Los espa?oles dan un rotundo suspenso a la Administraci¨®n de Justicia con un 3,6

Los espa?oles califican la situaci¨®n actual de conjunto de nuestra Administraci¨®n de Justicia con un rotundo suspenso: 3,6 puntos en una escala de 0 a 10. Y los ciudadanos no s¨®lo piensan que la justicia es ineficaz, sino que adem¨¢s una amplia mayor¨ªa (el 60%) opina que el Gobierno trata de influir sobre las decisiones judiciales, frente al 28% que cree que la justicia es independiente del Ejecutivo. Estas son algunas de las conclusiones del Bar¨®metro de Primavera elaborado por Demoscopia para EL PA?S del que ayer se public¨® lo referido a la situaci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica.

El 77% de los entrevistados considera que la Administraci¨®n de Justicia es tan lenta que, siempre que se pueda, vale m¨¢s no acudir a ella. Un 85% cree, adem¨¢s, que esta lentitud va en perjuicio, fundamentalmente, de los m¨¢s d¨¦biles.El 79% piensa que el lenguaje de la justicia es innecesariamente oscuro e incomprensible para el ciudadano medio. Y el 75% declara que la organizaci¨®n de la justicia se ha quedado anticuada y necesita una reforma a fondo y urgente.

La segunda gran deficiencia que se?alan los entrevistados es el inadecuado nivel de independencia que, desde su perspectiva, tienen nuestros tribunales. Para un 60% son importantes las presiones de grupos econ¨®micos y sociales sobre la justicia. Y un 71% destaca las presiones de tipo pol¨ªtico. En este punto es de resaltar el claro aumento que registra a lo largo del ¨²ltimo decenio la percepci¨®n social de que el Ejecutivo trata de incidir sobre los tribunales: en 1986 el 40% de los espa?oles opinaba que la justicia era independiente, en su funcionamiento diario, del Gobierno, y otro 40% pensaba que no lo era. Ahora s¨®lo un 28% percibe una justicia independiente del Gobierno, y un 60% la visualiza, en cambio, como presionada por ¨¦ste.

Por otro lado, s¨®lo un 32% de los espa?oles cree que, por lo general, los tribunales terminan dando la raz¨®n a quien efectivamente la tiene (el 53% piensa lo contrario), y las opiniones se dividen a la hora de evaluar el grado de coherencia de nuestra justicia: un 40% considera que suele resolver de forma similar los casos similares, y un 41% no lo cree as¨ª. En conjunto, pues, como puede verse, una imagen fuertemente cr¨ªtica.

Buena opini¨®n del juez

En este contexto resulta destacable que los jueces sean objeto de una valoraci¨®n positiva: para el 66% de la ciudadan¨ªa, ¨¦stos est¨¢n bien preparados y son competentes; para un 45% (frente al 36% que opina lo contrario), act¨²an por lo general con honestidad y honradez. Y, en todo caso, dos de cada tres espa?oles indican que, con todos sus defectos e imperfecciones la Administraci¨®n de Justicia constituye la garant¨ªa ¨²ltima de defensa de la democracia y de las libertades.De todo este conjunto de datos parece emerger la conclusi¨®n de que la ciudadan¨ªa achaca fundamentalmente las deficiencias -m¨²ltiples y graves- de nuestra justicia m¨¢s a la forma actual en que est¨¢ organizada y funciona que a los profesionales que la integran.

Por lo que hace al juicio con jurado, su existencia sigue contando con el respaldo mayoritario de la ciudadan¨ªa, pero de forma m¨¢s reticente que hace s¨®lo seis a?os. En la actualidad se muestra conforme con la existencia del jurado el 53% de los espa?oles, y disconformes con el mismo el 26%. Es decir, predominan los juradistas en proporci¨®n de dos a uno. Pero en 1992 estaban a favor del jurado el 63%, y en contra tan s¨®lo el 3% (es decir, un porcentaje 20 veces menor).

La amplia repercusi¨®n p¨²blica de determinados incidentes y esc¨¢ndalos relacionados con juicios con jurado (paradigm¨¢ticamente el caso Otegui) parecen haber mitigado considerablemente el aprecio en nuestra sociedad por esta instituci¨®n. La situaci¨®n es de un b¨¢sico empate, con ligera preferencia a favor de los jueces.