Gobierno y sindicatos negocian la generalizaci¨®n del seguro de paro agrario

Gobierno y sindicatos est¨¢n dispuestos a acabar con las diferencias en el seguro de desempleo de los jornaleros del campo espa?ol. Mientras 300.000 andaluces y extreme?os tienen derecho al desempleo y al trabajo a trav¨¦s del subsidio agrario y el Plan de Empleo Rural (PER), otros 180.000 jornaleros del resto de comunidades y 125.000 excluidos del sistema en Andaluc¨ªa y Extremadura carecen de protecci¨®n. UGT y CCOO negocian con Trabajo f¨®rmulas para lograr que todos los trabajadores del campo tengan la misma protecci¨®n social.

El Gobierno y los sindicatos est¨¢n de acuerdo en revisar el sistema de ayudas a los jornaleros para mejorar la protecci¨®n social de estos trabajadores sin tener que sacrificar la supervivencia del subsidio agrario y del Plan de Empleo Rural. De acuerdo con los principios generales alcanzados, el sistema contributivo se aplicar¨¢, adem¨¢s, a todo el sector agrario.La negociaci¨®n entre las centrales sindicales y el Gobierno podr¨ªa culminar en los pr¨®ximos d¨ªas con un preacuerdo general sobre reforma de las ayudas y la elaboraci¨®n de un borrador del presupuesto para el Plan de Empleo Rural del pr¨®ximo a?o. El PER ha contado en 1998 con una dotaci¨®n econ¨®mica de 17.295 millones de pesetas.

Ahora la negociaci¨®n se centra en dilucidar hasta d¨®nde est¨¢n dispuestos a permitir los sindicatos la modificaci¨®n del subsidio agrario que pretende el Gobierno, para compensar el gasto que supondr¨¢ la implantaci¨®n del nuevo sistema. La cifra barajada en la negociaci¨®n sobre el coste que tendr¨ªa la reforma puede alcanzar los 36.000 millones de pesetas.

Los sindicatos UGT y CCOO quieren saldar la deuda que desde hace 14 a?os mantienen con 300.000 jornaleros carentes de ayudas estatales para hacer frente al desempleo. En 1984 el que fuera presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Rafael Escuredo, dio luz verde a un decreto elaborado por los socialistas andaluces que permiti¨® a los jornaleros de esta comunidad aut¨®noma tener garantizado el trabajo a trav¨¦s del PER y una prestaci¨®n por desempleo con el subsidio agrario. De esa forma, los socialistas andaluces, con el benepl¨¢cito de los sindicatos, pusieron fin al llamado empleo comunitario.

El nuevo sistema se extendi¨® tambi¨¦n a Extremadura, mejorando las duras condiciones que soportaban los jornaleros. Se garantiz¨® un nivel de renta "digno para gente que las hubiera pasado canutas", seg¨²n el secretario general de la Federaci¨®n Estatal de la Tierra de UGT, Juan Aguilar.

Sin embargo, las condiciones sociales logradas por la mayor¨ªa de los trabajadores de esas regiones dejaron relegado al resto de los jornaleros de Espa?a. Ahora los sindicatos quieren terminar con una situaci¨®n "injusta", por la existencia de un "agravio comparativo", explica el secretario de la Federaci¨®n de la Tierra de UGT.

Las organizaciones sindicales aspiran a que Andaluc¨ªa y Extremadura mantengan sus derechos, a la vez que el resto de trabajadores agr¨ªcolas de Espa?a puedan contar con el sistema contributivo, incluyendo prestaciones por desempleo, al igual que el resto de los trabajadores pertenecientes al r¨¦gimen general de la Seguridad Social.

Grandes diferencias

El pasado mes de febrero, Gobierno y sindicatos iniciaron unas conversaciones que est¨¢n resultando "muy dif¨ªciles", seg¨²n admite el dirigente ugetista. Responsables del Ministerio de Trabajo iniciaron los contactos entregando un documento en cuyo primer apartado se dejaba al descubierto la intenci¨®n del Gobierno central de eliminar gradualmente el PER y el subsidio agrario, imponiendo el sistema contributivo para todos los trabajadores agrarios.Tras el rechazo frontal de los responsables sindicales, las nuevas propuestas del Gobierno se han centrado en buscar la f¨®rmula para cumplir la "condici¨®n innegociable" de los sindicatos de salvar el PER y el subsidio agrario. Las discusiones se centran ahora en poner condiciones al acceso a las prestaciones. Los sindicatos est¨¢n dispuestos a aceptar una serie de limitaciones y "endurecer" los requisitos de acceso, para que "no se descontrole" el sistema. Los m¨¢s afectados ser¨ªan los menores de 25 a?os y los mayores de 45.

Los sindicatos sintonizan con la propuesta del Gobierno para que a los menores de 25 a?os sin cargas familiares se les ofrezca un itinerario de formaci¨®n que pasar¨ªa por una escuela taller o casa de oficios antes de tener derecho al subsidio agrario. Cumplimentado este requisito y ante la falta de empleo, los j¨®venes podr¨¢n solicitar las ayudas.

M¨¢s incierto es el futuro de los mayores de 45 a?os que por primera vez quieran acceder al sistema agrario. De las 25.000 nuevas incorporaciones registradas el pasado a?o, 4.500 personas pertenec¨ªan a esta franja de edad.

El Gobierno pretende evitar que desempleados mayores de 45 a?os y pertenecientes a otros sectores productivos soliciten la llamada cartilla agraria. Los sindicatos no quieren limitar su entrada, especialmente si el demandante tiene cargas familiares.

Aunque el ministro de Trabajo, Javier Arenas, neg¨® el pasado jueves cambios en el subsidio agrario, Gobierno y sindicatos han logrado acuerdos concretos como el referido a la rebaja, un 0,25%, del tope de renta de los trabajadores agrarios, excluyendo las que procedan del trabajo en el campo.

"Con ello se pone fin a la perversi¨®n existente actualmente, que penaliza a los jornaleros que m¨¢s trabajan", seg¨²n los portavoces sindicales. Tambi¨¦n hay sinton¨ªa entre Gobierno y sindicatos sobre el sistema de cotizaci¨®n. Se contabilizar¨¢ la jornada real trabajada, multiplicando el 1,33% por cada peonada para calcular la prestaci¨®n posterior.