Un impuesto m¨¢s justo

Dando cumplimiento a sus compromisos electorales, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular afrontan, en el actual periodo de sesiones parlamentarias, el importante reto de una reforma en profundidad del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas.Se trata de una reforma a todas luces necesaria, y que ya hab¨ªa sido reclamada por numerosas voces autorizadas. En su regulaci¨®n actual, el IRPF no responde adecuadamente a los objetivos de la pol¨ªtica econ¨®mica, y resulta un impuesto injusto, pues no atiende a la capacidad econ¨®mica real de los contribuyentes, entre otras razones porque ignora la disminuci¨®n de capacidad econ¨®mica que para el perceptor de una renta supone el mantenimiento de una familia o de unas circunstancias personales m¨¢s complicadas.

Son significativos los resultados de las encuestas del Centro de investigaci¨®nes Sociol¨®gicas acerca del nivel de aceptaci¨®n del sistema fiscal. Adem¨¢s de que un 63,4% de los ciudadanos consideran que los impuestos en Espa?a son muy elevados, m¨¢s de un 72% de los encuestados opinan tambi¨¦n que son injustos, mientras que s¨®lo un 16% entienden que son justos, es decir, que pagan m¨¢s quienes m¨¢s tienen.

Una valoraci¨®n negativa tan mayoritaria no puede ser ignorada, y ha de conducir a una reflexi¨®n a fondo sobre el grado de equidad de nuestro sistema tributario, especialmente del IRPF, que contin¨²a siendo el impuesto que mayores ingresos aporta al erario p¨²blico, as¨ª como el que afecta a un mayor n¨²mero de ciudadanos, mayoritariamente a las clases medias, que son las que reciben n¨®minas y pagan por este impuesto con transparencia.

La reforma del IRPF que desea llevar a cabo el PP est¨¢ especialmente inspirada por el deseo de contribuir a un mejor cumplimiento del mandato constitucional contenido en el art¨ªculo 31.1 de nuestra Ley Fundamental, a tenor del cual los ciudadanos han de contribuir al sostenimiento de los gastos p¨²blicos "de acuerdo con su capacidad econ¨®mica".

Para ello, el nuevo impuesto tendr¨¢ en cuenta el distinto grado de disponibilidad que ofrece a cada contribuyente un mismo nivel de renta, en funci¨®n de las necesidades m¨ªnimas del contribuyente y de su familia,- valoradas de forma objetiva y conforme a criterios socialmente aceptados. Se incorporar¨¢ el concepto -acu?ado por el Tribunal Constitucional alem¨¢n- de "m¨ªnimo existencial", estableci¨¦ndose un m¨ªnimo familiar y personal, y dividi¨¦ndose la base imponible del impuesto entre renta discrecional y no discrecional. La renta no discrecional es aqu¨¦lla que, _atendiendo a las circunstancias personales y familiares, no debe ser objeto de gravamen.

Por expresarlo de forma gr¨¢fica, no tendr¨ªa sentido que el impuesto gravara igual a un ciudadano. con dos millones de renta sin cargas familiares que a un ciudadano con dos millones de renta y dos hijos. Ni ser¨ªa l¨®gico que una persona con dos millones de renta pagara lo mismo que un disminuido f¨ªsico que necesita un mayor volumen de gastos para vivir. Estas circunstancias ser¨¢n tenidas en cuenta en la nueva regulaci¨®n del impuesto para establecer la base a la que se aplique el tipo de gravamen y para establecer el m¨ªnimo exento.

Con el mismo objetivo de adecuar el impuesto a la capacidad econ¨®mica real de cada contribuyente, se hace preciso un nuevo tratamiento de las deducciones. Evitando dar un mejor tratamiento a las personas con mayor capacidad econ¨®mica y, por tanto, con posibilidad de decidir sus gastos por motivos fiscales.

Adem¨¢s, el nuevo impuesto debe mejorar el marco fiscal de los rendimientos del trabajo. Desde 1991, ¨²ltima revisi¨®n del IRPF, las rentas salariales han ido ganando peso en el impuesto y actualmente contribuye en m¨¢s del 80% a la base imponible global. Esta circunstancia sit¨²a al IRPF como un impuesto sobre las n¨®minas y donde ¨¦stas se encuentran especialmente discriminadas negativamente. Es voluntad del Partido Popular establecer un mejor trato para los contribuyentes que perciban sus rentas de una n¨®mina., a trav¨¦s del establecimiento de un porcentaje exenta de la misma. Por otro lado, la reforma debe conducir a una disminuci¨®n significativa de la presi¨®n fiscal, a trav¨¦s de una reducci¨®n importante, aunque gradual, de los tipos impositivos.

En primer lugar, se hace preciso bajar los tipos m¨¢s altos, pues, como ha dicho el Tribunal Constitucional alem¨¢n, no es razonable que el sector p¨²blico participe en las rentas adicionales generadas por cada individuo en mayor proporci¨®n, incluso, que el propio sujeto que con su esfuerzo o riesgo las genera. Ello significa que el tipo marginal m¨¢ximo del IRPF no debe superar en ning¨²n caso un tipo del 50%, algo, por cierto, en lo que estaba de acuerdo el anterior Gobierno, pero que no tuvo el coraje necesario para llevar a la pr¨¢ctica. El nuevo IRPF, sin embargo, no puede orientarse reduciendo significativamente los tipos en una sola direcci¨®n, esto es, los m¨¢s altos. El compromiso del Gobierno es llevar a cabo una modificaci¨®n que comporte una reducci¨®n global de la presi¨®n fiscal para todos y cada uno de los contribuyentes, y que incremente el n¨²mero de ciudadanos exentos del impuesto y exentos de la obligaci¨®n de declarar.

La determinaci¨®n de un m¨ªnimo familiar y personal, coincidente con el m¨ªnimo exento, mayor, y la exenci¨®n del cumplimiento de obligaciones formales para aquellos contribuyentes que s¨®lo tienen rentas de trabajo y de capital, procedentes de una cuenta corriente, debe producir que se reduzcan en algunos millones el n¨²mero de ciudadanos obligados a presentar declaraci¨®n de renta cada mes de junio. Ello simplificar¨¢ adem¨¢s notablemente la gesti¨®n del impuesto, y permitir¨¢ que la Administraci¨®n tributaria pueda dirigir en mayor medida sus energ¨ªas al control del fraude fiscal, que constituye tambi¨¦n una importante fuente de injusticias.

Estamos decididos, en suma, a dise?ar un impuesto sobre la renta m¨¢s justo. Nos encontramos ante una de las reformas legislativas m¨¢s importantes que se van a acometer durante la presente legislatura, que contribuir¨¢ sin duda a incrementar la confianza de los ciudadanos en la Hacienda p¨²blica, y a que cada ciudadano y ciudadana contribuya, a los gastos p¨²blicos seg¨²n su capacidad econ¨®mica real.