El ministerio fiscal, entre Chile y Argentina

A la Uni¨®n Progresista de Fiscales, por defender gallardamente la dignidad humana

Es ya un dato objetivo que el ministerio fiscal, para su desgracia, est¨¢ permanentemente de actualidad. Se sale de un esc¨¢ndalo y seguidamente se entra en otro, por mucho que se pretenda dar la sensaci¨®n de que la normalidad es lo habitual. Triste balance el de un a?o que a punto est¨¢ de morir, sin grandes esperanzas ante el que va a nacer. Presidido ha estado por la opacidad y el oscurantismo, alcanzando cotas inimaginables y que uno consideraba ya superadas despu¨¦s de veinte a?os de democracia. Craso error.

En el dif¨ªcil, complejo y complicado mundo del derecho, no todo, pero s¨ª casi todo, es susceptible de interpretaci¨®n. Pero lo que susceptible de interpretaci¨®n es, puede serlo de manipulaci¨®n, y el esfuerzo que diariamente han de hacer los juristas es precisamente el de tratar de evitar la manipulaci¨®n de las normas a trav¨¦s de la interpretaci¨®n. De otro lado, hemos de concebir el derecho como un instrumento para la paz y la convivencia, no para lo contrario.

Si los cr¨ªmenes espantosos cometidos durante las tiran¨ªas de los militares argentinos y chilenos, con centenares de v¨ªctimas de compatriotas nuestros -aunque en ese macabro y sat¨¢nico periodo no se deba distinguir entre las v¨ªctimas la nacionalidad de cada una de ellas, pues todas fueron objeto de las mismas acciones repugnantes-, se pueden o no perseguir por la justicia espa?ola puede ser opinable, pero siempre desde un punto de vista jur¨ªdico, aunque personalmente creo en su competencia, como tantos otros juristas, sean abogados, catedr¨¢ticos, pol¨ªticos, jueces o fiscales.

Lo que no es admisible entre quienes vestimos la toga es mezclar lo jur¨ªdico y lo pol¨ªtico, si bien no ha de darnos ello miedo alguno, pues, en todo caso, sirve para dejar a cada cual en su sitio.

Lo primero que ha de decirse es que para rechazar la competencia de la justicia espa?ola han de tenerse en cuenta los argumentos esgrimidos por los jueces que a trav¨¦s de sus resoluciones competentes se han declarado para conocer de tales hechos. No parece que todos los fiscales hayan tenido esa oportunidad antes de pronunciarse. Ni las razones que han movido a reconocer esa competencia al Comit¨¦ contra la Tortura de las Naciones Unidas, al Pleno del Parlamento Europeo por unanimidad, a la Fiscal¨ªa General de EE UU, al presidente del Tribunal Supremo de Argentina y al Defensor del Pueblo de Buenos Aires, as¨ª como a autoridades judiciales de Francia, Italia, Alemania y Suecia. No se trata precisamente de aficionados que hablan de o¨ªdas. Tampoco se han podido tener muy en cuenta, de otra parte, convenios y tratados internacionales suscritos por Espa?a y que forman parte de nuestro derecho interno, y que, acertadamente, invocan nuestros jueces, en alguno de los casos con m¨¢s de veinte folios de argumentaci¨®n, a mi juicio plenamente convincente.

Mas argumentar, por ejemplo, que los militares argentinos no pretend¨ªan sino subsanar las insuficiencias del orden constitucional existente para mantener la paz p¨²blica, y que ello excluye el terrorismo, supone para el ministerio fiscal entrar en un terreno peligroso en grado sumo. Seguramente -y as¨ª quiero entenderlo- no estar¨¢ ello en la mente de quienes defienden tan peligrosa tesis, pero es precisamente lo que siempre afirman los golpistas, que hablan en nombre de la patria que dicen defender.

Unos militares, argentinos y chilenos, ensuciando el uniforme que tan pomposamente luc¨ªan, tras la consumaci¨®n del golpe, patrocinaron unas veces y consintieron o encubrieron otras, tras subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz p¨²blica, asesinatos m¨²ltiples, detenciones ilegales masivas, desapariciones por secuestros y sustracciones de menores, implantando con ello el terror. Eso es terrorismo, aqu¨ª y en Nueva York, y tales delitos constituyen cr¨ªmenes contra la humanidad y son de persecuci¨®n universal conforme a los tratados y convenios, y pueden y deben perseguirse en Espa?a al amparo del art¨ªculo 23.4 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, sin olvidar que el secuestro de ni?os es un delito de car¨¢cter permanente.

Vista la reacci¨®n producida entre la inmensa mayor¨ªa de las fuerzas democr¨¢ticas y numerosos colectivos de todas clases y la prensa nacional, la humildad aconsejaba reconocer al menos -con independencia de defender la no competencia de los jueces espa?oles si as¨ª se quiere, aunque uno no lo comparta- que la argumentaci¨®n utilizada para negar la existencia de terrorismo no ha sido afortunada. M¨¢s bien una desdicha. Pero el "sostenella y no enmendalla" revela una falta de sensibilidad preocupante y contribuye a sembrar la confusi¨®n.

Los millares de v¨ªctimas de Videla y sus compinches y del senador vitalicio Pinochet (esperemos que ning¨²n senador espa?ol le estreche alg¨²n d¨ªa la mano), de diferentes nacionalidades, y entre ellas cientos de espa?oles, no merecen el espect¨¢culo que, entre at¨®nitos y asombrados, presenciamos estos d¨ªas. ?Cu¨¢ntos espa?oles han desaparecido en Argentina! ?Cu¨¢ntos espa?oles estar¨ªan antes de morir en el Estadio Nacional de Chile acompa?ando a V¨ªctor Jara, al que, seg¨²n entonces se dijo, mutilaron las manos para que no pudiera cantar m¨¢s acompa?¨¢ndose de su guitarra: Te recuerdo, Amanda; Duerme, duerme, negrito; Gracias a la vida...

Con el recuerdo a todos ellos y con apoyo de la legislaci¨®n espa?ola, convenios y tratados internacionales, deseo el mayor ¨¦xito en sus investigaciones a los jueces espa?oles. Orgulloso me siento de pertenecer a la Uni¨®n Progresista de Fiscales, cuyos dirigentes tuvieron la feliz iniciativa de denunciar tan execrables hechos.

Chile y Argentina, Argentina y Chile, ?cu¨¢nto os queremos! ?Pa¨ªses que, ay, tanto hab¨¦is sufrido!

D¨ªcese en los mentideros que hay fuertes presiones para que los hechos denunciados y sus autores no sean perseguidos en Espa?a, pues ello impedir¨ªa llevar a buen puerto una serie de acuerdos entre empresas espa?olas y aquellos pa¨ªses. Jam¨¢s me permitir¨ªa defender algo que perjudique los intereses de la econom¨ªa nacional, siempre que no sea a costa de no perseguir y dejar en la impunidad cr¨ªmenes repugnantes que, como tales, atentan a la dignidad humana. S¨¦ame por ¨²ltimo permitido anticiparme a los mentecatos de turno. Una vez m¨¢s dir¨¢n que cuanto vengo diciendo y haciendo desde hace un a?o lo hago y lo digo para enterrar los asuntos de los GAL. Sin rencor alguno, ?que santa Luc¨ªa les conserve la vista!