El PP concluye que no hay corrupci¨®n en el 'caso Tomey' pero si "contabilidad indebida"

, El PP no ha encontrado ning¨²n indicio de "irregularidad", "corrupci¨®n" o "anomal¨ªa contable" en los casi 2.000 documentos que ha examinado sobre la gesti¨®n del senador Francisco Tomey al frente de la Diputaci¨®n de Guadalajara. El PP limita el caso Tomey a una cuesti¨®n de "contabilidad indebida" de muchos menos millones que los 3.500 se?alados por la fiscal que denunci¨® el asunto y sostiene que en todo momento se respet¨® la ley. El Tribunal Supremo, sin embargo, ha tramitado el suplicatorio de Tomey al encontrar indicios de delito de falsedad continuada. El PP reconoce que en ese agujero existen deudas sin justificaci¨®n, pero achaca ¨¦ste y los otros errores contables al interventor de la Diputaci¨®n, ya fallecido.

El investigador interno del PP sobre el caso Tomey, el diputado auton¨®mico de Castilla-La Mancha Pedro Peral, presentar¨¢ esta tarde los resultados de su mes y medio de trabajo al comit¨¦ ejecutivo regional del partido. Y ser¨¢ este comit¨¦ el que determinar¨¢ las responsabilidades pol¨ªticas de esa "contabilidad indebida". El informe exculpa a Tomey de todo acto irregular, y s¨®lo se admite que en los presupuestos escrutados de la Diputaci¨®n se observa la contabilidad de una serie de derechos que en su momento deb¨ªan de haberse dado de baja como tales "manteni¨¦ndolos indebidamente como pendientes de cobro", y tambi¨¦n otros que nunca deb¨ªan haberse considerado siquiera como tales.Pero esta pr¨¢ctica contable, que la oposici¨®n socialista en Guadalajara y la fiscal sit¨²an entre los a?os 1991 y 1996, procede, seg¨²n el investigador, de mucho antes y se justifica como algo habitual en muchos organismos provinciales. El autor del informe la achaca fundamentalmente a los criterios profesionales del interventor.

La investigaci¨®n del PP, medio centenar de folios que ayer a¨²n estaban en el proceso fren¨¦tico de perfilar sus detalles, fue remitida a la direcci¨®n del partido sin concluir el pasado viernes. La c¨²pula del partido, que al principio hab¨ªa demandado "rigor m¨¢s que rapidez", empezaba a estar apurada en los ¨²ltimos d¨ªas ante las interpretaciones del retraso de esta actuaci¨®n. Ayer mismo el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Jos¨¦ Bono, acusaba al presidente del Gobierno central y l¨ªder popular, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, de intentar tapar en este caso las responsabilidades que en su d¨ªa exigi¨® a los socialistas acusados de corrupci¨®n.

Este trabajo del PP le sirve para descartar oficialmente las palabras "corrupci¨®n", "delito" e "irregularidad", y muy posiblemente para obviar las responsabilidades pol¨ªticas de Tomey. El PP rechaza as¨ª la acusaci¨®n de la fiscal de un delito continuado de falsedad. Para el partido en el poder, en el caso Tomey "nadie se ha llevado una peseta".

Las conclusiones de esta investigaci¨®n s¨ª ratifican una actuaci¨®n negligente del anterior interventor de la Diputaci¨®n Provincial de Guadalajara, Jos¨¦ Villalgordo Rodr¨ªguez, imputado por la fiscal. Este asunto, denunciado por el PSOE de Guadalajara el pasado verano, estall¨® el pasado 7 de febrero, cuando se conoci¨® que la fiscal remit¨ªa su trabajo al Fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, al estar acusado Tomey, aforado por su condici¨®n de senador. El interventor Villalgordo falleci¨® seis d¨ªas despu¨¦s.

El testimonio del interventor

La muerte del interventor le ha dejado con una complicada defensa para rebatir estas acusaciones. Sin embargo, el propio interventor ya indic¨® cu¨¢l era su posici¨®n en las tres declaraciones que realiz¨® ante la fiscal y que constan en el voluminoso sumario que ahora indagar¨¢ el Tribunal Supremo. A la primera declaraci¨®n acudi¨® nervioso y la Fiscal posterg¨® para otra ocasi¨®n el interrogatorio. En la segunda se person¨® con abogado, y en la tercera aport¨® una declaraci¨®n escrita de 15 folios.El interventor reconoce en su testimonio que efectuaba ese tipo de contabilidad inflada desde 1987. Pero niega la pr¨¢ctica de incluir en los presupuestos participaciones no aseguradas del Estado y deudas de incierto cobro con el objetivo de aumentar la partida de ingresos y, por tanto, la de gastos.

Sobre el fondo de la acusaci¨®n, la incorporaci¨®n "ficticia" a la liquidaci¨®n de los presupuestos de la Diputaci¨®n de 3.500 millones de pesetas, la investigaci¨®n del PP encuentra cierta "defensa dial¨¦ctica" para 1.300 millones que se consignaban como contribuciones posibles del Estado. Esas partidas nunca han sido asumidas por el Estado. Sin embargo, Tomey y otros 83 senadores del PP presentaron en 1993 un recurso de inconstitucionalidad contra una modificaci¨®n de la ley estatal que fijaba los criterios de esas asignaciones. Ese recurso, que nunca asumi¨® la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias de la que Tomey es vicepresidente, est¨¢ por resolver.

Tambi¨¦n est¨¢ por resolverse el suplicatorio que el Tribunal Supremo ha remitido recientemente a la C¨¢mara alta para poder actuar contra Francisco Tomey y al que ¨¦ste ha dado su conformidad. Ayer el pleno del Senado aprobaba en sesi¨®n secreta conceder los suplicatorios contra los senadores, tambi¨¦n del PP, Jos¨¦ Mar¨ªa Bris, Julio Manuel Yebra Pimentel y Jos¨¦ Guti¨¦rrez.