La hora de los jueces

CASI QUINCE a?os despu¨¦s de que ocurrieran los hechos, el juicio por el caso Segundo Marey est¨¢ listo para sentencia. Han pasado muchas cosas durante este tiempo, en el que el GAL han sido una verdadera pesadilla para la vida pol¨ªtica. La mayor¨ªa absoluta socialista sirvi¨® de parapeto para ocultar responsabilidades durante unos a?os en los que la brutal agresividad de ETA contribuy¨® a que fueran pocas las voces que rompieran un impl¨ªcito pacto de silencio. Despu¨¦s se intent¨® utilizar a dos polic¨ªas implicados en los hechos, Amedo y Dom¨ªnguez, como chivos expiatorios, intentando callarlos con dinero y gen¨¦ricas promesas de indulto. Fue necesaria la conjunci¨®n de tres factores con mucha carga pol¨ªtica para que el caso GAL llegara a los tribunales: el final de las mayor¨ªas absolutas; el retorno a la judicatura del juez Baltasar Garz¨®n y la decisi¨®n del PP de explotar al m¨¢ximo pol¨ªticamente las denuncias sobre la guerra sucia contra ETA en un intento de debilitar a Felipe Gonz¨¢lez. Si a ello se suma que desde el Ministerio del Interior Juan Alberto Belloch cort¨® los fondos reservados que serv¨ªan para pagar silencios, tenemos definido el marco en que el caso GAL estall¨® judicialmente con considerable retraso. Un escenario en el que tendr¨ªan ocasi¨®n de exhibirse, no sin cierta obscenidad, delincuentes convictos, delatores, chantajistas y otras especies sociales. Pero tambi¨¦n quienes entend¨ªan honestamente que no se pod¨ªa pasar esta p¨¢gina sin hacer justicia.Pas¨® el tiempo de la politiquer¨ªa y del "todo vale". Un tiempo en el que, por ejemplo, el vicepresidente del Gobierno ?lvarez Cascos lleg¨® a dar toda una lecci¨®n de democracia org¨¢nica al decir que la opini¨®n p¨²blica ya hab¨ªa dictado sentencia sobre los GAL, con un razonamiento impropio de un responsable pol¨ªtico de un sistema garantista. Por fin, el caso GAL llega a su ¨²ltimo episodio procesal.

Podemos lamentar ahora el retraso, porque es verdad que tanta dilaci¨®n no favorece la reconstrucci¨®n de los hechos y la labor de la justicia. Tambi¨¦n es leg¨ªtimo pensar que la larga historia cuyo final se vislumbra ahora (¨¦sta s¨®lo es la primera de las estaciones del calvario judicial de los GAL) no ha favorecido la lucha antiterrorista; la lejan¨ªa de los hechos y el fundado resentimiento de la sociedad contra el terrorismo etarra explica la comprensi¨®n que parte de la opini¨®n p¨²blica ha mostrado ante unos hechos que ensombrecen la transici¨®n espa?ola con im¨¢genes propias de una dictadura. Pero lo relevante ahora es que contra pron¨®stico de unos y otros, de los que se cre¨ªan impunes en nombre de la raz¨®n de Estado y de los que aseguraban que nunca se llegar¨ªa a realizar este juicio porque una confabulaci¨®n de poderes lo impedir¨ªa, la audiencia p¨²blica ha terminado y s¨®lo falta esperar a que los jueces dicten sentencia.

Hoy m¨¢s que nunca la palabra la tienen los jueces. Ellos son los que tienen que evaluar todos los argumentos jur¨ªdicos en torno a la prescripci¨®n o la nulidad que han enarbolado los abogados defensores de los diez autoinculpados y de los dos -Barrionuevo y Vera- que hasta el ¨²ltimo suspiro de la vista oral han mantenido su inocencia. A juzgar por el informe del fiscal, las largas semanas de juicio no han aportado grandes novedades: sus peticiones al final de la vista no han variado de las que formul¨® al comienzo. Todo juicio tiene algo de representaci¨®n teatral y en este caso no han faltado los momentos estelares. Lo cual no significa que tuvieran gran efecto procesal.

La importancia de la sentencia que se va a pronunciar, que afecta al n¨²cleo del Ministerio del Interior del primer Gobierno socialista, invita a pedir su aceptaci¨®n, sin que ello signifique negar el derecho a recurrirla en amparo o a criticarla. Pero entrar en un juego de descalificaciones porque no sea del gusto, ser¨ªa prolongar la crispaci¨®n. Sus consecuencias pol¨ªticas no deben servir de pretexto para poner en duda la ecuanimidad de los jueces. Tambi¨¦n forma parte de las obligaciones del gobernante hacer la pedagog¨ªa necesaria para que los ciudadanos entiendan la distancia que va de las interpretaciones que cada uno puede hacer de unos hechos a la sentencia judicial sobre los mismos. En medio hay unas garant¨ªas procesales que deben estar por encima de criterios pol¨ªticos o period¨ªsticos. Los jueces tienen la palabra.