La justicia, acosada

Las reacciones p¨²blicas ante decisiones judiciales pueden ser, y de hecho son, en ocasiones, reticentes o contrarias. Los tribunales se deben guiar, como es su naturaleza, por la ley que aplican, algo as¨ª como la raz¨®n modernista, frente al voluntarismo, o puro sentimiento a veces, digamos posmodernista, que es lo que mueve gran parte de esas reacciones.En cuestiones penales, todo lo que rodea la actuaci¨®n judicial ha sido un producto de la raz¨®n, de las luces modernistas, en la medida en que se ha superado la barbarie premoderna en esta materia; y as¨ª es desde Beccaria, el introductor de la raz¨®n en asuntos de delitos y penas.

Sin embargo, ese esfuerzo de racionalidad que luce en todos los principios de la acci¨®n penal p¨²blica no siempre es bien servido por los jueces; pero, sobre todo, suele estar p¨¦simamente secundado por la opini¨®n, o por muchas opiniones que integran esa opini¨®n. La cual se enrarece con mil motivaciones, confesadas, inconfesadas o inconfesables, cuando los actos son de gran trascendencia pol¨ªtica.

Es lo que sucede con cualquier decisi¨®n que se produzca, por ejemplo, en los casos Filesa o GAL. Vayamos primero con lo de Filesa; ya algunos se escandalizan por el tercer grado concedido recientemente a personas condenadas en tal asunto, sin m¨¢s, sin conocer las motivaciones de la decisi¨®n que ha llevado a ese tercer grado. Y otras quieren presentarlo, con la misma falta de fundamento, como una especie de exoneraci¨®n de los condenados. Pero el tercer grado tiene su l¨®gica legal y judicial; la aplicaci¨®n de penas depende tambi¨¦n de los jueces, y hay que tener presente que, con penas menores, unos condenados pueden tener m¨¢s dificultades para obtener ese tercer grado, por muchas razones, por ejemplo, por su probabilidad o posibilidad de volver a cometer el delito por el que fueron condenados, lo que no depende tanto de la magnitud del delito, o su gravedad, como de la ocasi¨®n para repetir; hay delitos menos graves que otros, por ejemplo, en cuyos autores la repetici¨®n puede estar casi garantizada casi tanto como la no repetici¨®n en los segundos.

Pero lo que m¨¢s lama la atenci¨®n es el argumento de la desigualdad, a causa de la distinta autoridad penitenciaria que decide en casos de personas condenadas, digamos, a la vez. De manera que hacemos autonomismo, se distribuyen competencias antes centralizadas, y queremos que todo siga como antes, todos caf¨¦. Una manifestaci¨®n m¨¢s de ese criterio sacrosanto y no confesado: seamos cada vez m¨¢s aut¨®nomos, y a la vez m¨¢s iguales; la l¨®gica m¨¢s impoluta, como se ve.

Otro tanto sucede con la decisi¨®n de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de no tomar en consideraci¨®n la prescripci¨®n de los delitos hasta el momento de la vista oral. Tan racional (jur¨ªdicamente hablando) puede ser esta decisi¨®n como la contraria, seg¨²n las circunstancias de cada caso. Y precisamente porque el plazo de prescripci¨®n de un delito no es fijo, sino variable, seg¨²n el delito de que se trate; lo que se sabe con la sentencia, que es la que califica. Por ello mismo, hay supuestos en que tan claramente resulta que los delitos imputados o imputables est¨¢n prescritos, que es un abuso el juzgarlos, abuso que no es tan raro. Lo que no puede hacerse es tratar de suplantar estas razones que se derivan de las circunstancias de cada caso, con sus casi infinitos matices, por el prejuicio pol¨ªtico: la decisi¨®n del Tribunal como un severo acto pol¨ªtico en contra de ciertas personas o actitudes, o una especie de acto de benevolencia por permitir plantear la cuesti¨®n de prescripci¨®n en el juicio oral, cosa que no puede impedir. Por no hablar de quienes hubieran celebrado la decisi¨®n contraria como una especie de victoria (pol¨ªtica) de los procesados.

Estas actitudes est¨¢n haciendo un flaco servicio a nuestro sistema judicial y, con frecuencia, quiz¨¢ a los justiciables, que no estoy seguro de que no sufran, o puedan sufrir, en algunos casos perjuicios derivados de un exceso de atenci¨®n motivado por la forma en que se mira con microscopio cualquier decisi¨®n que los jueces toman. Pero el efecto desviado es de ida y vuelta. Si pol¨ªticos y medios de comunicaci¨®n quieren instrumentalizar a la justicia, acos¨¢ndola, algunos jueces y fiscales se toman cumplida venganza y tratan de instrumentar a pol¨ªticos y, sobre todo, medios de comunicaci¨®n. ?C¨®mo se entienden, si no, por ejemplo, las filtraciones que realizan a los medios, antes que a los justiciables? ?O es que tales filtraciones se producen por la propia virtud de lo filtrado, como aceite ca¨ªdo en tierra porosa?