El interventor de Guadalajara advirti¨® sobre la contabilidad

Jos¨¦ Villalgordo, interventor de la Diputaci¨®n de Guadalajara, imputado junto a Francisco Tomey en un presunto delito de falsedad en documento p¨²blico por la ocultaci¨®n de un d¨¦ficit de 3.500 millones en los presupuestos de la corporaci¨®n, advirti¨® en varias ocasiones a los responsables del organismo que era conveniente cambiar los criterios de previsi¨®n de ingresos. Villagordo aconsej¨® dejar de incluir en los presupuestos partidas de dudoso cobro, seg¨²n asegura su abogado, Pedro Mart¨ªnez. "Pese a ¨¦sas advertencias, ¨¦l nunca tuvo conciencia de estar cometiendo delito alguno", a?ade el letrado.Para la fiscal jefe de Guadalajara, Tomey y el interventor son responsables de la incorporaci¨®n "ficticia" de 3.574 millones de pesetas en las liquidaciones de los presupuestos. El estado de Villalgordo, ingresado por enfermedad en una cl¨ªnica madrile?a, es muy grave. El funcionario prest¨® declaraci¨®n ante la fiscal Mar¨ªa Angeles Garc¨ªa los pasados 16 de septiembre y 22 de diciembre. En ambas comparecencias defendi¨® su inocencia y asegur¨® que "no ha existido perjuicio alguno para el contribuyente".

Defensa de Villalgordo

El escrito de defensa presentado por interventor, de 64 a?os, a la fiscal dice textualmente: "Es completamente err¨®neo que la existencia de estos restos por cobrar alteren los presupuestos porque en nada se relacionan con ellos. S¨ª afecta al resultado de la liquidaci¨®n y al vencimiento de la tesorer¨ªa que si no se utiliza para financiar nuevos gastos, tampoco producir¨¢ efectos de ning¨²n tipo sobre el desarrollo de la actividad de la entidad ni frente a terceros".El interventor declar¨® a la fiscal que existen diferentes criterios en la elaboraci¨®n de un cap¨ªtulo de ingresos y que en el supuesto de que el criterio seguido en la Diputaci¨®n de Guadalajara no sea el correcto podr¨ªa adecuarse a lo que se?ala la ley. En este sentido destac¨® que la ley 13/96 da un plazo hasta el 31 de diciembre de 1998 para sanear los presupuestos y suprimir las partidas de dudoso cobro.

La diferencia entre la defensa de Villalgordo y el decreto de la fiscal radica en que esta ¨²ltima no habla de 3.500 millones de deudas d¨ªficiles de cobrar sino de deudas que, en su opini¨®n, jam¨¢s existieron. As¨ª, la fiscal se?ala en su acusaci¨®n: "Se han ocultado mediante apuntes contables mendaces un d¨¦ficit de m¨¢s de 3.500 millones( ... ) Se han incorporado a la liquidaci¨®n de los Presupuestos como pendientes de cobro cr¨¦ditos inexistentes o ficticios ( ... ) Es indudable que es de imposible cobro lo que no se debe".