El Gobierno de M¨¦xico intenta recuperar los 9,7 billones que dedic¨® a salvar bancos en 1995

M¨¦xico, un pa¨ªs considerado clave para la estabilidad econ¨®mica en Latinoam¨¦rica, se enfrenta a un problema heredado del pasado en plena crisis financiera en el ¨¢rea: ?qui¨¦n debe pagar los 65.000 millones de d¨®lares (9,7 billones de pesetas) que el Gobierno inyect¨® en el sistema bancario en 1995 para evitar su derrumbe? El Gobierno de Ernesto Zedillo pretende convertir aquel fondo en deuda p¨²blica, una forma de distribuir el coste entre los contribuyentes. La oposici¨®n se niega, y la pol¨¦mica crece en medio de continuas denuncias sobre el destino irregular del dinero.

El proyecto gubernamental de convertir en deuda p¨²blica los 65.000 millones de d¨®lares (9,7 billones de pesetas) desembolsados en el rescate bancario de 1995 centra agriamente la discusi¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica en M¨¦xico, enfrenta al Ejecutivo de Ernesto Zedillo y al grueso empresariado con la oposici¨®n, y amenaza con envenenar las elecciones presidenciales del a?o 2000. "Se pretende que con los ojos cerrados aprobemos la conversi¨®n de los pasivos del Fobaproa (Fondo Bancario de Protecci¨®n al Ahorro) en deuda p¨²blica", protesta Manuel L¨®pez Obrador, dirigente del centroizquierdista Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica (PRD), contrario a endosar al contribuyente la deuda contra¨ªda por las arcas p¨²blicas en aquella operaci¨®n de salvamento. Este partido ha convocado una consulta nacional el pr¨®ximo d¨ªa 30 para que los mexicanos se pronuncien sobre el proyecto oficial.

Cadena de impagados

Tras la cat¨¢strofe financiera de finales de 1994, y las quiebras e impagados en cadena, el Gobierno ten¨ªa dos opciones: nacionalizar la banca o arbitrar fondos para salvarla. Opt¨® por lo segundo. La oposici¨®n niega su apoyo al Gobierno, reclama precisiones sobre c¨®mo se ejecut¨® el rescate, los criterios aplicados en concesi¨®n de las ayudas, y la lista de beneficiarios. La auditoria en marcha, y las ¨®rdenes de busca y captura dictadas por la justicia contra banqueros pr¨®fugos, el s¨²bito enriquecimiento de hombres de negocios y de banqueros supuestamente con el agua al cuello cuando fueron ayudados por el Fobaproa certifican la comisi¨®n de irregularidades. El 18% de la banca mexicana, en estos momentos, pertenece al capital extranjero, con el BBV y el Santander en los primeros lugares.

El Fobaproa niega que hubiera beneficiado a grandes empresas y deudores y asegura haber atendido a los ahorradores. Los cr¨¦ditos y pagar¨¦s actualmente en sus manos provienen de los bancos intervenidos y de las compras de carteras vencidas. Para proteger a los depositantes, aport¨® capital y se convirti¨® en accionista de los bancos insolventes que intervino la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores.

De no haber actuado as¨ª, afirman sus titulares, los ahorradores no hubieran podido recuperar su dinero. De esta manera el Fobaproa se qued¨® como due?o de bancos que hab¨ªan concedido cr¨¦ditos a peque?os y grandes deudores, y compr¨® a otros bancos cr¨¦ditos previo compromiso por parte de los accionistas de aportar nuevo capital.

El pasado jueves, en una postura bien acogida por el Gobierno de Zedillo, el Partido Acci¨®n Nacional (PAN), conservador, vinculado a sectores empresariales, propuso convertir los pagar¨¦s en poder del Fobaproa en instrumentos de deuda que respalden el coste del rescate bancario. El Congreso, a trav¨¦s de un instituto de seguro de dep¨®sitos, controlar¨ªan su emisi¨®n y venta. Asimismo pidi¨® que se reduzca el costo del rescate de los 552.300 millones de pesos actuales (65.000 millones de d¨®lares) hasta los 252.000 millones.

Carlos G¨®mez, presidente de la Asociaci¨®n de Banqueros de M¨¦xico, y del Santander-M¨¦xico, no desconoce el rechazo de la sociedad a correr con el desaguisado. "Hay muchos deudores que se embarcaron en proyectos que no funcionaron. Lo que se debe buscar es que aquellos que puedan paguen. Pero no debe generalizarse". Pero lo que est¨¢ claro es que la oposici¨®n no quiere convertir en deuda p¨²blica cr¨¦ditos fraudulentos, y menos aquellos que financiaron a empresarios que aportaron fondos a las campa?as del oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI). En ese sentido promover¨¢ juicios contra funcionarios, banqueros y deudores que obtuvieron o aprobaron cr¨¦ditos ilegales.