Una denuncia del PSOE puso en marcha la investigaci¨®n

La investigaci¨®n del caso Tomey se inici¨® a ra¨ªz de una denuncia presentada por Jes¨²s Alique, diputado y portavoz del grupo socialista en la Diputaci¨®n de Guadalajara, donde gobierna el PP. El escrito se present¨® en un juzgado el pasado 13 de junio y en el mismo se aseguraba que 3.500 millones de pesetas podr¨ªan haber sido incorporados ficticiamente a los presupuestos de la corporaci¨®n -de los a?os 1991 a 1996- como pendientes de cobro cuando no exist¨ªa cantidad alguna por ese concepto.Mar¨ªa Angeles Garc¨ªa, fiscal jefe de Guadalajara, comenz¨® su investigaci¨®n tras descartar que la denuncia persiguiera ¨²nicamente "una mera operaci¨®n de desgaste y descr¨¦dito del adversario pol¨ªtico". Durante seis meses, la fiscal acopi¨® documentaci¨®n y tom¨® declaraci¨®n, por escrito, a Francisco Tomey, presidente de la Diputaci¨®n, y a Jos¨¦ Villalgordo, interventor de la corporaci¨®n. Les solicit¨® a ambos que aportaran la justificaci¨®n de esas supuestas deudas, pero no consiguieron acreditarla.

"Alteraci¨®n pertinaz"

El 28 de enero, la fiscal de Guadalajara firm¨® un decreto en el que elevaba sus diligencias de investigaci¨®n criminal al fiscal del Estado, Jes¨²s Cardenal, ante la existencia de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial del que "veros¨ªmilmente" son autores Tomey y Villalgordo. En el mismo aseguraba que hubo "una alteraci¨®n pertinaz" de los presupuestos y no "un error contable".Villalgordo, que falleci¨® el d¨ªa 14 a los 64 a?os, advirti¨® en varias ocasiones a los responsables del organismo que era conveniente cambiar los criterios de previsi¨®n de ingresos. Aconsej¨® tambi¨¦n dejar de incluir en los presupuestos partidas de dudoso cobro, seg¨²n su abogado, Pedro Mart¨ªnez. "Pese a esas advertencias, ¨¦l nunca tuvo conciencia de estar cometiendo delito alguno", asegura el letrado. En su escrito de defensa, Villalgordo indicaba que "la existencia de esos restos por cobrar" no supone la alteraci¨®n de los presupuestos "porque en nada se relacionan con ellos". El Tribunal de Cuentas investiga los mismos hechos.

La corredur¨ªa de seguros Proases, cuyo principal accionista es el hermano de Tomey (vicepresidente de la FEMP adem¨¢s de presidente de la Diputaci¨®n), tiene adjudicada la administraci¨®n, gesti¨®n y desarrollo del servicio de riesgos de la agrupaci¨®n de ayuntamientos. El contrato entre Proases y la FEMP se firm¨® en 1989, cuando Tomey era vicepresidente de la empresa y su esposa y dos hermanos los principales accionistas. Proases gestiona primas por 3.800 millones de pesetas contratadas por mil corporaciones locales.