Las autonom¨ªas logran el respeto a su singularidad, y los sindicatos, el reconomiento de la negociacion colectiva

El Gobierno ha conseguido el apoyo de las comunidades aut¨®nomas y los sindicatos al nuevo Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica por la v¨ªa de la flexibilizaci¨®n de sus posiciones. Las comunidades han visto reconocida su singularidad. "El sistema que se propone es homog¨¦neo, pero no uniforme", se?alan fuentes del Ministerio de Administraciones P¨²blicas (MAP). La creaci¨®n de la Conferencia Sectorial de la Administraci¨®n P¨²blica, que instaura el nuevo Estatuto, garantiza la coordinaci¨®n entre las comunidades aut¨®nomas. Pero cada una de ellas dispondr¨¢ de su propia reglamentaci¨®n, con lo que no habr¨¢, por ejemplo, igualdad de salarios entre funcionarios de las mismas categor¨ªas en las distintas administraciones.

Los sindicatos han conseguido, por su parte, un reconocimiento m¨¢s claro, de la negociaci¨®n colectiva. Esta est¨¢ reconocida formalmente en la Administraci¨®n desde 1987, en tiempos del Gobierno socialista, pero sometida a numerosas trabas formales que imped¨ªan su materializaci¨®n, seg¨²n el MAP.

Algunas de las trabas se han levantado. Antes la negociaci¨®n colectiva no ten¨ªa eficacia directa porque su cumplimiento no era obligatorio y necesitaba pasar por sucesivas pruebas: el Consejo de Ministros y sucesivos tr¨¢mites reglamentarios. "Generalmente, los acuerdos quedaban paralizados en ese proceso", se?alan fuentes del MAP.

Seg¨²n el Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica, los acuerdos entre Administraci¨®n y sindicatos obligan a aqu¨¦lla a cumplirlos. Las excepciones proceden de aquellos acuerdos que dependen del Parlamento y no del Consejo de Ministros. La otra limitaci¨®n procede del campo de las competencias. Las cuestiones que afectan a la gesti¨®n son de obligado cumplimiento y las referentes al modelo tienen reserva de ley. El Estatuto tambi¨¦n plantea la f¨®rmula del arbitraje para solucionar los conflictos, algunos de los cuales llevan hasta cuatro o cinco a?os atascados.