El derecho a la ciudad

Venimos asistiendo en los ¨²ltimos tiempos a una disputa frontal entre el alcalde y el presidente de la Comunidad de Madrid por el control omn¨ªmodo del urbanismo de nuestra ciudad. De hecho, esta cuesti¨®n es la piedra angular de la que depende que la esperada Ley de Capitalidad alcance el consenso necesario para su aprobaci¨®n.Un enfrentamiento tan fuerte s¨®lo puede entenderse si hay planteamientos ideol¨®gicos distintos, algo que en el caso de Manzano y Ruiz-Gallard¨®n no parece factible, puesto que ambos son personajes destacados de un mismo partido, o bien debemos interpretarlo como una simple lucha por el poder. Esta explicaci¨®n, que no es demasiado arriesgada, lleva impl¨ªcita la siguiente pregunta: ?t¨¢nta importancia tiene ese oscuro objeto de deseo, que es el urbanismo?

Para responderla es conveniente recordar las razones que en la transici¨®n del siglo XIX al XX llevaron a la sociedad al convencimiento de la necesidad de planificar las ciudades y transformar el "urbanismo de trazado" en algo m¨¢s complejo, que convencionalmente llamamos planeamiento. Los manuales se?alan la precariedad de las condiciones de alojamiento en las ciudades, la insalubridad de las viviendas y los efectos derivados de la mezcla de usos generada por la revoluci¨®n industrial como motivos principales de este cambio. Se trata, en definitiva, de recuperar el derecho a la ciudad para todos sus habitantes.

Estas razones desempe?aron sin duda un papel crucial, pero la causa fundamental del recurso al planeamiento no fue ni social ni moral, como pretend¨ªan los regeneracionistas, sino econ¨®mica. Hab¨ªa que establecer unas normas que coordinaran intereses econ¨®micos enfrentados y que compet¨ªan entre s¨ª. La mezcla de todos estos argumentos concluy¨® en esa combinaci¨®n explosiva que es el planeamiento, un proceso con muchas caras, escindido entre las necesidades sociales y las econ¨®micas, y en el que se dan cita intereses contradictorios de capital. En un lenguaje que hoy suena arcaico, los planes reflejan y acotan la lucha por el dominio social del espacio,y esto es lo que

confiere al urbanismo connotaciones pol¨ªticas y hace que no sea en rigor una t¨¦cnica. Esa g¨¦nesis "interesada" del planeamiento hace que se oculten habitualmente los conflictos y motivaciones subyacentes en las decisiones urban¨ªsticas y que se recurra a un discurso abstracto y a una jerga confusa, buscando oscurecer y dar un matiz seudocient¨ªfico al tema. El urbanismo es as¨ª una poderosa arma de reequilibrio social, pero tambi¨¦n una poderosa m¨¢quina de hacer dinero para aquellos que encuentran en el mercado del suelo el territorio donde satisfacer su apetito econ¨®mico de naturaleza acumulativa. Los ciudadanos deben saber que resolver el ¨¢mbito de Arroyo del Fresno con 3.400 viviendas (plan de 1997) en vez de plantear una banda de protecci¨®n del monte de El Pardo (plan de 1985) significa para alguien aumentar su capital en 20.000 millones de pesetas. Cambiar el uso de Papelera Peninsular de industrial (plan de 1985) a residencial (plan de 1997) genera para Unipapel una plusval¨ªa de 16.000 millones de pesetas. Como saben, para terminar con los ejemplos, los ping¨¹es beneficios que supuso la recalificaci¨®n de los terrenos deportivos de Banesto en Hortaleza.

Rebajar o eliminar el grado de protecci¨®n a cientos de edificios dignos de ser conservados por su calidad hist¨®rico-art¨ªstica y ambiental es posibilitar su sustituci¨®n y genera una selectiva lluvia millonaria para sus propietarios. Incrementar brutalmente la densidad y recalificar suelos vacantes en Aravaca ha significado muchos millones de pesetas para determinados operadores "avisados". En cada pleno del Ayuntamiento se producen algunas de estas operaciones.

El nuevo Plan General contiene centenares de casos an¨¢logos a los mencionados. Sin contrapartidas para la ciudad. No es cre¨ªble que se hayan hecho "por el bien de Madrid". Se han hecho enmascarados en los grandes discursos abstractos con que se vende un plan.

En 1985, en la dial¨¦ctica establecida entre las reivindicaciones sociales del movimiento ciudadano y las aspiraciones del sector inmobiliario-financiero, el gobierno municipal de izquierdas opt¨® inequ¨ªvocamente por lo social. Desde esa total independencia respecto a los intereses econ¨®micos, pudo plantear un proyecto aut¨®nomo, cuyo primer objetivo era garantizar el derecho a la ciudad de todos los madrile?os, haci¨¦ndola habitable y creando las condiciones para que el espacio urbano pudiera ser marco de una vida comunicativa en libertad. El plan tendr¨ªa sus aciertos y sus errores. Pero era un proyecto sin servidumbres respecto a los intereses inmobiliarios y financieros, a los que subordinaba el bien com¨²n.

Era nuestro entendimiento del papel que deb¨ªa desempe?ar el urbanismo. As¨ª se hicieron casas donde hab¨ªa chabolas, calles donde hab¨ªa barro, equipamientos y parques donde no los hab¨ªa y operaciones del calibre del Campo de las Naciones, parque Juan Carlos I, Estaci¨®n Sur de Autobuses, el Planetario, la remodelaci¨®n de Atocha, etc¨¦tera, para recuperar la ciudad.

El nuevo Plan General del PP, del que m¨¢s arriba he comentado algunos peque?os ejemplos, es la demostraci¨®n de con cu¨¢l de las dos ra¨ªces del urbanismo se queda el PP. Este plan no es m¨¢s que un bandazo pendular al otro extremo de lo que significaba el de 1985: el urbanismo como m¨¢quina de hacer dinero para destinatarios concretos y para satisfacer los intereses de un sector que es uno de sus principales valedores.

Eso es el urbanismo para el Partido Popular, y ¨¦se, el urbanismo por cuyo control se pelean los se?ores ?lvarez del Manzano y Ruiz-Gallard¨®n. No disputan por hacer una cosa frente a otra diferente. Su proyecto no es aut¨®nomo y siempre har¨¢n lo que les dicten los intereses que les apoyan y a los que sirven. No se trata, ni siquiera, de la lucha por el poder, puesto que el poder lo tienen otros. Simplemente, se trata de ser el que "venda el favor".

Yo apuesto que, m¨¢s temprano o m¨¢s tarde, predominar¨¢ de nuevo la otra visi¨®n del papel del urbanismo. La que opta por el derecho de todos a la ciudad y el predominio del bien com¨²n sobre los otros intereses. ?sa que pretende desarrollar un marco de desarrollo sostenible en las urbes, que establezca condiciones de habitabilidad dignas que puedan mantenerse a largo plazo de modo que conformen un buen legado para las generaciones venideras.

Se trata de alcanzar la generalizaci¨®n del derecho a la ciudad, lo que supone garantizar mejoras sucesivas de la calidad de vida, incluyendo facilitar el acceso a la vivienda, el empleo, los servicios y el uso de los espacios p¨²blicos. Todo esto supone hacer ciudad, m¨¢s all¨¢ de la mera urbanizaci¨®n.

Estoy convencido de que estos retos s¨®lo pueden cumplirse si se concede m¨¢s capacidad de liderazgo y decisi¨®n a los poderes locales en la definici¨®n y desarrollo de la ciudad, as¨ª como una mayor participaci¨®n del conjunto de la sociedad civil en este proceso. Porque los pueblos construyen sus ciudades seg¨²n su capacidad para desearlas.