La Audiencia juzgar¨¢ este verano a un diputado foral vizca¨ªno por prevaricar cuando era alcalde

La Audiencia de Bilbao juzgar¨¢ este verano al actual diputado vizca¨ªno de Agricultura, el peneuvista Patxi Sierra-Ses¨²maga, por un presunto delito de prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas una resoluci¨®n injusta) al prorrogar ilegalmente el contrato de un trabajador -primo tercero suyo- cuando ocupaba la alcald¨ªa de Galdakao en 1993. Sierra-Ses¨²maga tom¨® la decisi¨®n mediante un decreto a pesar de los informes negativos del secretario municipal y la jefa de personal. El ex alcalde de Galdakao ha visto c¨®mo el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco ha declarado tambi¨¦n ilegal la contrataci¨®n y el Gobierno ha multado al consistorio con dos millones de pesetas.

El procesamiento del diputado de Agricultura se basa en una denuncia interpuesta en 1994 por un funcionario del Ayuntamiento de Galdakao, quien acus¨® al entonces alcalde de haber contratado "a un familiar" en 1993 sin existir dotaci¨®n presupuestaria para el puesto. Luego, seg¨²n el informe del fiscal, Sierra-Ses¨²maga prorrog¨® el contrato en dos ocasiones m¨¢s, tambi¨¦n por decreto, pese a "la advertencia de ilegalidad" hecha por la jefa de personal y el secretario del Ayuntamiento. El juicio se ten¨ªa que haber celebrado en 1996, pero el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Bilbao lo mantuvo paralizado al existir otra causa abierta, esta vez en el tribunal contencioso-administrativo. Esta demanda hab¨ªa partido de la Junta de Personal del consistorio de Galdakao, que acus¨® al alcalde de contrataci¨®n irregular de un economista, en sustituci¨®n del titular de la plaza. ?ste qued¨® relegado "sin motivo alguno" y trasladado a un local denominado la carbonera, donde permanec¨ªa durante la jornada laboral entre cepos de coche, una manguera y un asiento de coche "sin asignarle ninguna funci¨®n", seg¨²n el informe de la Inspecci¨®n de Trabajo del Gobierno vasco. Los abogados defensores lograron paralizar ambas causas aduciendo separadamente, tanto en el juzgado como el Tribunal Superior de Justicia, que suspendieran sus respectivos procedimientos porque hab¨ªa otro en curso. La situaci¨®n se desbloque¨® en marzo de 1997, cuando el Tribunal Superior dict¨® una resoluci¨®n que consideraba ilegal la contrataci¨®n del economista. La demora persisti¨® unos meses, ya que hasta noviembre de ese a?o el juzgado no tuvo conocimiento del auto del Tribunal Superior. Finalmente, en marzo pasado, la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 dict¨® un auto que reabr¨ªa el proceso penal y fij¨® la celebraci¨®n de juicio, que ahora corresponde se?alar a la Audiencia Provincial. Fuentes de este ¨®rgano estimaron que la vista oral se celebrar¨¢ este verano, probablemente en el mes de junio, teniendo en cuenta que deben transcurrir dos meses desde la entrada del auto a la Sala que le corresponda hasta el juicio. Fianza En su resoluci¨®n, la titular del n¨²mero 5 impuso a Sierra-Ses¨²maga una fianza de 300.000 pesetas. El fiscal solicita para el ex alcalde una pena de seis a?os de inhabilitaci¨®n especial "por un delito continuado de prevaricaci¨®n", la suspensi¨®n de empleo y cargo p¨²blico durante seis meses y una multa de 200.000 pesetas, mientras que la defensa pide la libre absoluci¨®n. El actual diputado vizca¨ªno de Agricultura sufri¨® su primer rev¨¦s jur¨ªdico de importancia a principios de 1997. Despu¨¦s de que el Ayuntamiento tuviera que indemnizar con 200.000 pesetas al economista relegado de su puesto, el Gobierno vasco mult¨® al consistorio de Galdakao con dos millones de pesetas por discriminarle. Seg¨²n la resoluci¨®n, los mandatarios de este municipio utilizaron de manera "interesada" y "a escondidas" su cargo para "privar a un trabajador de sus derechos" al tiempo que calificaban la actuaci¨®n municipal de "muy grave". Los dos millones de pesetas no fueron pagados por el Ayuntamiento, por lo que el Gobierno vasco decidi¨® retirar una subvenci¨®n de 1.827.000 pesetas que iba destinada al plan de prevenci¨®n de drogodependencias "como primer pago a la deuda pendiente". Junto a ello (ver EL PA?S del pasado 2 de mayo), el Tribunal Superior ha anulado todo el presupuesto de Galdakao de 1993, una resoluci¨®n in¨¦dita en un Ayuntamiento vasco. El alto tribunal estimaba "disconforme a derecho" las cuentas de dicho a?o, debido a la falta del informe del secretario municipal y la advertencia del interventor sobre la ilegalidad que supon¨ªa que los ingresos previstos no coincidieran con los gastos.