Por un pol¨ªtica de m¨¢ximo consenso

La presunta deuda de la Seguridad Social ha venido centrando la mayor parte de la pol¨¦mica que en torno a nuestro modelo de protecci¨®n social se ha producido en los ¨²ltimos a?os. De hecho, la comisi¨®n parlamentaria que elabor¨® el Pacto de Toledo en sus inicios ten¨ªa como cometido exclusivo abordar los problemas financieros del sistema, aunque finalmente ampli¨® sus trabajos al conjunto de cuestiones que afectan a la Seguridad Social. Como esta controversia se ha recrudecido, parece necesario efectuar algunas precisiones sobre su g¨¦nesis y sus posibles consecuencias en relaci¨®n con la viabilidad del sistema de pensiones.La Constituci¨®n define un modelo de protecci¨®n social a tres niveles: uno universal accesible a todos los ciudadanos y financiado mediante impuestos, otro contributivo de base profesional financiado con cotizaciones sociales y otro complementario libre. A pesar de que desde 1978 se definen con precisi¨®n los mecanismos de financiaci¨®n de los dos niveles p¨²blicos, el hecho es que se ha mantenido una financiaci¨®n mixta de las prestaciones universales, aunque con una participaci¨®n creciente del Estado.

La existencia de un nivel de empleo insuficiente, la mejora de las prestaciones, la garant¨ªa de pensi¨®n m¨ªnima y el efecto sustituci¨®n de pensiones de baja cuant¨ªa por otras m¨¢s elevadas explican, entre otros factores, el crecimiento del gasto en protecci¨®n social.

Este incremento de las necesidades de financiaci¨®n no se vio compensado en el nivel universal con un aumento equivalente de la aportaci¨®n del Estado para su sostenimiento y, por otra parte, tampoco los excedentes de cotizaciones procedentes del nivel contributivo alcanzaban para cubrir la totalidad del gasto generado. Por esta raz¨®n se articul¨® un sistema de pr¨¦stamos del Estado a la Seguridad Social que adem¨¢s de cubrir sus insuficiencias presupuestarias y, en consecuencia, solapar el esfuerzo de financiaci¨®n que, realmente, deber¨ªa realizar, pasaban a formar parte del pasivo de aqu¨¦lla. En la pr¨¢ctica. lo que se produc¨ªa era una transferencia de d¨¦ficit del Estado a la Seguridad Social.

Prueba de ello es que a lo largo de estos a?os la realizaci¨®n de una simple operaci¨®n aritm¨¦tica, restar de los ingresos por cotizaciones sociales los gastos producidos en el nivel contributivo, originaba y origina super¨¢vit. Desde 1995 el nivel contributivo aport¨® m¨¢s de 2,9 billones de pesetas a la financiaci¨®n de la sanidad, los servicios sociales, los complementos de m¨ªnimos y otras prestaciones universales.

El Pacto de Toledo aborda, entre otras, esta cuesti¨®n, estableciendo un periodo transitorio de cinco a?os, al final del cual se producir¨¢ la separaci¨®n efectiva de las fuentes de financiaci¨®n de cada uno de los niveles de protecci¨®n. El acuerdo de pensiones a?ade que este proceso se realizar¨¢ contemplando tanto los aspectos financieros como no financieros del sistema de Seguridad Social. Este hecho despeja cualquier duda sobre el tratamiento a dar a los pr¨¦stamos en el momento de su vencimiento. No se trata de deuda imputable y, en consecuencia, requerible al nivel contributivo, ya que ¨¦ste no genera d¨¦ficit.

En los ¨²ltimos a?os adem¨¢s de que la cuant¨ªa del d¨¦ficit imputable a la Seguridad Social est¨¢ perfectamente delimitada por los criterios de convergencia, tampoco es posible especular con sus or¨ªgenes, ya que esta cantidad se consigna en los Presupuestos como cr¨¦dito finalista para la financiaci¨®n de algunas prestaciones universales: sanidad, servicios sociales y protecci¨®n familiar.

A pesar de este avance respecto de la situaci¨®n anterior, la introducci¨®n del criterio de devengo en la elaboraci¨®n del presupuesto de ingresos puede dar lugar a nuevas especulaciones sobre la salud financiera del sistema. Esta t¨¦cnica cifra los ingresos en funci¨®n de los derechos reconocidos, independientemente de que ¨¦stos hayan producido un ingreso efectivo en caja. Si se utiliza este criterio, en la pr¨¢ctica siempre se produce una diferencia entre recaudaci¨®n prevista y recaudaci¨®n real, como consecuencia de los fallidos provocados por cierres de empresas, entre otros factores. A ello se a?ade la necesidad de cubrir los desfases de tesorer¨ªa producidos, lo que se compensa mediante un pr¨¦stamo del Estado consignado en los Presupuestos Generales que en los dos ¨²ltimos a?os ha ascendido a 350.000 millones cada ejercicio.

Desde los sindicatos hemos venido manifestando nuestra oposici¨®n a la utilizaci¨®n de esta t¨¦cnica presupuestaria, ya que adem¨¢s de falsear los recursos reales con que cuenta el sistema para hacer frente a sus compromisos, ayuda a disfrazar la insuficiencia de la aportaci¨®n del Estado e imputa, una vez m¨¢s, al nivel contributivo, problemas de financiaci¨®n que ¨¦ste no genera.

Si se repite la operaci¨®n aritm¨¦tica a la que alud¨ªa antes, una vez m¨¢s puede constatarse que la diferencia entre ingresos efectivos y gasto real en este nivel sigue produciendo super¨¢vit, 500.000 millones aproximadamente en 1997.

Desde nuestro punto de vista, lo preocupante en relaci¨®n con los ingresos no es esta cuesti¨®n de naturaleza meramente contable, cuya resoluci¨®n adem¨¢s va a producirse en breve plazo como consecuencia de la armonizaci¨®n que va a imponer el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. Tiene m¨¢s importancia la falta de correspondencia entre el crecimiento de la afiliaci¨®n y el crecimiento de la recaudaci¨®n por cotizaciones sociales, sobre todo en el R¨¦gimen General, producto, a nuestro juicio, de un peso creciente de la contrataci¨®n marginal que al efecto de bajos salarios suma una cotizaci¨®n reducida, y de un crecimiento inferior al previsto de las bases de cotizaci¨®n a causa de la moderaci¨®n salarial.

Lo que realmente puede constituir motivo de preocupaci¨®n en el futuro es c¨®mo el Gobierno va a dar cumplimiento al compromiso de separaci¨®n de fuentes de financiaci¨®n en el a?o 2000, incrementando la aportaci¨®n del Estado hasta cubrir la totalidad de las necesidades de financiaci¨®n del nivel universal, teniendo en cuenta que el Gobierno, a trav¨¦s de la reforma del IRPF va a renunciar a un volumen de recaudaci¨®n que la mayor parte de los expertos sit¨²a en, al menos, 500.000 millones de pesetas.

Nuestra principal preocupaci¨®n es c¨®mo seguir profundizando en las reformas necesarias para mejorar la situaci¨®n de los colectivos m¨¢s desfavorecidos, para garantizar el acceso a las prestaciones contributivas a aquellos trabajadores que de forma exclusiva o peri¨®dica desarrollen su actividad a tiempo parcial; c¨®mo reducir la edad de jubilaci¨®n de manera generalizada como instrumento para la reducci¨®n del tiempo de trabajo y en consecuencia la generaci¨®n de empleo y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores.

El sistema de Seguridad Social y cuantas cuestiones le afectan constituye un asunto de Estado, entre otras razones porque forma parte de nuestro modelo de democracia. La garant¨ªa de su mantenimiento respetando sus caracter¨ªsticas actuales constituye un compromiso pol¨ªtico y social, plasmado en la Constituci¨®n y adem¨¢s en el Pacto de Toledo y en el acuerdo de pensiones.

Este compromiso debe materializarse en la consecuci¨®n del mayor grado de consenso posible en torno a las reformas a adoptar para reforzarlo y garantizar su existencia futura. Y adem¨¢s, en el acuerdo de todos de mantener este debate al margen de la batalla pol¨ªtica cotidiana. Lo que no deja de ser mantener el esp¨ªritu del Pacto de Toledo y del acuerdo con los sindicatos.