Justicia y poder

LA JUDICIALIZACI?N de la vida pol¨ªtica espa?ola, emprendida con demostrada irresponsabilidad por el partido del Gobierno desde hace tiempo, ha logrado crispar hasta el extremo las relaciones entre las fuerzas pol¨ªticas y la convivencia entre los ciudadanos. Eso, entre otras cosas, explica que, pese a los buenos resultados del ejercicio econ¨®mico y a la postraci¨®n y desconcierto en que se encuentra sumida la oposici¨®n socialista, el PP no logre mejorar sus expectativas de voto. La opini¨®n p¨²blica percibe que el poder es hoy proclive a la pol¨ªtica de tierra quemada, de enfrentamiento y divisi¨®n, que tan buenos resultados parece haberle dado.La celebraci¨®n de aut¨¦nticos juicios paralelos en los medios de comunicaci¨®n -sobre el asesinato de las ni?as de Alc¨¤sser o sobre los GAL, sobre el secuestro de la farmac¨¦utica de Olot o sobre Filesa- somete a diario a nuestros jueces a una aut¨¦ntica oleada de presiones interesadas, a base de amenazas y de aut¨¦nticos chantajes morales ejercidos desde algunos peri¨®dicos y tertulias radiof¨®nicas, siempre empe?ados en dar lecciones de moral que nadie les pide, y que se combinan en ocasiones con la descarada utilizaci¨®n de la Fiscal¨ªa por parte del Gobierno.

Algunos procedimientos penales tienden as¨ª a convertirse en verdaderas causas generales contra los acusados, y se asemejan a veces m¨¢s a los ajustes de cuentas que a una adecuada administraci¨®n de la justicia. Las reacciones desmedidas de quienes est¨¢n decididos a politizar todo cuanto les sucede no contribuyen precisamente a crear un ambiente sereno que permita impartir justicia rectamente.

Pero si es l¨ªcito denunciar a los pol¨ªticos y periodistas que incurren en tan lamentables pr¨¢cticas, no lo es menos poner de relieve la sensibilidad extrema -y no siempre desinteresada- que muchos magistrados padecen ante los ataques o cr¨ªticas de los medios de comunicaci¨®n y ante las presiones o promesas del poder.

Lo sucedido con el caso Filesa es un buen ejemplo de cuanto comentamos. Hemos acatado la sentencia del Supremo pese a que nos han parecido desproporcionadas las penas que han reca¨ªdo sobre algunos condenados, convertidos en chivos expiatorios de una situaci¨®n generalizada, pues la financiaci¨®n ilegal ha sido pr¨¢ctica de todos los partidos, y de manera connotada, del Partido Popular (casos Naseiro, Burgos, Soller). Tambi¨¦n es discutible la exigencia de ejecuci¨®n inmediata de la sentencia, sin esperar al procedimiento que se siga en el Tribunal Constitucional. Ejecuci¨®n de sentencia que ha permitido la arrogancia del Gobierno cuando se expresa sobre la eventualidad de indultar a los condenados.

Pero las sentencias y los autos no son dictados por m¨¢quinas, sino por personas, en este caso por los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, cuyo presidente, Jos¨¦ Augusto de Vega, fue sometido recientemente a una campa?a de difamaciones y de presi¨®n por parte de la prensa aznarista. Estamos seguros de que este juez, de larga y encomiable carrera profesional y a punto de jubilarse dentro de dos semanas, tiene la suficiente experiencia y horas de vuelo como para no dejarse doblegar por los ambientes de opini¨®n creados y regirse s¨®lo por la recta aplicaci¨®n de las leyes y de su conciencia. Pero tambi¨¦n es evidente que ha sido sometido a tales y tan repugnantes ataques que le han tenido que hacer a¨²n m¨¢s dif¨ªcil el ejercicio de su jurisdicci¨®n.

El hecho de que el mismo presidente -hasta su jubilaci¨®n- y la misma sala del Supremo est¨¦n destinados a entender del caso Conde y a dictar sentencia sobre la acusaci¨®n a los dirigentes de HB; la extrema politizaci¨®n de estos asuntos; la beligerancia notoria del partido del Gobierno en el caso Filesa; y el comportamiento inequ¨ªvoco de la Fiscal¨ªa al servicio del poder pol¨ªtico, no constituyen el mejor caldo de cultivo para la ecuanimidad, y suscitan la sospecha de que alguien pretenda establecer una especie de equilibrio entre las diversas y dificiles decisiones que el Supremo tiene que tomar en los pr¨®ximos d¨ªas. La brillante trayectoria profesional de Jos¨¦ Augusto de Vega no puede verse empa?ada al final de su carrera por culpa de quienes insisten en tratar de poner a la justicia al servicio de los intereses del poder pol¨ªtico. Pues no s¨®lo est¨¢ en juego la reputaci¨®n profesional de un magistrado, sino el prestigio del Tribunal Supremo y su capacidad para impartir justicia al margen de amenazas, chantajes y presiones.