Un Estado sin derechos humanos

La tragedia de la comunidad de Acteal (municipio de Chenalh¨®), en el Estado mexicano de Chiapas, donde han sido asesinados casi medio centenar de ind¨ªgenas, mayoritariamente mujeres y ni?os, hab¨ªa sido anunciada por los defensores de los derechos humanos de la regi¨®n, quienes hab¨ªan advertido de este riesgo como consecuencia inevitable de la opci¨®n militarista y violenta adoptada por el Gobierno mexicano en la soluci¨®n del "conflicto chiapaneco". Masacres como ¨¦sta, desgraciadamente frecuentes en Am¨¦rica Latina, son la culminaci¨®n y resultado de la opci¨®n de algunos Gobiernos por pol¨ªticas de represi¨®n y de violaci¨®n de los derechos humanos que, con el pretexto de luchar contra la insurgencia, buscan reprimir las formas organizadas de contestaci¨®n social y pol¨ªtica. En julio de 1997, Jueces para la Democracia participamos en la Misi¨®n sobre la situaci¨®n de los Derechos Humanos en M¨¦xico, organizada por la Federaci¨®n Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y desarrollada en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En el informe de conclusi¨®n del trabajo constatamos la existencia de elementos y situaciones de riesgo que hac¨ªan prever hechos de la gravedad de los sucedidos. Sobre el terreno se pod¨ªa apreciar el importante proceso de militarizaci¨®n de la vida civil en el Estado de Chiapas, lo que hab¨ªa propiciado una importante desintegraci¨®n del tejido social basado en sistemas de organizaci¨®n colectiva de las comunidades ind¨ªgenas. Tambi¨¦n comprobamos el incremento de la represi¨®n y acoso hacia los dirigentes de las organizaciones civiles, de campesinos, y contra miembros del Partido , de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica. La militarizaci¨®n de la regi¨®n es la causa mediata de las agresiones m¨¢s importantes contra los derechos humanos, y a su abrigo han surgido los grupos paramilitares que operan en el Estado(Paz y Justicia y Los Chinchulines s¨®lo han sido los pioneros de esta ola de terror que se encuentra en expansi¨®n). Sus delitos est¨¢n amparados por la m¨¢s absoluta impunidad precisamente por actuar desde el poder o con su cobertura.

Este escenario, que culmina con un Poder Judicial vinculado y dependiente del PRI, hace que habitualmente no se investiguen ni persigan los hechos en los que las v¨ªctimas son ind¨ªgenas, y es el caldo de cultivo propicio para que masacres como la de la comunidad de Acteal puedan tener continuaci¨®n y se multiplique la actividad de grupos paramilitares.

Frente a esta situaci¨®n, a partir del levantamiento zapatista de enero de 1994, la reclamaci¨®n de los derechos individuales y colectivos por las comunidades ind¨ªgenas se orient¨® por una soluci¨®n pac¨ªfica basada en la negociaci¨®n: los Acuerdos de San Andr¨¦s, suscritos entre el Gobierno y el Ej¨¦rcito Zapatista de Liberaci¨®n Nacional (EZLN). Estos acuerdos en la actualidad est¨¢n paralizados ante el incumplimiento de su contenido por el Gobierno mexicano, como han denunciado las dos instituciones de intermediaci¨®n (CONAI y COCOPA), y son el principio necesario y punto de partida para una soluci¨®n democr¨¢tica y pac¨ªfica del conflicto de Chiapas. Las autoridades mexicanas lo saben, aun cuando no hayan apostado por esta v¨ªa, y prueba de ello es que la primera reacci¨®n del presidente Zedillo ante la matanza de Acteal haya sido la convocatoria de las Mesas de San Andr¨¦s. Ante esta situaci¨®n, la comunidad internacional debe exigir una investigaci¨®n independiente e imparcial sobre la masacre de campesinos, que depure las responsabilidades materiales e intelectuales de la misma, insistiendo a las autoridades mexicanas en el cumplimiento de los acuerdos de paz, cuyo contenido fundamental (respetoa los, derechos de propiedad y organizaci¨®n social de las comunidades ind¨ªgenas) coincide con el convenio n¨²mero 169 sobre Pueblos Ind¨ªgenas y Tribales de la OIT, del que M¨¦xico forma parte desde 1990.

Por su parte, a la Uni¨®n Europea le corresponde hacer algo m¨¢s que el oportuno comunicado de condena inicia? de los hechos. y proceder a la revisi¨®n del tratado de comercio preferencial suscrito con los Estados Unidos Mexicanos, por incumplimiento de la denominada "cl¨¢usula democr¨¢tica", precepto que M¨¦xico con gran insistencia, y casi con ¨¦xito, intent¨® excluir del contrato. Esta cl¨¢usula dice que "el respeto de los principios democr¨¢ticos y de los Derechos Humanos Fundamentales proclamados por la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos inspira las pr¨¢cticas internas y exteriores de ambas partes y constituye un elemento esencial de este acuerdo". El deterioro de los derechos humanos en M¨¦xico, visualizado en hechos como la matanza de Acteal, exige una respuesta europea que demuestre que el respeto a los derechos humanos no es una cl¨¢usula de estilo de sus tratados, sino el compromiso firme con su promoci¨®n y defensa.