Pol¨ªticos ante jueces

Por vez primera en la democracia espa?ola, determinados pol¨ªticos han sido conducidos colectivamente ante los jueces y han recibido sentencias condenatorias por unos hechos cometidos en el desempe?o de su acci¨®n. Por supuesto, m¨¢s all¨¢ de las duras penas de prisi¨®n, aparentemente desproporcionadas para el tipo de delito que se les imputaba, nada identifica ni equipara los hechos por los que se ha juzgado y condenado a algunos dirigentes del PSOE con los que han llevado al mismo Tribunal a dictar sentencias de c¨¢rcel para los miembros de la Mesa Nacional de HB. Nada, excepto que las respectivas condenas han sido recibidas por dirigentes socialistas y nacionalistas con protestas contra el Tribunal por haber sometido a los acusados a sendos juicios pol¨ªticos.En pura l¨®gica, lo que se desprende de tales cr¨ªticas es que cuando los pol¨ªticos delinquen los tribunales que los juzgan estar¨ªan entrometi¨¦ndose en pol¨ªtica sin t¨ªtulo para ello. Llevado el razonamiento a sus ¨²ltimas consecuencias, los pol¨ªticos s¨®lo tendr¨ªan que dar cuenta de sus actos ante los electores, jam¨¢s ante los jueces, a quienes se aconseja que miren a otro lado cuando un pol¨ªtico, en el ejercicio de su actividad, traspasa la frontera que marca la ley. La democracia exigir¨ªa que los jueces aceptaran la posibilidad de un amplio campo de acci¨®n, lindante con la comisi¨®n de delitos, a cualquier persona investida por un mandato popular. Si un pol¨ªtico cruzara la raya, ya se encargar¨¢ el voto popular de situar a cada cual en el lugar que le corresponde. Pero, por lo que respecta a los jueces, mejor ser¨ªa que no se metieran en camisa de once varas porque las consecuencias de tales intromisiones podr¨ªan ser catastr¨®ficas.

Ante semejante argumento, no estar¨¢ de m¨¢s recordar que la ¨²nica consecuencia catastr¨®fica para la democracia radicar¨ªa en que, por actuar como pol¨ªticos, quedaran los pol¨ªticos exentos del cumplimiento de la ley. Si la colaboraci¨®n con banda armada es delito, lo ¨²nico catastr¨®fico para la democracia consistir¨ªa en que alguien que colaborase con banda armada dispusiera de un salvoconducto que le impidiera ser juzgado ni condenado por ese delito en atenci¨®n a los votos recibidos por su partido en unas elecciones y a las consecuencias que pudieran derivarse de su condena. En pol¨ªtica, nunca hay efectos predeterminados; los de esta sentencia depender¨¢n de c¨®mo la administren los mismos pol¨ªticos y no ser¨¢n id¨¦nticos si el resto de los partidos, nacionalistas o no, la acatan o se movilizan contra ella. Y, por lo que respecta a la salud de la democracia, quiz¨¢ no fuera ocioso recordar el argumento de Hamilton: que los jueces, al aplicar leyes aprobadas por los representantes de la soberan¨ªa popular, garantizan que la voluntad mayoritaria siga primando sobre los intereses particulares de un determinado grupo pol¨ªtico.Ante una clase pol¨ªtica malacostumbrada a tratar la ley a beneficio de inventario, las sentencias significan sobre todo un laborioso triunfo del Estado de derecho. La justicia, podr¨ªa ser la primera conclusi¨®n, funciona; quiz¨¢ lo hace tarde y por caminos no siempre rectil¨ªneos, pero funciona, sin que razones de oportunidad pol¨ªtica ni servidumbres de partido alcancen a paralizar sus procedimientos. En este sentido, es un respiro comprobar que, a pesar de las piedras y pedruscos lanzados en su lento caminar, de las amenazas recibidas y de los riesgos en que ciertamente incurren, los jueces hayan sido capaces de culminar los procesos y emitir sentencias.

Pero ser¨ªa iluso batir palmas por un triunfo tan complicado del Estado de derecho. Por tratarse de personas que concurren a elecciones, hablan en m¨ªtines, marchan a la cabeza de manifestaciones y obtienen votos, las sentencias levantar¨¢n irremediablemente emociones pol¨ªticas. Ser¨ªa, por tanto, la hora de que los pol¨ªticos dem¨®cratas opusieran a la emoci¨®n la raz¨®n y midieran las consecuencias que tendr¨ªa alentar movimientos de oposici¨®n y rechazo a la justicia.