La creaci¨®n de un juez especial divide a las asociaciones

La creaci¨®n de una autoridad judicial, cuyo cometido consistir¨ªa en autorizar y controlar las escuchas solicitadas por el Cesid para prevenir o neutralizar las amenazas a la seguridad del Estado, divide a las asociaciones de jueces.Jos¨¦ Requero, de la mayoritaria y conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, considera que se trata de una "innovaci¨®n legal", pero a?ade que "nada impide al legislador la posibilidad de innovar" y que, siempre que se cumplan determinados requisitos, "la idea no tiene por qu¨¦ rechinar en nuestro ordenamiento jur¨ªdico".

Aunque esta funci¨®n no entra en las atribuidas tradicionalmente al juez, instruir y juzgar, Requero recuerda el precedente de la Ley de Videovigilancia, con la que el nuevo proyecto guarda gran paralelismo. En ambos casos, el juez autoriza la instalaci¨®n de un sistema de captaci¨®n (una c¨¢mara o una escucha) con car¨¢cter preventivo y, si aprecia indicios de delito, remite las pruebas al ¨®rgano competente, ordenando la destrucci¨®n de las grabaciones en caso contrario.

Mar¨ªa Tard¨®n, de la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria, cree que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos permite intervenir comunicaciones en defensa de la seguridad del Estado, y admite que, "si se hace con garant¨ªas suficientes, no hay motivo para la incomodidad". Entre dichas garant¨ªas, cita la necesidad de que las escuchas sean fundadas, proporcionadas y limitadas en el tiempo, referidas siempre a personas y no a asociaciones o partidos.

La ley que regule este asunto, agrega, deber¨¢ tener car¨¢cter org¨¢nico, ya que afecta a derechos fundamentales, como el secreto de las comunicaciones, y modifica la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, al atribuir nuevas competencias a los jueces.

En concreto, concluye, se trata de crear un "juez de garant¨ªas", cuya funci¨®n consiste en garantizar que las actividades de los servicios secretos no lesionan los derechos de los ciudadanos m¨¢s all¨¢ de lo imprescindible.

Jueces para la Democracia

No opina de la misma forma Jos¨¦ Antonio Alonso, de Jueces para la Democracia, para quien el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol no permite que se hagan escuchas telef¨®nicas en defensa de la seguridad del Estado."En un Estado democr¨¢tico y de derecho no cabe la posibilidad de que exista un riesgo para la seguridad del Estado que no sea, a la vez, un ataque a un bien jur¨ªdico fundamental y, en consecuencia, un delito. Si hay indicios de delito, la ley de Enjuiciamiento Criminal ya permite intervenir comunicaciones bajo control judicial. No existe, por tanto, ning¨²n vac¨ªo legal", argumenta.

Tras subrayar la dificultad de que un juez pueda entrar a valorar un concepto tan ambiguo como la seguridad del Estado, a?ade que "no se puede legalizar la inconstitucionalidad" y que "las malas leyes no arreglan los problemas si no que los agravan".