La devoluci¨®n del patrimonio incautado a los partidos pol¨ªticos
Dicen que el Gobierno va a devolver a los partidos pol¨ªticos el patrimonio del que fueron privados con ocasi¨®n de la guerra civil, por fortuna ya, tan lejana. Santo y bueno, pues as¨ª se consumar¨¢ una reparaci¨®n hist¨®rica inexplicablemente dilatada durante tantos a?os. Jur¨ªdicamente, la cuesti¨®n no puede ser m¨¢s clara: la ley de 9 de febrero de 1939 -confirmando y ampliando decretos anteriores declar¨® "fuera de la ley" a una larga serie de partidos, agrupaciones y organizaciones, ordenando "la p¨¦rdida total de sus bienes (que) pasar¨¢n ¨ªntegramente a ser de propiedad del Estado"; mientras que la orden de 9 de junio de 1943 estableci¨® su venta por subasta. Por lo mismo, una vez vueltos a la legalidad con la recuperaci¨®n de la democracia, era l¨®gico, al parecer, que se les devolviese lo incautado o, en el supuesto de enajenaciones irreversibles, se les indemnizara con su valor.No es la primera vez, que el Estado espa?ol comete semejantes tropel¨ªas que hoy prohibe solemnemente el art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n. Pensemos, por ejemplo, en las famosas desamortizaciones decimon¨®nicas, de las que pueden obtenerse lecciones de indudable actualidad. Pensemos, en concreto, en la desamortizaci¨®n eclesi¨¢stica. Un d¨ªa, como se recordar¨¢, decidi¨® el Estado apoderarse de los bienes de las ¨®rdenes religiosas regulares ordenando su venta y una noche (en Madrid, de enero y bien fr¨ªa, por m¨¢s se?as) se puso -en la calle a todos los frailes, al menos a los que hab¨ªan sobrevivido a las matanzas anteriores y no hab¨ªan podido escapar y esconderse a tiempo. Las similitudes entre ambos acontecimientos -el de 1835 y el de 1939- saltan a la vista en su aspecto patrimonial, ya que los asesinatos de frailes del siglo pasado fueron mucho menos frecuentes que los de los miembros de los partidos pol¨ªticos justo cien a?os despu¨¦s. Los parentescos no acaban, sin embargo, aqu¨ª.
Mendiz¨¢bal y los desamortizadores fueron conscientes de que no se pod¨ªa dejar morir de hambre, faltos de recursos, a los frailes exclaustrados, por lo que se les concedi¨® una modesta pensi¨®n de supervivencia de unos pocos reales diarios. Nuestros gobiernos democr¨¢ticos han concedido ahora igualmente a los partidos unas subvenciones que, sin llegar a la abundancia, les permiten sobrevivir honestamente. En uno y otro caso se mantiene, pues, cierto equilibrio que hoy, sin embargo, est¨¢ a punto de romperse con el anuncio de la devoluci¨®n de las incautaciones.
El Estado, con Constituci¨®n o sin ella, expolia cuando se le antoja los bienes de los ciudadanos; pero a veces siente escr¨²pulos y ayuda a los despojados con un subsidio para que vayan tirando. La actual ley de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos es coherente, por tanto, con las pensiones frailunas del pasado. En cambio, las anunciadas intenciones del Gobierno Aznar (que aqu¨ª se denuncian) son in¨¦ditas y rompen con todas las tradiciones conocidas. Porque, si ntes era: o el patrimonio o la pensi¨®n, ahora es la ayuda y adem¨¢s el patrimonio. El equilibrio se ha roto, en consecuencia, dado que los partidos pol¨ªticos recuperan su patrimonio, pero no renuncian (no les hacen renunciar) a las subvenciones y terminan cobrando con las dos manos.
El negocio, como se ve, es redondo; m¨¢s el precedente puede ser terrible porque, por la misma regla, si esto sigue pronto tendremos a los frailes, curas, ayuntamientos y logias mas¨®nicas llamando a las puertas de la Administraci¨®n para pedir lo mismo y con id¨¦ntico derecho. Puestos a devolver, ?por qu¨¦ a unos s¨ª y a otros no? Puestos a indemnizar por el valor de los bienes que no se pueden devolver, ?por qu¨¦ no por las vidas de los fusilados y desaparecid¨®s y por los padecimientos de los encarcelados y emigrados? Puestos a hacer justicia, h¨¢gase con todos y, si hoy se paga a los partidos que perdieron sus bienes, ?por qu¨¦ no a los militantes que perdieron su vida, as¨ª como a los que perdieron la libertad o el trabajo?
Hay que ser, en verdad, temerarios, provocadores o muy inconscientes para al cabo de sesenta a?os atreverse a destapar una fosa tan siniestra. Porque de ella pueden salir demasiados espectros. Y hay que tener demasiada desfachatez para s¨®lo permitir la salida de unos cuantos amigos a trav¨¦s de una rendija arbitraria. A los viejos militantes de los viejos partidoso les duelen tanto los inmuebles incautados como las idas sacrificadas los a?os de c¨¢rceles, emigraci¨®n y discriminaci¨®n laboral. Justicia ser¨¢ posiblemente de los partidos; pero harto sospechosa. Ya es casualidad, en efecto, que en los mismos meses -y al filo de sentencias que los enlodan- se pongan en marcha proyectos de refinanciaci¨®n estatal y de indemnizaciones tra¨ªdas por los pelos. Si se pretende que noscoloquemos otra vez en 1939 yque hagamos cuentas, podemosintentarlo, pero sabiendo que tendremos que remover muchos asuntos olvidados, reabrir anchas heridas, quiz¨¢s dividir de nuevo al pa¨ªs y, en todo caso, sobrecoger al contribuyente.
Con todas estas noticias y anuncios, el contribuyente est¨¢ aterrado al comprobar que de sus bolsillos tienen que salir todas estas turbias partidas de extorsiones, subvenciones e indemnizaciones. Y eso que ignora lo que viene, puesto que todav¨ªa falta lo peor: un descarado tributo especial para la financiaci¨®n complementaria de los partidos. Lo que no ha de tardar mucho si Dios y la conciencia ciudadana no lo remedian y llegan a tiempo de frustrar lo que se est¨¢ cociendo y ya huele. De momento, adelanto que el primer paso va a ser una nueva casilla en los impresos de la declaraci¨®n anual de la renta en la que se dar¨¢ al contribuyente la oportunidad de escoger entre partidos pol¨ªticos, iglesias y otras organizaciones. Un primer paso -aplaudir¨¢n algunos- para resolver de una vez la financiaci¨®n legal de los partidos pol¨ªticos. Pero ?y despu¨¦s? Porque no es dif¨ªcil contentar a los insaciables y a quienes pueden autodeterminar desde el Poder sus propios ingresos a costa de los dem¨¢s.
Conf¨ªo, por otra parte, que nadie intentar¨¢ justificar la maniobra con la invocaci¨®n del art¨ªculo sexto de la Constituci¨®n, donde se reconoce -como es sabido y nadie discute- que los partidos pol¨ªticos "son instrumentos fundamentales para la participaci¨®n pol¨ªtica". Esto es cierto, pero no menos cierto es que la devoluci¨®n proyectada no se basa en tan excelsa funci¨®n democr¨¢tica, sino en algo tan modesto como un derecho pret¨¦rito de propiedad. Porque es el caso que todos los partidos representan el mismo papel constitucional y, sin embargo, s¨®lo unos pocos van a beneficiarse de las devoluciones, y no precisamente los m¨¢s democr¨¢ticos o los m¨¢s participativos, sino los que en 1936 ten¨ªan unos bienes que les fueron incautados. En consecuencia, inevitablemente se abre un nuevo frente de desigualdades, ya que, siendo todos igualmente necesarios y ¨²tiles para el proceso electoral, unos van a cobrar y otros no.
Enhorabuena, en definitiva, si se les quiere subir la pensi¨®n, eximirles del IVA y hasta perdonarles los ingresos percibidos a trav¨¦s de Filesa y similares; pero nada m¨¢s peligroso, m¨¢s provocador ni m¨¢s hip¨®crita que la medida que se est¨¢ fraguando.
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