesi¨®n por figurar. La discreci¨®n es un valor inherente a la funci¨®n jurisdiccional. Las asociaciones de jueces ofrecen un cauce no estridente para la participaci¨®n social y la defensa de los intereses profesionales. Lo otro, la creaci¨®n de bandos de jueces con sus correspondientes medios de comunicaci¨®n incondicionales, est¨¢ da?ando gravemente la credibilidad de esa profesi¨®n.

E, Consejo est¨¢ obligado a, defender la independencia de los jueces, no sus caprichos o bellaquer¨ªas. Al invocar la vuelta del delito de desacato, aunque sea aligerado, se est¨¢ poniendo en el mismo, plano la cr¨ªtica fundada y la descalificaci¨®n injusta. Por eso, m¨¢s vale que dejen el c¨®digo como est¨¢ y que sea cada juez particular quien defienda su honor si se considera injustamente atacado.