C¨¢rdenas pide al Gobierno mexicano el desarme y desmantelamiento de los grupos paramilitares

Los funerales por los 46 muertos de la matanza de Chiapas se convirtieron ayer en una gran manifestaci¨®n de dolor. El subcomandante Marcos, jefe del Ej¨¦rcito Zapatista de Liberaci¨®n Nacional (EZLN), acus¨® al presidente mexicano, Ernesto Zedillo, de ser el responsable de la tragedia. El Gobierno central, que rechaz¨® estas imputaciones, convoc¨® a los rebeldes a reanudar las conversaciones de paz. El l¨ªder de la oposici¨®n, Cuauht¨¦moc C¨¢rdenas, exigi¨® una r¨¢pida investigaci¨®n oficial, la detenci¨®n de los culpables y el desmantelamiento de los grupos paramilitares, supuestos autores de la masacre.

Con el pa¨ªs a¨²n conmocionado, el Gobierno trata de recuperar la iniciativa. Se lo demanda la opini¨®n p¨²blica nacional y los principales Gobiernos del mundo. El Procurador General de la Rep¨²blica (PGR), Jorge Madrazo, anunci¨® ayer que el n¨²mero de detenidos es ya de 45. "La PGR no fabricar¨¢ testigos y no fincar¨¢ [establecer¨¢] responsabilidades sin contar con las pruebas que permitan una acci¨®n jur¨ªdica", asegur¨® Madrazo.?ste, que calific¨® lo sucedido de "acci¨®n diab¨®lica", dijo no conocer a¨²n las causas reales que originaron la matanza del lunes.

La Procuradur¨ªa de Chiapas, por su parte, inform¨® que tiene "en calidad de presentados" a cuatro ind¨ªgenas, incluido uno que result¨® herido en los hechos sangrientos de Acteal, pero que no hay todav¨ªa indicios que se?alen concretamente a los responsables de la matanza. Sin embargo, la Di¨®cesis de San Crist¨®bal de las Casas, y los grupos pro derechos humanos afines a ella, insisten en que se trat¨® de un ataque lanzado por paramilitares pri¨ªstas que actuaron en todo momento con coordinaci¨®n en una acci¨®n bien preparada.

El reci¨¦n elegido regente de la ciudad de M¨¦xico, Cuauth¨¦moc C¨¢rdenas, que demand¨® una acci¨®n en¨¦rgica de la autoridad, dijo que se pudo haber evitado los hechos sangrientos de Chenalh¨®, como puede evitar que hechos similares lleguen a darse en otras partes del Estado de Chiapas". Para ello, a?adi¨®, "es preciso que el Gobierno de la Rep¨²blica desarme y desmantele a las fuerzas paramilitares de Paz y Justicia y devuelva la tranquilidad a la regi¨®n".

C¨¢rdenas respalda la investigaci¨®n ordenada por Zedillo, pero cree que no basta: "Desde mucho tiempo antes, habitantes de distintas comunidades de esemunicipio, miembros de organizaciones civiles que realizan actividades en la zona y ciudadanos conscientes de la gravedad de la situaci¨®n advirtieron de las crecientes agresiones de las guardias blancas [ej¨¦rcitos privados] de Paz y Justicia en distintas partes del Estado de Chiapas y, en particular, de los serios peligros en que se encontraba la gente en Chenalh¨®".

Por su parte, Porfirio Mu?oz Ledo, l¨ªder del grupo parlamentario del Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica (PRD, al que pertenece C¨¢rdenas) pidi¨® la dimisi¨®n del ministro de Interior: "?l es el responsable directo de lo que ha pasado en Chiapas".

La matanza de Acteal es el dram¨¢tico desenlace de la tensi¨®n que se respira en la regi¨®n de los Altos y en la zona norte de Chiapas, ¨¢reas de influencia del EZLN, que se encuentra acantonado en la Selva Lacandona. El surgimiento de la guerrilla espole¨® los a?ejos conflictos que sacuden estas comunidades; derivados de las luchas por el control econ¨®mico y pol¨ªtico de las comunidades.

En los ¨²ltimos meses, los grupos filozapatistas han intensificado sus actividades para crear "municipios aut¨®nomos", lo que ha alentado la actuaci¨®n descontrolada de las organizaciones locales pr¨®ximas al PRI.

Cadena de venganzas

Las venganzas se suceden sin cesar. Cerca de 150 personas han sido asesinadas desde abril de 1995. El siniestro balance es equitativo: la mitad de cada bando.Samuel Ruiz, obispo de la di¨®cesis de San Crist¨®bal de las Casas, de la que depende la zona, acus¨® ayer al Gobierno de Chiapas de no haber hecho nada por evitar la matanza. Seg¨²n la di¨®cesis de San Crist¨®bal, el conflicto se inscribe "en una guerra de baja intensidad" lanzada por el Ej¨¦rcito para acabar con las bases zapatistas en las regiones de Los Altos y el norte del Estado. Para ello las autoridades utilizan grupos paramilitares a los que brindan armamento y protecci¨®n. La Conferencia del Episcopado mexicano, en una nota hecha p¨²blica ayer, asegura que la matanza revela la impunidad con la que se violan los derechos humanos en esta zona del pa¨ªs. La Iglesia dice que en Chiapas "existe un grave deterioro en la aplicai¨®n de la ley".

"Tanto los pri¨ªstas como los zapatistas tienen armas y base social, y ambos se disputan el territorio", asegura alto un funcionario chiapaneco.

"El problema es mucho m¨¢s complejo de lo que prentende pintar la di¨®cesis [Samuel Ruiz], que no hace sino exacerbar los conflictos".

Lo cierto es que en la zona se sufre una ausencia total de autoridad, y que los ¨¢nimos se han caldeado por la par¨¢lisis que sufren las negociaciones de paz entre el Gobierno y el EZLN, interrumpidas en febrero de 1996 a ra¨ªz de los desacuerdos sobre la figura legal de la autonom¨ªa ind¨ªgena.