La salud mental de los jueces

La noticia publicada el pasado domingo en este peri¨®dico sobre los jueces y magistrados que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) jubil¨® durante los ¨²ltimos ocho a?os por incapacidad permanente plantea el problema de la salud mental de estos profesionales que, adem¨¢s de ocuparse de tareas en las que la capacidad de raciocinio resulta esencial, son titulares de un poder del Estado, el judicial, desde el que administran el derecho fundamental de los ciudadanos a la justicia. Cierto es que otros titulares de los poderes p¨²blicos, los parlamentarios o los miembros del Gobierno, tampoco son inmunes a enfermedades de la mente que perjudiquen su actuaci¨®n como servidores p¨²blicos. Pero en tales casos, aparte de que no debe descartarse la revisi¨®n psiqui¨¢trica de los pol¨ªticos, su poder no es perenne, sino que est¨¢ sometido peri¨®dicamente al voto de los ciudadanos.

En el caso de los jueces, cuya funci¨®n est¨¢ constitucionalmente protegida por la independencia y la inamovilidad, el problema arranca de los procedimientos de selecci¨®n, centrados en la memorizaci¨®n de centenares de temas y ayunos de pruebas psicol¨®gicas que muestren la idoneidad para desempe?ar una funci¨®n tan delicada como la judicial. La ocupaci¨®n de un puesto de oficial en las Fuerzas Armadas o de funcionario en la Uni¨®n Europea exige una previa entrevista con un psic¨®logo. En cambio, de las cualidades mentales de nuestros aspirantes a jueces, al margen de su fabulosa memoria, nada o casi nada sabemos hasta que no comienzan a utilizar la raz¨®n como herramienta clave de su trabajo.

Y es muy posible que las extravagancias o alteraciones ps¨ªquicas evidentes de determinados magistrados originen denuncias que desencadenen expedientes de incapacitaci¨®n que concluyan con un apartamiento de la funci¨®n de juzgar, a pesar de las dificultades que el propio CGPJ reconoce que existen para que esto ocurra. De hecho, las depresiones constatadas en algunos jueces, que les imposibilitaban para poner sentencias, han sido una de las causas m¨¢s frecuentes de incapacitaci¨®n permanente o temporal de magistrados.

Pero resultan m¨¢s preocupantes todav¨ªa los casos en los que la patolog¨ªa de la salud mental del juez o magistrado no es tan visible, a pesar de lo cual el perjuicio de tal enfermedad sobre las decisiones o resoluciones judiciales resulta efectivo. No se trata de ninguna perversi¨®n del juez, sino de una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, pero que en el caso del titular del poder judicial puede afectar a la ciudadan¨ªa con particular nocividad.

La preocupaci¨®n del CGPJ por estas situaciones es positiva, pero en su Libro Blanco de la justicia no ha llegado m¨¢s all¨¢ de propiciar que los informes psiqui¨¢tricos tengan en cuenta la funci¨®n que ejercen los afectados y de propugnar que se encomiende "a una unidad m¨¦dica de valoraci¨®n centralizada el reconocimiento de los jueces y magistrados sujetos a expedientes de incapacidad". El paso que no ha dado todav¨ªa el ¨®rgano de gobierno de los jueces es el de establecer procedimientos de selecci¨®n en los que, junto a la memoria, complementada con el m¨¢ximo posible de pruebas pr¨¢cticas, cuente tambi¨¦n la salud mental de los aspirantes a jueces; pero, sobre todo, el paso que debe dar el CGPJ es el de promover revisiones peri¨®dicas del equilibrio ps¨ªquico de los titulares del poder judicial.

No parece desmedido que los jueces y magistrados, obligados constitucionalmente a motivar sus decisiones -para lo que es imprescindible una salud mental en plena forma-, se sometan peri¨®dicamente a controles ps¨ªquicos. As¨ª ocurre con los pilotos de l¨ªneas a¨¦reas o los conductores del metro. Si hasta los ¨¢rbitros de f¨²tbol son sometidos peri¨®dicamente a revisiones m¨¦dicas, ?c¨®mo puede soslayarse que los jueces y magistrados comprueben cada cierto tiempo que conservan en buen estado su fundamental herramienta de trabajo?