T¨¢cito Serra

EL MINISTRO Eduardo Serra opt¨® por el tacitismo. En su comparecencia de ayer ante la Comisi¨®n de Defensa del Congreso defendi¨® la tesis de que el Cesid actu¨® legalmente al espiar a Herri Batasuna, pero admiti¨® t¨¢citamente lo contrario al pedir "el beneficio de la duda" respecto a la legalidad de los procedimientos empleados. El margen que ten¨ªa era escaso, pero lo redujo a¨²n m¨¢s al negarse a traducir la te¨®rica asunci¨®n de responsabilidades en alg¨²n cese personalizado. Aun admitiendo que el asunto es complejo y que puede existir un dilema entre lo legal y lo moral, lo que no puede ocurrir es que una ilegalidad evidente por parte del aparato del Estado se zanje sin efectos pol¨ªticos que la opini¨®n p¨²blica pueda conocer y valorar. La incongruencia resulta especialmente notable a la vista de la belicosa actitud que el actual partido del Gobierno mantuvo, sobre situaciones similares, cuando estaba en la oposici¨®n.Eduardo Serra parti¨® de la afirmaci¨®n de que lo investigado no era el partido pol¨ªtico Herri Batasuna (HB) sino el "complejo de apoyo" de ETA. El mensaje impl¨ªcito era que si bien HB es un partido legal, tambi¨¦n es parte del entramado terrorista. Como luego dir¨ªa el portavoz de CIU, considerar a HB un "partido, pol¨ªtico normal" ser¨ªa "un exceso de cinismo". No porque HB comparta los fines de los terroristas, ni porque su direcci¨®n haya sido condenada por colaboraci¨®n con banda armada; sino porque, como admiten ellos mismos, ETA y HB son dos brazos de un mismo cuerpo, el llamado Movimiento de Liberaci¨®n Nacional Vasco.

Pero HB es tambi¨¦n un partido legal. Lo es tras a?os de controversia jur¨ªdica y pol¨ªtica, porque no todos consideraban evidente que debiera ser legalizado. Uno de los argumentos de quienes en los a?os ochenta se opon¨ªan a legalizar esa formaci¨®n fue que, de hacerlo, habr¨ªa que meter en la c¨¢rcel a sus directivos en cuanto ofrecieran la primera conferencia de prensa. Finalmente se decidi¨® la legalizaci¨®n, no porque los jueces ignorasen la singularidad de ese partido, sino porque prim¨® la vocaci¨®n de integraci¨®n propia del sistema democr¨¢tico.

El dilema entonces planteado sigue vigente, y no tiene f¨¢cil soluci¨®n. Serra ensay¨® una enrevesada argumentaci¨®n -m¨¢s propia de un abogado en un pleito que de un pol¨ªtico ante el Parlamento- para tratar de demostrar la legalidad de la actuaci¨®n del Cesid. Misi¨®n imposible. Aunque fuera cierto que se daban las condiciones para aplicar el art¨ªculo 55 de la Constituci¨®n -sobre la suspensi¨®n de determinados derechos individuales en relaci¨®n a investigaciones antiterroristas-, queda la exigencia de autorizaci¨®n judicial, que es la clave de la discusi¨®n. En principio, un juez s¨®lo puede autorizar escuchas en el marco de una investigaci¨®n judicial abierta o ante indicios personalizados y muy concretos de delito. Y si se dan tales supuestos, la investigaci¨®n ser¨ªa encargada a la polic¨ªa, no al servicio secreto, que se supone tiene una actuaci¨®n preventiva: de actuaciones involucionistas y terroristas, especialmente.

El propio ministro debi¨® encontrar poco convincente su argumentaci¨®n expl¨ªcita, y de ah¨ª su s¨²plica impl¨ªcita de comprensi¨®n ante lo que calific¨® de "aparente ilegalidad". La obtuvo, matizadamente, de los socialistas, que no quisieron llevar hasta el final lo que podr¨ªamos llamar derecho de revancha: renunciaron a la petici¨®n de dimisiones, y la de explicaciones puede considerarse moderada, sobre todo despu¨¦s de que el portavoz de Izquierda Unida hubiera recordado lo que Aznar hab¨ªa dicho con ocasi¨®n del esc¨¢ndalo de las escuchas de hace tres a?os. El formato del debate hizo que quedase sin r¨¦plica la afirmaci¨®n de Serra de que la asunci¨®n de responsabilidades ya se hab¨ªa producido con el cese de dos cargos del Cesid cuya identidad no pod¨ªa revelar. El motivo aducido fue una "fuga de informaci¨®n", que habr¨ªa provocado el descubrimiento de las escuchas por parte de HB. Pero no aclar¨® c¨®mo se produjo tal fuga ni si ella guarda relaci¨®n con la filtraci¨®n de la noticia al diario Egin. Es probable que el ministro no pudiera dar m¨¢s explicaciones sin comprometer la seguridad de los agentes. Pero el correlato de la comprensi¨®n pol¨ªtica solicitada deber¨ªa ser un reconocimiento abierto de la ilegalidad cometida y una aceptaci¨®n expl¨ªcita de las responsabilidades pol¨ªticas que de ella derivan.

El mismo partido que desde la oposici¨®n reclam¨® y obtuvo la dimisi¨®n de dos ministros socialistas y del director del Cesid a cuenta de unas escuchas aparentemente ilegales se propone solventar ahora con el cese de dos funcionarios de rango medio otras escuchas tambi¨¦n aparentemente ilegales. Un precio a todas luces insuficiente si se relee a un ?lvarez Cascos que en 1995 ped¨ªa la dimisi¨®n del presidente. Porque las eventuales circunstancias atenuantes o eximentes deben invocarse, en su caso, ante los tribunales. Lo que no cabe es admitir la ilegalidad y reclamar impunidad.