El Supremo pone la ley sobre la Mesa

EL TRIBUNAL Supremo ha condenado a siete a?os de c¨¢rcel a cada uno de los 23 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) por considerarlos culpables de un delito de colaboraci¨®n con banda armada. La sentencia estima que los dirigentes de HB cometieron ese delito al ceder sus espacios electorales a ETA en la campa?a de 1996. Rechaza, en cambio, que haya materia penal en la difusi¨®n de sendos comunicados en los que justificaban impl¨ªcitamente los asesinatos por ETA de Fernando M¨²gica y Francisco Tom¨¢s y Valiente. La condena es, desde luego, dura y se prestar¨¢ a pol¨¦mica en la medida en que las personas juzgadas constituyen, en su conjunto, la direcci¨®n de una organizaci¨®n pol¨ªtica legal. Pero la sentencia est¨¢ s¨®lidamente fundada, y, adem¨¢s, la alternativa no ser¨ªa m¨¢s que la impunidad: que un colectivo, alegando identidad de fines, pudiera ayudar a una organizaci¨®n terrorista a imponerse a la sociedad sin que hubiera consecuencias penales.La sentencia es compleja, llena de matices. No reh¨²ye entrar en el fondo de las cuestiones. La argumentaci¨®n, impecablemente jur¨ªdica, es clara y acorde con los valores democr¨¢ticos. El Tribunal parte de la consideraci¨®n de que, si bien el sistema democr¨¢tico permite la disidencia, incluso la m¨¢s radical, la ley no puede amparar la utilizaci¨®n de los instrumentos de participaci¨®n pol¨ªtica para la difusi¨®n de actividades ilegales. Al ceder sus espacios electorales a ETA, los dirigentes de HB estaban cooperando al cumplimiento de los objetivos de los terroristas.

Contra la visi¨®n reduccionista que limitar¨ªa la cooperaci¨®n con banda armada a la ayuda prestada para la realizaci¨®n de actos violentos, la sentencia considera que tambi¨¦n se colabora al ofrecer a los terroristas la posibilidad de dirigir su mensaje a la poblaci¨®n: del mismo modo, por ejemplo, que coopera quien da dinero a los terroristas. Por ello, la responsabilidad penal no derivar¨ªa propiamente del contenido del v¨ªdeo -la exposici¨®n de la llamada alternativa democr¨¢tica de ETA-, sino de su difusi¨®n en un espacio electoral. Pero el contenido no puede considerarse una excusa, pues, pese a presentarse como alternativa de paz, el mensaje central consiste en advertir cu¨¢l ser¨¢ la "alternativa a la alternativa": si no se acepta ¨¦sta, habr¨¢ m¨¢s violencia; la presencia de pistolas sobre la mesa subraya, en opini¨®n de los magistrados, ese mensaje. Seg¨²n la sentencia, HB ha "cooperado con ETA en su objetivo de imponer sus ideas o reivindicaciones por medio del terror".

El Supremo desestima, en cambio, la posibilidad de que la difusi¨®n de los comunicados de HB tras los asesinatos de M¨²gica y Tom¨¢s y Valiente pueda considerarse delito de apolog¨ªa del terrorismo. No porque la libertad de expresi¨®n ampare cualquier manifestaci¨®n, sino porque el nuevo C¨®digo Penal exige para que se produzca este delito que las expresiones apolog¨¦ticas constituyan "una incitaci¨®n directa a cometer un delito". Para incurrir en responsabilidad penal no bastar¨ªa, pues, defender la actividad delictiva ya realizada, sino que se precisa que las concretas manifestaciones est¨¦n encaminadas a provocar nuevos delitos. El Tribunal desestima que esto sea aplicable a tales comunicados, pero los toma en consideraci¨®n para ilustrar la l¨ªnea de comportamiento de HB" en relaci¨®n a las acciones de ETA.

Para llegar a la sentencia condenatoria, el Tribunal ha tenido que desactivar la principal estratagema procesal planteada por los abogados de HB: la de la eventual inconstitucionalidad del precepto del nuevo c¨®digo sobre cooperaci¨®n con banda armada, dada su indeteminaci¨®n en la descripci¨®n de los comportamientos delictivos. El Supremo argumenta que ni siquiera es planteable el asunto, dado que no se aplica el nuevo, sino el viejo c¨®digo, por resultar m¨¢s favorable a los procesados.

Algunas de las reacciones producidas ayer tras conocerse la sentencia son deplorables. Cuestionarla con el argumento de que puede "encrespar los ¨¢nimos" equivale a otorgar a HB una bula para incumplir la ley. Los criterios de oportunidad pol¨ªtica tantas veces invocados s¨®lo han servido para que, a cada desaf¨ªo sin respuesta, HB corresponda aumentando la dosis de la provocaci¨®n. Frente a la estrategia de intimidaci¨®n de ese mundo, nada resulta tan desmoralizador como la impunidad de que han venido disfrutando los dirigentes de HB. Esa formaci¨®n prest¨® sus espacios electorales a unos pistoleros que colocaron sus armas sobre la mesa para ilustrar el sentido de su oferta: o la mayor¨ªa se pliega a sus exigencias o seguir¨¢n matando y secuestrando. La justicia ha colocado la ley sobre esa mesa, y el resultado ha sido una condena de siete a?os para cada uno de los integrantes de la direcci¨®n de HB. Una sentencia dura, pero ajustada a la ley.