Asimetr¨ªas

Hace ocho d¨ªas el Parlamento catal¨¢n aprob¨® por abrumadora mayor¨ªa la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica, que pretende armonizar el fomento del catal¨¢n con la protecci¨®n de los derechos de los castellanohablantes. Aunque los aspectos m¨¢s pol¨¦micos del articulado (relacionados con la disponibilidad ling¨¹¨ªstica oral en los establecimientos comerciales, la capacidad sancionadora de la Administraci¨®n y el etiquetado de mercanc¨ªas) fueron suprimidos o dulcificados gracias a los socialistas, tanto el PP como ERC, animados por l¨®gicas opuestas al votar en contra del proyecto, han quedado voluntariamente marginados del acuerdo.Los populares no s¨®lo se opusieron en el Parlamento de Barcelona. Desde Madrid, Cascos tambi¨¦n critic¨® acerbamente la ley el mismo d¨ªa de su aprobaci¨®n: "Su planteamiento y concepci¨®n es contrario al esp¨ªritu de libertad y de convivencia que debe presidir las reglas de juego ling¨¹¨ªsticas en una comunidad biling¨¹e". El presidente de la Generalidad replic¨® calificando de "temerarias". y "poco afortunadas" las declaraciones del vicepresidente primero del Gobierno. Pero tanto el PP como CiU han restado importancia al desacuerdo a fin de calmar las aguas antes de la pr¨®xima reuni¨®n entre Aznar y Pujol, de la que depender¨¢ en buena medida la prolongaci¨®n del pacto de gobernabilidad hasta 1999. En cualquier caso, no es f¨¢cil de entender que el Gobierno encargue a Cascos (conocida su tosquedad al hacer declaraciones a bote pronto sobre veredictos judiciales, detenciones de etarras, deudas tributar¨ªas, parricidios o pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica) el lanzamiento de los penaltis: aunque el vicepresidente chuta con violencia, siempre tira el bal¨®n a las gradas o lo estrella en el larguero.

Todas las fuerzas pol¨ªticas catalanas dicen desear el biling¨¹ismo de una sociedad que lo practica de forma espont¨¢nea en la vida cotidiana. Pero los partidos discrepan respecto a los medios para conseguir ese objetivo aparentemente com¨²n, tienen visiones diferentes acerca de la vigencia real del biling¨¹ismo en la sociedad catalana y formulan pron¨®sticos distintos sobre los riesgos implicados, las consecuencias no deseadas y los resultados objetivamente inevitables de las pol¨ªticas aplicadas. La nueva ley descansa sobre el supuesto -emp¨ªricamente comprobable- de que la actual situaci¨®n es favorable al castellano, entendido y hablado por toda la poblaci¨®n de Catalu?a y amparado por el deber de conocerlo impuesto a todos los ciudadanos por el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n. La exposici¨®n de motivos sostiene que las causas de la "situaci¨®n precaria" del catal¨¢n (una lengua no hablada todav¨ªa por un porcentaje significativo de los residentes en Catalu?a) son tanto "la persecuci¨®n pol¨ªtica y la imposici¨®n legal del castellano durante m¨¢s de dos siglos y medio" como "las condiciones pol¨ªticas y socioecon¨®micas" que sirvieron de marco, a la inmigraci¨®n castellanohablante durante las ¨²ltimas d¨¦cadas. Seg¨²n tal razonamiento, la ¨²nica v¨ªa para equilibrar ese biling¨¹¨ªsmo asim¨¦trico beneficioso para el castellano (una lengua hablada por 400 millones de personas en todo el mundo y abrumadoramente dominante en los medios de comunicaci¨®n de Catalu?a) es una estrategia de discriminaci¨®n positiva del catal¨¢n en los campos de la educaci¨®n, los servicios p¨²blicos y la creaci¨®n cultural.

Aunque la ley garantiza un 11 respeto escrupuloso" a los "derechos ling¨¹¨ªsticos de todos los ciudadanos", las medidas de discriminaci¨®n positiva en favor de un sector de la poblaci¨®n implican l¨®gicamente el recorte de las expectativas de aquella otra parte de la sociedad excluida objetivamente de sus beneficios. Los eventuales abusos de esa pol¨ªtica de acci¨®n afirmativa, m¨¢xime cuando es aplicada -como en este caso- por sus beneficiarios, tendr¨ªa el catastr¨®fico resultado de dar verosimilitud a los maliciosos juicios de intenciones que atribuyen suspicazmente a la nueva ley el prop¨®sito emboscado y la meta oculta de imponer a la larga el monoling¨¹ismo a todos los catalanes.