La exclusi¨®n de medicamentos: ?qui¨¦n defiende a los pacientes?

Personalmente, ni me gustaron ni me gustan los apelativos-arma arrojadiza que el aparato de propaganda del se?or Aznar, entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, utiliz¨® en 1993 ("medicamentazo"); en consecuencia, me cuesta utilizar alg¨²n otro apelativo equivalente en mis intervenciones, sean p¨²blicas o privadas. Pero, cualquiera que sea la denominaci¨®n que cada cual utilice, es claro que poco tienen que ver las iniciativas de uso racional del medicamento, que consensuamos en el exclusivo ¨¢mbito sanitario y desarrollamos cuando tuvimos la responsabilidad de gobernar, con las iniciativas actuales del Gobierno que, a casi todos, nos tienen perplejos, tanto por su contenido como por la falta de sinton¨ªa entre sus osadas proclamas de entonces ("No es de recibo que haya pensionistas sin derecho a medicinas gratuitas", Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, 20 de abril de 1994, Agencia EFE) y la cruda realidad de sus propuestas, actuaciones y acuerdos.Los responsables del Gobierno y, espec¨ªficamente, el ministro de Sanidad y sus colaboradores, parecen empe?ados cada d¨ªa en perfeccionar una rara habilidad: la centrifugaci¨®n de responsabilidades hacia otros actores del presente -comunidades aut¨®nomas, m¨¦dicos, pacientes, industria farmac¨¦utica- o del pasado: "ustedes lo hicieron antes". Sus iniciativas, en casi todas las ocasiones, manifiestan una amnesia parcial: me olvido de pronunciamientos anteriores y me enroco en un supuesto continuismo, que s¨®lo evidencia que no se atreven a contarlos su verdadera pol¨ªtica, aunque no puedan, en todas las ocasiones, evitar ramalazos que indican de forma clara sus intenciones.

Debemos tener en cuenta que, en esta cuesti¨®n, tan importante es el contenido de la lista en s¨ª como las pautas que han seguido para su elaboraci¨®n y los acuerdos ya suscritos para su aplicaci¨®n, pues estos tres aspectos dan una idea del verdadero objetivo del Gobierno: recortar el gasto sanitario para que le cuadren las cuentas de la lechera del acuerdo de financiaci¨®n.

En la presentaci¨®n a bombo y platillo de dicho acuerdo, se pintaron falazmente 180.000 millones de pesetas m¨¢s de financiaci¨®n sobre el sistema anterior, cuando en realidad se incrementaba la financiaci¨®n sanitaria en 52.000 millones. Para ello hab¨ªa que recortar en farmacia 65.000 millones por a?o, y ¨¦se es el punto de partida. No es que se utilice mejor el medicamento y de ello se deriven ahorros, sino que, pura y simplemente, se recortan prestaciones para lograr la cifra proclamada.

Es comprensible la posici¨®n de los responsables de los servicios de Salud de la Comunidad Aut¨®noma de Andaluc¨ªa, que simplemente plantean un "no, gracias" a un ahorro que recae sobre los bolsillos de sus ciudadanos. La supuesta mayor capacidad de gasto que el servicio de Salud deber¨ªa tener, no debe ser a costa de que los pensionistas y trabajadores tengan que pagar de sus percepciones mensuales, en muchos casos insuficientes, los supuestos ahorros tan anunciados por los responsables del Gobierno.

La cuesti¨®n no se queda ah¨ª, sino que los propios pacientes, en virtud de lo acordado entre el ministro de Sanidad y Consumo y la industria farmac¨¦utica, deber¨¢n compensar las menores ventas de los laboratorios mediante el mecanismo de declarar precios libres para los m¨¦dicamentos excluidos y la promesa ratificada de que el Ministerio de Sanidad y Consumo propondr¨¢ incrementos de precios para compensar el "esfuerzo de la industria farmac¨¦utica" (punto n¨²mero 8 del acuerdo suscrito entre Farmaindustria y el se?or ministro de Sanidad y Consumo, el 19 de enero de 1998).

En definitiva, el ministro de Sanidad y Consumo se ocupar¨¢ de que le salgan las cuentas al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, promotor de las medidas, y a los laboratorios, pero a costa del ¨²nico pagano de esta historia: los pacientes.

No es extra?o que, una vez constatada la enorme preocupaci¨®n de los ciudadanos y el impacto en la opini¨®n p¨²blica, los responsables sanitarios hayan intentado introducir en el debate conceptos como los de uso racional del medicamento y eficacia terap¨¦utica, entre otros, tratando de reconducir lo que fue una iniciativa meramente econ¨®mica, promovida por el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda y gestada a espaldas de instituciones, ciudadanos y pacientes, con la ¨²nica colaboraci¨®n de la industria. El resultado no es casual, s¨®lo hay que preguntarse: ?qui¨¦n paga?

El gasto farmac¨¦utico seguir¨¢ en Espa?a m¨¢s elevado en porcentaje que en el resto de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, pero aumentar¨¢ la financiaci¨®n privada de este gasto.

A diferencia de la lista negativa de medicamentos de 1993, en la que participaron todos los interesados -las comunidades aut¨®nomas, a trav¨¦s del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y los expertos, colegios profesionales, sindicatos y asociaciones de consumidores y, usuarios-, el Gobierno ha excluido a todos estos actores. Y lo ha hecho de dos formas:

1. Ha incumplido el Acuerdo de Financiaci¨®n de la Sanidad, en el que exist¨ªa el compromiso de que ser¨ªan consultadas las medidas de racionalizaci¨®n del gasto farmac¨¦utico con las comunidades aut¨®nomas.

2. Ha restado competencias a la Comisi¨®n de Uso Racional del Medicamento -en la que est¨¢n representados todos los interesados- en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos Generales del Estado.

Como se ha podido observar por las reacciones de las comunidades aut¨®nomas -no s¨®lo las gobernadas por el PSOE- y de los colectivos profesionales y de usuarios, no es posible desarrollar una pol¨ªtica de uso racional del medicamento sin contar con la participaci¨®n de todos los interesados. Esta forma de operar puede explicar algunos graves problemas de la lista, que han sido explicados por los expertos y las sociedades cient¨ªficas:

1. Al excluir grupos completos, no deja ninguna alternativa a los m¨¦dicos para prescribir medicamentos que son seguros y eficaces.

2. Se excluyen medicamentos necesarios para alg¨²n tipo de exploraci¨®n (por ejemplo: laxantes dr¨¢sticos para preparaci¨®n radiol¨®gica).

3. El Gobierno ampara su decisi¨®n en que los medicamentos son para s¨ªntomas menores, pero algunos de estos s¨ªntomas pueden tener extraordinaria importancia para la calidad de vida, principalmente de los ancianos con enfermedades cr¨®nicas.

El pacto con el Ministerio de Sanidad y Consumo limita el esfuerzo de la industria farmac¨¦utica. El propio acuerdo con dicha industria prev¨¦ que el ahorro que se derive de medidas de racionalizaci¨®n del gasto, como la introducci¨®n de gen¨¦ricos o el establecimiento de precios de referencia, se detraer¨¢ de la cantidad pactada. En otras palabras: si el Ministerio de Sanidad y Consumo cumple con la pol¨ªtica que ha comprometido desarrollar ante el Parlamento, el esfuerzo adicional de la industria farmac¨¦utica ser¨¢ nulo. Sorprende escuchar a diputados del partido del Gobierno haci¨¦ndose eco de las bondades de una pol¨ªtica de gen¨¦ricos a la que desde el Ministerio de Sanidad s¨®lo se le ponen trabas. Esta vez, descontando a priori los beneficios que pueda producir.

Ante todo este conjunto de acuerdos, actuaciones e intenciones, cada instancia deber¨¢ responsabilizarse de su aut¨¦ntico papel y cometido. Es l¨®gico que la industria farmac¨¦utica, a trav¨¦s de su patronal, defienda a sus laboratorios asociados, y no es censurable que lo haga con inteligencia; despu¨¦s de todo, ¨¦se es su papel. Ahora bien, lo que de ninguna manera puede admitirse es que el otro lado de la mesa de negociaci¨®n, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en vez de defender a los ciudadanos, sean activos o pensionistas, haga una absoluta dejaci¨®n de sus deberes y coadyuve con descaro a conseguir objetivos sectoriales de los responsables econ¨®micos del Gobierno o de la industria, a costa de se?alar qui¨¦n debe soportar la carga: los pacientes. A su vez, qu¨¦ curioso, se da un paso m¨¢s en la implantaci¨®n del modelo al que no han renunciado: la precarizaci¨®n del sistema sanitario p¨²blico y, en paralelo, la potenciaci¨®n del sector privado, mediante la retirada paulatina de las prestaciones financiadas con la solidaridad de todos los espa?oles y la apelaci¨®n, en este caso, poco disimulada, al bolsillo de cada cual. Todav¨ªa hay quien se extra?a de que a esto se le llame privatizar.

Mar¨ªa ?ngeles Amador Mill¨¢n es ex ministra de Sanidad y diputada del PSOE por Segovia.