V¨ªct¨ªmas de la colza piden al Defensor del Pueblo que medie ante el Gobierno

Unas 6.500 v¨ªctimas de la colza han solicitado al Defensor del Pueblo que medie ante el Gobierno para que se cumpla cuanto antes la sentencia del Tribunal Supremo, del pasado mes de septiembre, condenatoria para dos ex cargos p¨²blicos por un delito de imprudencia temeraria y seg¨²n la cual el Estado es responsable civil subsidiario del pago de las indemnizaciones fijadas. De acuerdo con los c¨¢lculos iniciales, ¨¦stas -oscilan entre los 90 millones para los afectados con gran invalidez y las 150.000 pesetas para aqu¨¦llos cuyas lesiones s¨®lo duraron dos semanas, pasando por los 15 millones para los herederos de los muertos podr¨ªan superar el medio bill¨®n de pesetas.

El escrito que se ha hecho llegar a la mencionada instituci¨®n, a trav¨¦s de los abogados Ignacio Uriarte y Antonio Garc¨ªa-Pablos, consta de siete puntos. En el primero se le pide que inste del Ejecutivo "un compromiso p¨²blico y oficial" en orden al cumplimiento del fallo judicial y en el que se especifique "el plazo m¨¢ximo" para ello, as¨ª como "las v¨ªas de financiaci¨®n y obtenci¨®n de recursos" para los pagos a efectuar. Asimismo, en el segundo se le demanda que se dirija a los presidentes de las comunidades aut¨®nomas cuyos ciudadanos sufrieron el s¨ªndrome t¨®xico para ver si est¨¢n dispuestas a colaborar en ellos "por raz¨®n de corresponsabilidad y solidaridad social".

Censo oficial de enfermos

En los otros apartados se reclama la elaboraci¨®n y publicaci¨®n del censo oficial de los enfermos, ya que incluso los no representados en el procedimiento penal tienen derecho a las compensaciones econ¨®micas; la determinaci¨®n del quantum global de las indemnizaciones y del alcance de los conceptos "deducibles" e "indemnizatorio"; una mejora sensible en la dotaci¨®n de medios -m¨¦dicos forenses, personal auxiliar...- e infraestructura del ¨®rgano jurisdiccional que ha de ejecutar la sentencia, y la agilizaci¨®n del proceso en general.