El cierre de "Egin"

El cierre cautelar del diario Egin ha desatado una leg¨ªtima pol¨¦mica en torno a la fundamentaci¨®n y proporcionalidad de una medida judicial que afecta palmariamente al ¨¢mbito de la libertad de prensa. No hay razones para sofocar esa discusi¨®n; ni tampoco para despacharla como una hip¨®crita maniobra de retaguardia orientada simplemente a ocultar las responsabilidades penales de los directivos de la empresa editora del diario. Conocidos los autos de 15 de julio (sobre la clausura del peri¨®dico) y de 20 de julio (que ordena la prisi¨®n preventiva de ocho personas acusadas de integraci¨®n en organizaci¨®n terrorista y de otros graves delitos conexos) dictados ya por el juez Garz¨®n, s¨®lo el detenido an¨¢lisis de la tercera resoluci¨®n judicial comunicada ayer a las partes permitir¨¢ alcanzar una visi¨®n completa de las investigaciones en curso.Los indicios de que Egin formaba parte del entramado terrorista no ser¨¢n los ¨²nicos elementos a tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones: la libertad de expresi¨®n y el derecho a la informaci¨®n perturbados por la clausura del diario gozan -como ha reiterado el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias- de una protecci¨®n prevalente gracias a su dimensi¨®n institucional como garant¨ªa de una comunicaci¨®n libre "sin la cual quedar¨ªan reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de libertad democr¨¢tica". El Estado de derecho ordena a los tribunales que encaucen y resuelvan este tipo de conflictos aplicando las normas previamente promulgadas por un parlamento elegido a trav¨¦s del sufragio universal; la colisi¨®n entre bienes y valores jur¨ªdicamente protegidos -cada uno dotado de su propia l¨®gica- exige de los jueces una especial sensibilidad cuando entran en juego, como sucede en este caso con la libertad de expresi¨®n, los derechos fundamentales.

No deja de resultar hiriente, por supuesto, que algunos de quienes invocan ahora el derecho a la informaci¨®n para criticar la suspensi¨®n judicial de Egin aplaudieran con entusiasmo o se mostraran indiferentes en el pasado ante los criminales ataques de la banda terrorista a la libertad de prensa. ETA asesin¨® en 1978 a Jos¨¦ Mar¨ªa Portell, director de la Hoja del Lunes de Bilbao, y atent¨® en 1980 contra Jos¨¦ Javier Uranga, director del Diario de Navarra; las amenazas de que son objeto hoy radios como la SER y la Cope o periodistas como Jos¨¦ Mar¨ªa Calleja hacen tan peligroso ese oficio en el Pa¨ªs Vasco como lo fue en el Cono Sur durante los setenta. El clima de intolerancia hacia la prensa independiente ha contagiado al nacionalismo moderado: baste recordar las incitaciones de algunos dirigentes del PNV -Javier Atutxa y Anasagasti- a boicotear el diario bilba¨ªno El Correo o sus intentos de silenciar a los escritores vascos agrupados en el Foro Ermua.

Pero los defensores de la Constituci¨®n y de los valores democr¨¢ticos sellar¨ªan su derrota si cedieran a la tentaci¨®n de volver contra el nacionalismo radical sus ileg¨ªtimas armas. Est¨¢ claro que Egin no es s¨®lo un peri¨®dico: su dependencia de ETA y su condici¨®n de veh¨ªculo de mensajes operativos a los comandos de asesinos y secuestradores lo transforman en un instrumento mort¨ªfero. Sin embargo, la publicaci¨®n clausurada hace unos d¨ªas tambi¨¦n es un peri¨®dico: con 21 a?os de vida, 50.000 compradores y la estructura redaccional, productiva y comercial propia de una empresa editorial, Egin adoctrina a los votantes de HB y a la vez sirve de portavoz a un significativo segmento de la opini¨®n p¨²blica vasca. El Tribunal Constitucional afirma que no hay derechos absolutos; cuando la libertad de expresi¨®n entra en conflicto con otros bienes jur¨ªdicamente protegidos, s¨®lo la ponderaci¨®n realizada por los jueces permitir¨¢ dirimir -caso por caso- cada litigio. Al tiempo, la jurisprudencia constitucional dictamina que los derechos fundamentales siempre albergan un contenido esencial inviolable: los debates de buena fe en torno al caso Egin girar¨¢n seguramente sobre la cuesti¨®n de saber si la suspensi¨®n del diario por el juez Garz¨®n (que goza de la presunci¨®n favorable de su impecable trayectoria como instructor de otros sumarios relacionados con el terrorismo y la guerra sucia) afecta o no al contenido substancial de la libertad de prensa amparada por la Constituci¨®n.