La juez confirma la paralizaci¨®n de las obras del trasvase Picadas-Toledo

Ni a la de tres. El juzgado n¨²mero 2 de Navalcarnero se ha opuesto por tercera vez a que contin¨²en las obras del trasvase Picadas-Toledo: una obra de 8.000 millones de pesetas que est¨¢ destinada a asegurar el suministro de la comarca toledana de La Sagra. El juzgado, que paraliz¨® las obras el 9 octubre por la comisi¨®n de un posible delito ecol¨®gico, y que ratific¨® su decisi¨®n diez d¨ªas despu¨¦s, ha rechazado un nuevo recurso de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo. Lo califica de "inconsistente".

La juez considera en su nuevo auto que el abogado del Estado que representa a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha presentado unos argumentos inconsistentes e insuficientes, para que se pueda levantar la paralizaci¨®n. El juzgado par¨® las obras porque exist¨ªan "indicios racionales de criminalidad" y los trabajos no se ajustaban "a las normas protectoras del medio ambiente". Seg¨²n la juez, el recurso de la Confederaci¨®n no ha conseguido rebatir ambos argumentos.El trasvase Picadas-Toledo atraviesa una Zona de Especial Protecci¨®n para las Aves (ZEPA), ¨¢rea que se encuentra bajo tutela de la UE. Cualquier gran infraestructura que se realice en ella requiere un informe favorable de sus expertos.

Seg¨²n la juez que instruye la causa, abierta a petici¨®n de la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente y de uno de los propietarios del terreno por donde pasa la tuber¨ªa, los abogados de la Confederaci¨®n no han sido capaces tampoco de cuantificar los "da?os que provoca la paralizaci¨®n de las obras". Ante esta situaci¨®n, su se?or¨ªa recuerda al Ministerio de Medio Ambiente que puede interponer recurso de apelaci¨®n ante la Audiencia Provincial; y que ella, como instructora del caso, continuar¨¢ con sus pesquisas. De esta manera, la juez tiene ya las manos libres para analizar a fondo la posible "comisi¨®n en firme de delito imputado".

El juzgado par¨® hace dos meses "de forma cautelar y urgente" las obras. Argument¨® que los trabajos causaban un "gran impacto al medio ambiente" ya que la tuber¨ªa, de 1,2 metros de di¨¢metro y 22 kil¨®metros de longitud, atravesaba la ZEPA de los r¨ªos Alberche y Cofio. En ella habitan diversas especies protegidas como el ¨¢guila imperial o los murci¨¦lagos de herradura.

La gran sequ¨ªa

La construcci¨®n de esta tuber¨ªa data de principios de los a?os noventa, cuando una fuerte sequ¨ªa se ceb¨® sobre el centro peninsular. Los pantanos registraron niveles desconocidos. En 1993, la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica elabor¨® un proyecto para unir el embalse madrile?o de Picadas con la provincia de Toledo. El Gobierno central, el 4 de agosto de 1995, declar¨® la obra de urgencia. De esta manera, no era necesario, seg¨²n la Confederaci¨®n, el correspondiente estudio de impacto ambiental, tr¨¢mite administrativo cuya elaboraci¨®n podr¨ªa alargarse a?os. Las obras comenzaron a principios de 1996, uno de los a?os m¨¢s lluviosos del siglo.En julio de este a?o, la Comunidad, con la sequ¨ªa ya acabada, reclama a la Confederaci¨®n el informe de impacto ambiental. Sus responsables, l¨®gicamente, no lo pueden mostrar. La Fiscal¨ªa de Medio Ambiente se les echa encima y les denuncia. La juez, finalmente, da la raz¨®n a la fiscal¨ªa.

Y da un argumento de peso: la Confederaci¨®n realiz¨® un primer proyecto del trasvase. Cuando se lo dio a conocer a la Comunidad, ¨¦sta realiz¨® un estudio de impacto ambiental, que fue negativo y recomend¨® otro trazado. La Confederaci¨®n cambi¨® de proyecto, pero se neg¨® a un segundo estudio de impacto ambiental. La juez estudia si eso es delito.