Los jueces piden la captura de 3.500 personas que deben cumplir condena
Los cuatro jueces de la plaza de Castilla de Madrid que se encargan de velar porque se ejecuten las sentencias penales dictadas por otros colegas tienen en este momento en situaci¨®n de b¨²squeda y captura a "entre 3.000 y 3.500" personas, seg¨²n datos facilitados por los juzgados. Son ciudadanos sobre los que ya pesan condenas firmes -de hasta seis a?os de c¨¢rcel- y que la polic¨ªa no localiza en sus te¨®ricas casas. Los jueces ordenan que se les busque para comunicarles que deben cumplir la condena reca¨ªda sobre ellos (prisi¨®n, abono de multas e indemnizaciones a v¨ªctimas, trabajos de utilidad p¨²blica ... ). Los huidos asistieron al juicio, algunos esposados y otros no, pero luego desaparecieron sin dejar rastro.
Se coloca sus nombres en el fichero de b¨²squedas y capturas que existen desde hace varios a?os en los juzgados porque no responden a las citaciones para que se personen ante el juez. Y no lo hacen porque, o bien se han cambiado de domicilio sin comunicarlo previamente, o bien se han marchado a sus pa¨ªses de origen -como ocurre con muchos inmigrantes-, o bien porque se ocultan a conciencia para librarse de la c¨¢rcel o eludir pagar la multa o indemnizaci¨®n impuestas. "Casi todos los d¨ªas la polic¨ªa trae detenidas a la plaza de Castilla a unas diez o doce personas contra las que hab¨ªa orden de b¨²squeda y captura", explica Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro, titular del Juzgado n¨²mero 4 de Ejecutorias Penales de la plaza de Castilla. Pero mientras unos aparecen, "otros desaparecen", admite este magistrado.
La cifra de 3.500 ciudadanos en b¨²squeda y captura, ya de por s¨ª abultada, se refiere s¨®lo a las dictadas por los cuatro juzgados de ejecutorias de la plaza de Castilla sobre delincuentes condenados e ilocalizables. Pero no incluye las b¨²squedas decretadas por los 46 jueces de instrucci¨®n, que investigan delitos, ni las que dictan los otros tribunales contra quienes no acuden a los juicios.
Los juzgados de ejecutorias de Madrid, los primeros de su tipo que funcionan en Espa?a, nacieron en enero de 1996 con el exclusivo fin de ejecutar las sentencias de los 23 juzgados de lo penal de Madrid. Ahora mismo acumulan 25.000 sentencias pendientes de ser cumplidas, de las que 8.000 son causas con presos, destaca el magistrado Mart¨ªnez L¨¢zaro. Cumplir sentencias no es el ¨²nico motivo que puede llevar a los jueces y tribunales a decretar la b¨²squeda de alguien. No asistir a un juicio o a un interrogatorio tras ser llamado m¨¢s de tres veces puede desatar tan vehemente mandato judicial.
PASA A LA P?GINA 3
La Guardia Civil y la Polic¨ªa Nacional no cruzan todas las ¨®rdenes judiciales de b¨²squeda y captura
VIENE DE LA P?GINA 1Los magistrados de las 10 secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se celebran los juicios de mayor envergadura penal de la regi¨®n madrile?a -asesinatos, narcotr¨¢fico, violaciones-, tambi¨¦n tienen en la actualidad en situaci¨®n de b¨²squeda y captura a cerca de un millar de personas, aparte de las 3.500 antes citadas. Cabe la posibilidad, aseguran fuentes de la Audiencia, de que sobre una misma persona recaigan varias ¨®rdenes de captura simult¨¢neas procedentes de distintos jueces.
La Audiencia madrile?a, con tres jueces en cada uno de sus 10 tribunales, ejecuta sus propias sentencias, a diferencia de lo que ocurre con los 23 juzgados penales de la plaza de Castilla, que delegan esa labor en los cuatro juzgados de ejecutarias. Los juzgados de lo penal enjuician delitos m¨¢s leves, de tres a?os de prisi¨®n para abajo.
En el caso de la Audiencia y de los juzgados de lo penal, las ¨®rdenes se suelen dictar contra ciudadanos a los que se imputan graves delitos y no se presentan a los juicios, y contra los que, habiendo asistido, luego se esfuman por temor a ir a la c¨¢rcel. Detener a los huidos no es tarea f¨¢cil. Y a ello contribuye la actual "descoordinaci¨®n que existe entre la polic¨ªa y la Guardia Civil", seg¨²n fuentes de la Audiencia madrile?a que piden mantener su anonimato. "No se cruzan los datos, y se dan muchos casos de personas que figuran como reclamados en el ordenador central de la Guardia Civil y no en el de la polic¨ªa".
"Si un juez, por ejemplo, env¨ªa una orden de b¨²squeda contra alguien a la Guardia Civil y es un polic¨ªa quien casualmente lo identifica en la calle y quien indaga en el ordenador de su cuerpo, lo dejar¨¢ en libertad en la creencia err¨®nea de que est¨¢ limpio, pues en su base de datos no aparecer¨¢ como buscado. Y viceversa. Existe cruce de datos respecto a la delincuencia internacional, pero no en la nacional", se lamentan estos medios.
Tambi¨¦n hay casos en los que el supuesto huido est¨¢ tan pancho en su casa ignorante de que sobre ¨¦l pesa una orden judicial de detenci¨®n. "La verdad", asegura una fuente policial, "es que a la mayor¨ªa de los buscados se les suele encontrar en sus propias casas. Est¨¢n en el ordenador, s¨ª, pero no vamos a sus casas hasta que los jueces lo ordenan expresamente".
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