Siete comunidades aut¨®nomas carecen de centros p¨²blicos que practiquen abortos

M¨¢s del 97% de los abortos se practican en cl¨ªnicas privadas. Las mujeres que se someten a esta intervenci¨®n no es que prefieran estos centros, pero los pocos hospitales p¨²blicos que hacen abortos no dan abasto. Un alto porcentaje de sus casos son derivados al sector privado. Debido a la objeci¨®n de conciencia, no existe ninguno en siete comunidades —Galicia, Castilla y Le¨®n, Extremadura, La Rioja, Navarra, Murcia y Castilla-La Mancha, donde una de las dos ¨²nicas cl¨ªnicas privadas que practican abortos, la Iris de Albacete, se enfrenta a un proceso penal.

En cuesti¨®n de abortos no hay listas de espera en los hospitales p¨²blicos porque "no puede haberlas". Lo dice el director general de Atenci¨®n Primaria y Especializada del Insalud, Rafael Matesanz, que ya estaba en el equipo del anterior Gobierno socialista. Lo que s¨ª hay es un trasvase de pacientes a la red de cl¨ªnicas privadas, que se ha hecho con el mercado de abortos en Espa?a. Es as¨ª desde su despenalizaci¨®n parcial —el aborto sigue siendo ilegal salvo en el caso de violaci¨®n, malformaci¨®n del feto o peligro para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre— aprobada en 1985.

Los 35 centros p¨²blicos que, seg¨²n el Insalud, ofrecen este servicio no han podido nunca satisfacer la demanda. Madrid, la segunda comunidad en n¨²mero de abortos, es un buen ejemplo: de las 770 mujeres que pidieron abortar en el Insalud el a?o pasado, el 40% acab¨® en una de las cinco cl¨ªnicas privadas autorizadas, seg¨²n Matesanz. Pero en la memoria anual elaborada por el Instituto a partir de los boletines que deben enviar los centros —la ¨²ltima corresponde a 1 996— no figura este dato S¨ª queda recogido, sin embargo, que de las 51.002 mujeres que abortaron ese a?o en Espa?a, m¨¢s de 15.000 solicitaron informaci¨®n para interrumpir su embarazo en un centro p¨²blico, aunque s¨®lo 1.411 de ellas (el 2,77%) acabaron abortando all¨ª.

Incluso estas cifras encubren la realidad. Dentro de ese 2,77% se incluyen los abortos que se hicieron en dos centros p¨²blicos de la Comunidad Valenciana y tres de Andaluc¨ªa. Ambas comunidades han suscrito sendos conciertos con cl¨ªnicas privadas, de tal forma que la paciente es autom¨¢ticamente enviada a la sanidad privada, aunque su aborto se compute como p¨²blico. La presidenta de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n voluntaria del embarazo (ACAI), Consuelo Catal¨¢, asegura que en la Comunidad Valenciana no existe ning¨²n hospital que realice abortos habitualmente.

De 40.000 a 500.000 ptas

El sistema de conciertos —Catalu?a y Murcia cuentan con sistemas similares— garantiza que el servicio de salud correspondiente se haga cargo de los gastos. En el resto de las autonom¨ªas funciona un sistema de reembolso a los tres meses de la interrupci¨®n, pero los de menos de 12 semanas no los paga nadie, seg¨²n fuentes del sector privado. Un aborto del primer trimestre de gestaci¨®n suele costar entre 40.000 y 45.000 pesetas en una cl¨ªnica privada. A partir de ah¨ª su precio sube proporcionalmente cada semana que pasa. Y en los casos de m¨¢s de 22 semanas, siempre por grave peligro f¨ªsico o ps¨ªquico de la madre, puede llegar a las 500.000 pesetas.

Desde que la mujer se dirige al Insalud para abortar hasta que se le hace la intervenci¨®n, lo normal es que pase una semana de tr¨¢mites burocr¨¢ticos. Pero el proces¨® puede alargarse un y medio si la demanda del hospital es muy alta. Y en la mayor¨ªa lo es. Si su hospital correspondiente no hace abortos, es la direcci¨®n provincial la encargada d¨¦ enviarla a otro centro o a una cl¨ªnica privada.

Algo m¨¢s dif¨ªcil lo tienen las mujeres de las siete comunidades aut¨®nomas en las que no existe ni un solo centro p¨²blico especializado (ver cuadro) y que deben ser enviadas a otras comunidades. Madrid y Catalu?a absorben la mayor¨ªa de estos casos.

El propio Matesanz reconoce que "la Administraci¨®n en ning¨²n momento ha apostado porque [abortos] se hagan en la sanidad p¨²blica", algo que echan en falta los profesionales p¨²blicos que s¨ª los hacen y que sienten que cargan con el trabajo de sus compa?eros.

Cl¨¢usulas de conciencia

Las seis unidades de reproducci¨®n que el Gobierno socialista cre¨® para desactivar la objeci¨®n del personal m¨¦dico no lo han conseguido. A la cl¨¢usula de conciencia pueden acogerse desde el m¨¦dico a las limpiadoras pasando por el jefe de servicio y, como dice Empar Pineda, de la cl¨ªnica Isadora de Madrid, "si tu jefe objeta est¨¢s perdido". La ley de objeci¨®n permite adem¨¢s que ¨¦sta pueda ser puntual.

El derecho al aborto es, para Matesanz, "que se haga y que se costee". Y eso se cumple, aunque el 96,33% de las mujeres tengan o deseen hacerlo al margen del sistema p¨²blico. La Federaci¨®n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P¨²blica (FADSP) cree que el Gobierno deber¨ªa garantizar que al menos un hospital por comunidad practicara abortos. La soluci¨®n, seg¨²n Consuelo Ruiz-Jarabo, una de sus responsables, pasa porque la oferta de empleo p¨²blico se cubra con no objetores porque "hay que respetar el derecho del profesional, pero nunca que se supedite al de la mujer".