Los particulares podr¨¢n pedir el borrado de cintas de videovigilancia

Las personas que tengan sospechas razonables de que su imagen ha resultado registrada en una grabaci¨®n obtenida por una c¨¢mara de videovigilancia policial podr¨¢n exigir de las autoridades ser suprimidas de las filmaciones en las que figuren. El procedimiento por el que se acceder¨¢ a estas reclamaciones y los criterios de la administraci¨®n para resolverlas est¨¢n sin determinar a¨²n, pendientes de una orden del consejero de Interior. El Gobierno aprob¨® el martes pasado el decreto que desarrolla la Ley de Videovigilancia. A ¨¦l deben adaptarse, en el plazo de un mes, todas las instalaciones existentes. La regulaci¨®n de los derechos de los ciudadanos ante una grabaci¨®n en la que crean registradas im¨¢genes suyas est¨¢, sin embargo, por realizar. En todo caso, adelanta el decreto, y las autoridades competentes, tendr¨¢n la potestad de acceder o no a las peticiones de los interesados "en funci¨®n de las utilidades penales o administrativas" de las grabaciones impugnadas. La administraci¨®n no tiene siquiera la obligaci¨®n de contestar al peticionario: ¨¦ste puede dar por desestimada su solicitud si en el plazo de un mes no le han comunicado resoluci¨®n alguna. La viceconsejer¨ªa de Seguridad queda obligada a llevar un registro de las instalaciones fijas y a publicitar su ubicaci¨®n, aunque de modo restringido, ya que el decreto s¨®lo obliga a indicar gen¨¦ricamente la zona sometida a vigilancia.El decreto reglamenta tambi¨¦n en qu¨¦ condiciones podr¨¢n las polic¨ªas hacer uso de im¨¢genes captadas por entidades privadas, como los bancos. Proteger la privacidad La llamada Comisi¨®n de Videovigilancia y Libertades, encargada de controlar la legalidad de estas intervenciones policiales y concebida como un ¨®rgano consultivo de protecci¨®n de la privacidad, tendr¨¢ a su frente al Presidente del TSJP y deber¨¢ constituirse en tres meses. Las c¨¢maras fijas deber¨¢n tener el visto bueno de la comisi¨®n antes de su instalaci¨®n. La viceconsejer¨ªa de Seguridad ser¨¢ la encargada de autorizar las peticiones tanto de la Ertzaintza como de las polic¨ªas locales, de llevar un registro de todas ellas y de trasladar los informes a la comisi¨®n de control para su aprobaci¨®n. La comisi¨®n revisar¨¢ tambi¨¦n cada quince d¨ªas un informe sobre las filmaciones efectuadas con videoc¨¢maras m¨®viles, pedir¨¢ aqu¨¦llas cuyo contenido estime necesario visionar y podr¨¢, en su caso, ordenar su destrucci¨®n. El uso de las videoc¨¢maras m¨®viles goza de una mayor libertad y no requiere la autorizaci¨®n previa de la comisi¨®n. ?l permiso pueden darlo los propios responsables policiales de cada territorio hist¨®rico, s¨®lo obligados a dar cuenta en las 72 horas siguientes. La comisi¨®n estar¨¢ compuesta paritariamente por 3 representantes de la consejer¨ªa de Interior y tres del mundo de la judicatura y el derecho. El voto de calidad del presidente romper¨¢ eventuales empates.