El hombre que se atrevi¨® a cambiar el curso de la justicia

Tito, como llaman en la intimidad sus secretarios, la familia y los amigos al juez Roberto Marquevich, sabe d¨®nde se mete. En 1997, tras una paciente investigaci¨®n, orden¨® la requisa de 2.000 kilos de coca¨ªna y los tel¨¦fonos en los que se le pod¨ªa encontrar ard¨ªan de amenazas contra su vida. La pasada semana recibi¨® una carta con membrete del Ej¨¦rcito argentino en la que un desconocido comando lo sentenciaba a muerte. Todo lo que hizo fue denunciar la amenaza ante otro juez. Ni siquiera pidi¨® una escolta.Marquevich, de 50 a?os, casado con tres hijos y ex jugador de rugby, fue secretario de la Corte Suprema de Justicia y asumi¨® el juzgado federal de San Isidro, al norte de Buenos Aires, a fines de 1991. "Aguanta las presiones y no se arruga", dicen las Abuelas, que conf¨ªan en ¨¦l. El pasado 9 de junio orden¨® que Videla fuera trasladado a una c¨¢rcel de presos comunes y su decisi¨®n, sumada a las iniciativas de otros jueces, empez¨® a cambiar la historia y a recomponer la deteriorada imagen que la justicia argentina ten¨ªa ante la sociedad. Con ¨¦l quiz¨¢s haya comenzado la generaci¨®n de manos limpias argentinos.

El juez Marquevich sabe que ahora debe sostener el pulso con los tres jueces de la Sala Primera del Tribunal Federal de San Mart¨ªn, la instancia superior, que ya han revocado decisiones suyas en otros casos y podr¨ªan ordenar el traspaso del expediente a la competencia militar. "En dos o tres semanas se decide todo", dicen los empleados del juzgado, "pero los fundamentos que Tito redact¨® en casi doscientos folios son muy s¨®lidos". Marquevich orden¨® el arresto de Videla en el curso de la investigaci¨®n que comenz¨® tras las denuncias de la organizaci¨®n Abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaban por los ni?os nacidos en cautiverio en El Campito, un centro clandestino de detenci¨®n que funcionaba en la guarnici¨®n de Campo de Mayo, al noroeste de Buenos Aires.