El Supremo razona que los acusados conoc¨ªan la ilicitud del secuestro y niega la obediencia debida

Los fundamentos de derecho con los que la Sala Segunda del Tribunal Supremo razona las condenas decididas en el caso Marey descansan en el convencimiento de que los acusados conoc¨ªan la ilicitud del secuestro de Segundo Marey, sobre la que no cab¨ªa error y frente a la que no puede prosperar el desconocimiento, la obediencia debida o el cumplimiento del deber. Igualmente, la sentencia desestima todas las peticiones de nulidad, la mayor¨ªa basadas en la instrucci¨®n del caso por el juez Baltasar Garz¨®n, cuya investigaci¨®n resulta avalada por el Supremo, que rechaza tambi¨¦n la prescripci¨®n.

La sentencia explica la existencia del principal de los delitos, el de detenci¨®n ilegal, planeado inicialmente respecto a la persona de Mikel Lujua, un conocido etarra, y que luego recay¨® en Segundo Marey, error que el Supremo considera "penalmente irrelevante". El razonamiento parte de que la actuaci¨®n "manifiestamente ilegal y delictiva desde su inicio, (...) por su notoriedad necesariamente tuvieron que conocer todos los acusados, cada uno de ellos desde que tuvo contacto con la realidad de los hechos".El Supremo detalla c¨®mo era notoriamente ilegal que las fuerzas de seguridad espa?olas detuvieran a alguien en Francia y que la acci¨®n fuera llevada a cabo por mercenarios pagados por las autoridades espa?olas, as¨ª como el traslado forzado de una persona y su encierro contra su voluntad. Frente a la alegaci¨®n de los funcionarios policiales de que actuaron por obediencia debida o cumplimiento del deber, la sentencia asegura que todos los que intervinieron en el secuestro "fueron conocedores de su ilicitud".

Tras justificar la aplicaci¨®n del vigente C¨®digo Penal a 11 acusados y el anterior a Michel Dom¨ªnguez, por ser respectivamente la norma m¨¢s favorable, la sentencia divide a los condenados en dos grupos y analiza sus conductas por separado.

Por una parte, de los siete integrantes del grupo formado por Jos¨¦ Barrionuevo, Rafael Vera, Juli¨¢n Sancrist¨®bal, Ricardo Garc¨ªa Damborenea, Francisco ?lvarez, Miguel Planchuelo y Jos¨¦ Amedo, afirma que "estuvieron entre s¨ª en contacto durante todo el tiempo que dur¨® el secuestro" y conocieron y acordaron el comunicado transmitido por la Cruz Roja para la liberaci¨®n de Marey, a la que vincularon su supervivencia.

En el caso de Garc¨ªa Damborenea, por no reunir la condici¨®n de autoridad ni funcionario p¨²blico, le aplica penas menos graves.

En cuanto a los otros cinco tambi¨¦n acusados del secuestro, ante la duda de si conocieron el comunicado, el Supremo decide castigarles m¨¢s ben¨¦volamente, especialmente a Michel Dom¨ªnguez, a quien s¨®lo se le condena como c¨®mplice del secuestro, ya que, a¨²n relacionado con los ejecutores del delito, "no realiz¨® ning¨²n acto de detener ni de encerrar".

Un mill¨®n de francos

La existencia del delito de malversaci¨®n -del que fueron acusados Barrionuevo, Vera, Sancrist¨®bal, ?lvarez, Planchuelo y Amedo- lo vincula el Supremo al mill¨®n de francos (18 millones de pesetas de 1983) que se hab¨ªa pactado para el pago de los mercenarios que ejecutaron el secuestro, de los que Amedo pag¨® la mitad, a cuenta.Desde la seguridad con que la sentencia relata que Vera dio ese mill¨®n de francos a Sancrist¨®bal, con el consentimiento de Barrionuevo, del que fueron gastados 575.000 francos (10,3 millones de pesetas) en la ejecuci¨®n del secuestro, el Supremo estima que existe el delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

Al margen de la aplicaci¨®n de la norma penal m¨¢s favorable, el Supremo explica que la conducta es t¨ªpicamente constitutiva de dicho delito, porque sus autores eran autoridades o funcionarios, algunos de los cuales ten¨ªan a su cargo los fondos reservados para la lucha antiterrorista y los utilizaron para la comisi¨®n de un delito. En cuanto a la exigencia del ¨¢nimo de lucro, el Supremo estima que ha de ser interpretada "en un sentido amplio, que comprende cualquier beneficio, incluso no patrimonial, que pueda recibir el propio autor del delito o un tercero, en el supuesto presente el comisario franc¨¦s y los mercenarios con los que ¨¦ste concert¨®".

La sentencia explica que "los ¨²nicos autores propiamente dichos" de este delito son Barrionuevo y Vera, por tener a su cargo la disposici¨®n de los fondos reservados, mientras que los dem¨¢s acusados de ese delito han sido condenados como cooperadores necesarios.

Enemistad no acreditada

Las cuestiones procesales que la sentencia analiza en primer lugar en la parte dedicada a los fundamentos de derecho se inician con el examen de las peticiones de nulidad, con especial insistencia la basada en la instrucci¨®n del caso por el juez Garz¨®n, por enemistad manifiesta con Vera, con quien coincidi¨® en el Ministerio del Interior en la etapa en que el magistrado se dedic¨® a la pol¨ªtica. El Supremo estima que la enemistad manifiesta de Garz¨®n con Vera no ha sido acreditada, ya que no se han probado hechos concretos en ese sentido y "no basta con afirmar tal enemistad por una de las partes, cuando, como aqu¨ª ocurri¨®, la otra lo niega".Las dem¨¢s alegaciones de irregularidades durante la instrucci¨®n del caso por Garz¨®n son igualmente desestimadas por el Supremo, que reprocha a Vera que confunde la "pretendida parcialidad" de Garz¨®n "con la tenacidad en la investigaci¨®n en cumplimiento de su deber".

En cuanto a la prescripci¨®n de los delitos alegada por los defensores, la sentencia considera que no es atendible, dado que cinco a?os despu¨¦s de cometido el delito, en 1988, los 104 ciudadanos espa?oles que ejercieron la acci¨®n popular interpusieron una querella, que fue admitida a tr¨¢mite, contra Amedo, Dom¨ªnguez y "cualesquiera otras personas" responsables de los GAL.