El Supremo podr¨¢ pedir la lista de deudores

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, adem¨¢s de anular la denegaci¨®n por la Diputaci¨®n de Guadalajara de la relaci¨®n individualizada de deudores solicitada por la oposici¨®n, da v¨ªa libre a la incorporaci¨®n de dichos documentos a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que investiga a Francisco Tomey, senador del PP y presidente de la diputaci¨®n, por falsedad continuada en varios de sus presupuestos. En el decreto remitido en enero ¨²ltimo por la fiscal jefe de Guadalajara, ?ngeles Garc¨ªa, al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, se indicaba que de la investigaci¨®n realizada ("no totalmente agotada", recordaba) se desprend¨ªa "la existencia de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial". Y en relaci¨®n con el posible delito de malversaci¨®n, el decreto de la fiscal echaba en falta "la lista individualizada de acreedores y deudores de la Diputaci¨®n de Guadalajara a 31 de diciembre de 1996 y los soportes documentales que se han manejado para su confecci¨®n, soportes que no obran en estas actuaciones pese a haber sido reiteradas veces solicitados por esta Fiscal¨ªa, y todo esto aboga porque se conoc¨ªa la alteraci¨®n de la verdad". El tribunal castellano-manchego abre la v¨ªa a que el Supremo indague dichos documentos, ya que se muestra dispuesta a remit¨ªrselos si se los requiere.

Se?ala tambi¨¦n que el Ministerio Fiscal "puede interesar ante aquella Sala [ ... ] que se requiera a ¨¦sta" para tal remisi¨®n. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha impone el pago de las costas a la Diputaci¨®n de Guadalajara, que "incurre en la temeridad que imputa al recurrente" -al que acus¨® incluso de "mala fe"- al defender "la denegaci¨®n reiterada de una Informaci¨®n [ ... ] que ha resultado existir, al menos en parte", dice la sentencia. El fallo de dicho tribunal declara el derecho del socialista Jes¨²s Alique a "tener conocimiento" de la mencionada lista de deudores de la Diputaci¨®n de Guadalajara "que fueron tenidos en cuenta para la liquidaci¨®n del presupuesto de l996".

La sentencia admite otra opci¨®n: "O indicaci¨®n de la imposibilidad de identificar a los deudores que no se detallan". Fuentes de la investigaci¨®n penal se?alaron que, en este caso, la inexistencia de deudores demostrar¨¢ que "fueron inventados" y aseguraron que esta sentencia "hace imposible cargar la responsabilidad al interventor fallecido, Jos¨¦ Villalgordo".