Educaci¨®n deber¨¢ pagar los atrasos a los profesores de religi¨®n cat¨®lica

La Audiencia Nacional, en una sentencia del 29 de enero pasado, hecha p¨²blica el 13 de febrero, ha estimado la demanda que presentaron 292 profesores de Religi¨®n cat¨®lica de educaci¨®n primaria contra el ministerio de Educaci¨®n y Cultura, acus¨¢ndole de incumplir el convenio econ¨®mico firmado por la Conferencia Episcopal Espa?ola con los Ministerios de Educaci¨®n y de Justicia en 1993.Dicho convenio, recogido en una orden ministerial de 13 de septiembre de 1993, estipulaba que las personas encargadas de la ense?anza de la religi¨®n cat¨®lica en los centros p¨²blicos ser¨ªan equiparadas a los profesores interinos del mismo nivel, de forma progresiva, a lo largo de un periodo de cinco a?os.

El convenio fijaba incluso el porcentaje preciso en el que deb¨ªa aumentar la remuneraci¨®n econ¨®mica de dichos profesores; 20% en 1994, 25% en 1995, 25% en 1996, 20% en 1997 y 10% en 1998. Pero, tras cumplirse el tercer a?o de aplicaci¨®n del mismo, el ministerio hab¨ªa incumplido el acuerdo alegando falta de recursos. La sentencia condena al Gobierno a pagar las cantidades debidas de estos tres a?os m¨¢s los intereses correspondientes, "sin que ante esta obligaci¨®n puedan prosperar las afirmaciones sobre restricciones presupuestarias".

Los vicarios y delegados diocesanos de Ense?anza denunciaron ayer la situaci¨®n en que se encuentran 8.610 profesores de Religi¨®n Cat¨®lica que no son funcionarios y que perciben el 40% de los docentes de otras ¨¢reas, y emitieron un comunicado en el que "urgen" a la Administraci¨®n P¨²blica a que cumpla la citada orden ministerial que regula la situaci¨®n laboral de estos profesores. "Es inadmisible en un estado de derecho que un convenio p¨²blico no se cumpla por el mismo Estado que lo firm¨®", aseguran.

Falta de presupuesto

"Nos parece grav¨ªsimo", dicen los vicarios y delegados, "que estos profesores est¨¦n tan mal retribu¨ªdos, invocando para ello la falta de presupuesto para justificar el incumplimiento del mismo", y citan la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, as¨ª como otra del Tribunal Supremo del a?o 1978 y, tambi¨¦n, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1996, ya cumplida por la misma Administraci¨®n, sobre una demanda de 36 profesores de Murcia, en cuyo fallo se exige que el Estado incluya en sus presupuestos la dotaci¨®n necesaria para cumplir este derecho de los profesores a una retribuci¨®n igual a los profesores interinos del Estado."Es insostenible", manifiesta el comunicado de los vicarios y delegados, "que estos profesores y profesoras que desempe?an su funci¨®n en un estamento p¨²blico y designados por una autoridad p¨²blica no tengan ning¨²n tipo de Seguridad Social y se encuentren desamparados en sus m¨ªnimos derechos".