?El suelo para quien no lo urbaniza?

Una vez m¨¢s, la presentaci¨®n del proyecto de Ley del Suelo ha demostrado la extraordinaria capacidad del actual Gobierno de hacer llegar a la opini¨®n p¨²blica un mensaje absolutamente ajeno a la realidad, ocultando objetivos muy alejados de lo que interesa a la mayor¨ªa de la sociedad. En el caso de la reforma de la legislaci¨®n urban¨ªstica, el Gobierno ha vendido, al menos en tres ocasiones, la misma falsa noticia: la liberalizaci¨®n del suelo, como cumplimiento de una de sus promesas electorales y como reforma estructural imprescindible para abaratar la vivienda.A estas alturas nadie puede ya poner en duda que el Decreto Ley de junio de 1996 sobre medidas urgentes de liberalizaci¨®n no ha tenido el m¨¢s m¨ªnimo efecto positivo en el mercado del suelo: por el contrario, se ha provocado una paralizaci¨®n generalizada de las actuaciones urban¨ªsticas -agravada, sin duda, por las expectativas creadas por el propio Gobierno sobre futuras ventajas fiscales y ulteriores reducciones de la cesi¨®n obligatoria de suelo a los Ayuntamientos-; y los precios de la vivienda han registrado una tendencia alcista significativamente superior a la registrada por el IPC. Todo ello, unido a la absoluta paralizaci¨®n de la pol¨ªtica de vivienda -los pr¨¦stamos para las viviendas protegidas previstas para este a?o han comenzado a concederse en septiembre-, da idea de la nula prioridad concedida a la vivienda.

Lo advertimos en junio de 1996 y lo reiteramos ahora, ante un proyecto de ley que reincide en una visi¨®n del urbanismo a medida de los propietarios del suelo: liberalizar no es desregular, sino fomentar la libre competencia. En el caso del suelo, que es un bien con una funci¨®n social definida por la Constituci¨®n, la liberalizaci¨®n debe estar -parafraseando el t¨ªtulo del ¨²ltimo libro de Luciano Parejo- al servicio del inter¨¦s general de los ciudadanos. El partido socialista apuesta por consolidar el modelo de urbanismo concertado, ya experimentado con ¨¦xito en la Comunidad Aut¨®noma de Valencia, en el que los empresarios urbanizadores compiten con los propietarios del suelo a la hora de desarrollar el planeamiento, a trav¨¦s del sistema de concurso que conlleva la selecci¨®n de la oferta m¨¢s barata y de mayor calidad. En dicho modelo se mantienen las diferencias entre el derecho de propiedad y el derecho a- urbanizar, que los socialistas entendemos como una funci¨®n p¨²blica mientras que el Gobierno plantea la exclusividad del propietario al derecho a urbanizar, y se genera un dinamismo que ya ha supuesto resultados muy positivos, por crecimiento de la oferta de suelos urbanizados y de la reducci¨®n de su coste.

Resulta inconcebible que el Gobierno pretenda hacer aparecer el fortalecimiento de los derechos de los propietarios como elemento de un proceso de liberalizaci¨®n, volviendo a planteamientos anteriores al franquismo que nada tienen que ver con el urbanismo de los pa¨ªses de la UE. En el texto remitido al Parlamento queda n¨ªtido que al Gobierno le interesa reducir las obligaciones de los propietarios frente a la Administraci¨®n y elevar el valor legal de los suelos, generando plusval¨ªas en absoluto justificadas, con cargo al erario p¨²blico en el supuesto de expropiaciones.

La confusi¨®n -intencionada- entre el inter¨¦s general y los intereses particulares constituye ya un eje evidente de la acci¨®n del Gobierno. Sin embargo, la complejidad de las cuestiones urban¨ªsticas dificulta el an¨¢lisis de las posiciones en esta materia de los diferentes grupos pol¨ªticos. En s¨ªntesis, en el debate parlamentario sobre el proyecto de Ley del Suelo se enfrentan dos concepciones: la defendida por el Gobierno, casi en solitario -ah¨ª est¨¢n las cr¨ªticas y enmiendas suscitadas incluso desde dentro del PP y de sus socios nacionalistas-, pretendidamente liberal, y la que defiende, entre otros, el grupo socialista. Nuestra posici¨®n pide simplificar y revisar la actual regulaci¨®n para permitir, de una vez, atacar a fondo la retenci¨®n especulativa del suelo. En la actual legislaci¨®n, este objetivo quedaba pr¨¢cticamente reservado a la intervenci¨®n p¨²blica, v¨ªa expropiaciones. Dicho sistema se ha demostrado voluntarista pero poco operativo: la gran mayor¨ªa de los ayuntamientos no tienen ni medios econ¨®micos ni capacidad de gesti¨®n para aprovechar ese marco. Por tanto, resulta oportuno avanzar -desarrollando f¨®rmulas que ya estaban presentes en el Texto Refundido de 1992- de manera que sea la propia iniciativa privada la que act¨²e contra la retenci¨®n especulativa del suelo. Es decir, todo lo contrario del principio, impl¨ªcito en la propuesta de Gobierno, de "el suelo para quien no lo urbaniza"...