El Supremo canadiense
El Tribunal Supremo de Canad¨¢ ha emitido un dictamen fuertemente contrario al derecho a la secesi¨®n de la provincia mayoritariamente franc¨®fona de Quebec, cuyo Gobierno ya en dos ocasiones ha organizado -y perdido- sendos referendos sobre su separaci¨®n del resto de la federaci¨®n canadiense. La argumentaci¨®n del alto tribunal se apoya b¨¢sicamente en dos series de consideraciones: nada en la legislaci¨®n del pa¨ªs ni en el derecho internacional sustenta la idea de que una regi¨®n, provincia o parte del Estado pueda separarse por propia y unilateral decisi¨®n, y aunque admite que la secesi¨®n es negociable entre las partes, establece una serie de condiciones de grave cumplimiento para que el proceso vaya adelante, como que una mayor¨ªa clara de los habitantes de Quebec se incline por la ruptura, y que se respeten los derechos de los dem¨¢s canadienses.
Separaciones m¨¢s o menos amistosas se han producido contempor¨¢neamente; no s¨®lo la divisi¨®n de Checoslovaquia en Rep¨²blica Checa y Eslovaquia en 1993, o la desintegraci¨®n de la Uni¨®n Sovi¨¦tica en sus rep¨²blicas componentes, sino tambi¨¦n la emancipaci¨®n de Noruega de Suecia en 1905. En el primer caso, el Estado checoslovaco s¨®lo exist¨ªa desde 1918 y como formaci¨®n pol¨ªtica unificada carec¨ªa de todo antecedente hist¨®rico; en el segundo, Noruega hab¨ªa sido adquirida por Suecia al t¨¦rmino de las guerras napole¨®nicas en 1814, como pago de la derrota de Dinamarca, a cuya corona estaba unida. El fin de la Uni¨®n Sovi¨¦tica, por otra parte, no es directamente militar, pero nace del fracaso universal de todo un sistema. Nada parecido ocurre en el caso canadiense.
Y, por ello, las condiciones que enumera el Supremo para admitir la ruptura, y que en la pr¨¢ctica dificultan enormemente la secesi¨®n, tienen much¨ªsimo sentido. Cuando se dice que s¨®lo una clara mayor¨ªa puede impulsar el proceso, aunque no fija m¨ªnimos porcentuales, est¨¢ claro que excluye que baste la mitad m¨¢s uno, como los secesionistas de cualquier rumbo sostienen; y ello es as¨ª porque una victoria de esa naturaleza dividir¨ªa en dos a un pa¨ªs contra s¨ª mismo, adem¨¢s de que, probablemente, dejar¨ªa zonas con mayor¨ªas, incluso fuertes, contrarias a la secesi¨®n. ?Y con arreglo a qu¨¦ teor¨ªa podr¨ªan negar entonces los separatistas a esas provincias de la provincia el derecho a interrogarse sobre su futuro?
Finalmente, la exigencia de que se respeten los derechos del resto de los canadienses suena mucho a que la ciudadan¨ªa y la representaci¨®n pol¨ªtica de las restantes provincias del Canad¨¢ federal hayan de dar su aquiescencia a la separaci¨®n. Por ello, un refer¨¦ndum lo que hace es s¨®lo enunciar el problema en lugar de resolverlo; m¨¢xime si tenemos en cuenta que cuando los secesionistas pierden, como ocurri¨® en 1980 y 1995, no vale y hay que seguir repitiendo la suerte, por lo visto, hasta que salga el ansiado s¨ª.
Las separaciones en el mundo occidental y democr¨¢tico son cosa de dos, y la autonom¨ªa o el federalismo son prudentes versiones de un compromiso ante lo que por su misma esencia no debiera nunca tratar de resolverse recurriendo a la unilateralidad. El pacto de convivencia que da origen a la soluci¨®n auton¨®mica implica por lo general una doble renuncia: a parte del poder que administraba, el Estado, y a la pretensi¨®n independentista, las comunidades que acceden al autogobierno. Lo que no es leg¨ªtimo en ning¨²n caso es jugar con las dos barajas a la vez, como suelen pretender los nacionalistas.
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