El sexo de los ¨¢ngeles

PROSTITUCI?N INFANTIL, pornografia con participaci¨®n de menores, agresiones y abusos sexuales sobre ni?os, redes de pedarastia: la alarma suscitada por la reiteraci¨®n de noticias sobre asuntos como los citados motiv¨® meses atr¨¢s el pronunciamiento del Parlamento a favor de reformas legales que hicieran m¨¢s improbables tales pr¨¢cticas. Se consider¨® inadecuado, por ejemplo, que el delito de abusos sexuales se castigase en el nuevo C¨®digo Penal con multa y no con c¨¢rcel; sobre todo, por la desproporci¨®n entre ese castigo y los graves efectos ps¨ªquicos o de otro tipo que esos abusos ten¨ªan frecuentemente sobre las v¨ªctimas. Hab¨ªa, por tanto, un problema social con una dimensi¨®n legal. Pero la respuesta del Gobierno ha resultado fallida.Su anteproyecto de reforma del C¨®digo en materia de delitos sexuales yerra por falta de contenci¨®n: en lugar de establecer escuetamente los delitos sexuales que afecten a los menores, reforzando la pena cuando sea necesario, se interna en territorios que tienen que ver con la libertad individual y exagera la nota reglamentista. Da la impresi¨®n de que alguien ha pretendido aprovechar la emoci¨®n popular suscitada por algunos esc¨¢ndalos recientes -redes de pederastia con implicaciones criminales- para colar en el mismo paquete ciertos prejuicios ideol¨®gicos -o simples obsesiones- sobre la sexualidad.

Es significativo que hasta los aliados nacionalistas hayan tenido inter¨¦s en distanciarse de la propuesta total (PNV) o parcialmente (CiU, CC). Un Gobierno que se proclama campe¨®n del liberalismo en lo econ¨®mico ha resultado, sin embargo, marcadamente intervencionista en otros terrenos, como el de los medios de comunicaci¨®n o el de las costumbres. Ya ocurri¨®, poco despu¨¦s de la llegada de Aznar a La Moncloa, con aquella iniciativa, luego abandonada, para controlar los contenidos de los medios audiovisuales: a fin de evitamos peligros diversos para la salud f¨ªsica o moral, se propon¨ªa una especie de censura preventiva sobre im¨¢genes "indecentes, obscenas y violentas".

Es cierto que algunas descalificaciones del anteproyecto han sido demag¨®gicas, pero es la propia redacci¨®n del texto lo que favorece tales exageraciones. Lo m¨¢s inquietante es la resurrecci¨®n del impreciso delito de corrupci¨®n de menores, desaparecido del C¨®digo de 1995 precisamente por prestarse a aplicaciones abusivas. El texto presentado por el Gobierno establece penas de hasta cuatro a?os de prisi¨®n por "iniciar o mantener a los menores en una vida sexual precoz o prematura". Atribuir a los jueces competencia para decidir qu¨¦ es precocidad sexual o iniciaci¨®n prematura en el sexo se presta a las mayores arbitrariedades, y a que prejuicios ideol¨®gicos o religiosos contaminen la aplicaci¨®n de la ley.

El anteproyecto tambi¨¦n considera delictivos los actos de naturaleza sexual "cuya intensidad, persistencia o continuidad puedan alterar el proceso normal de formaci¨®n o desarrollo de la personalidad" de los menores. Es cierto que ah¨ª est¨¢ el problema principal, porque la libertad sexual de los adolescentes queda frecuentemente anulada frente a la capacidad de fascinaci¨®n de adultos sin escr¨²pulos. Pero no es evidente que sea en el ¨¢mbito penal donde deba resolverse. Especialmente cuando la soluci¨®n es esa absurda reglamentaci¨®n que establece como inv¨¢lido el consentimiento para la libre sexualidad de los menores de 15 a?os en su relaci¨®n con mayores de 18. Como se ha hecho notar reiteradamente, eso significa que una relaci¨®n entre adolescentes de 17 y 15 a?os se convertir¨ªa en delictiva al cumplir los 18 el mayor de la pareja.

El propio Gobiemo ha admitido que el texto es defectuoso y ha anunciado modificaciones, como la de situar en los 13, y no en los 15, la edad m¨ªnima para dar consentimiento v¨¢lido a la relaci¨®n sexual. Como advirtieron los aliados del Gobierno, hay otros aspectos del texto que deben ser modificados en el tr¨¢mite parlamentario para que la ley cumpla sus objetivos sin deslizarse hacia la intolerancia. Por ejemplo, en relaci¨®n a la asistencia a espect¨¢culos o posesi¨®n de material pornogr¨¢fico en que aparezcan menores. Porque una cosa es penar las agresiones contra la libertad sexual y otra tratar de imponer una determinada moral sexual.