Cuotas

El PSOE ha anunciado la presentaci¨®n de una proposici¨®n parlamentaria para reformar la normativa electoral, de modo que se establezca por ley que todas las listas incluyan al menos un 40% de mujeres. Con esta propuesta, el PSOE da un paso m¨¢s en la pol¨ªtica de discriminaci¨®n positiva que defiende y es consecuente con el principio de la democracia paritaria adoptado en su congreso. El hecho de que no lo cumplieran en las elecciones gallegas indica la dificultad que entra?a ser coherente con una medida de este tipo y refuerza la idea de que si la participaci¨®n de la mujer se deja al albur de la buena voluntad o de la inercia pol¨ªtica, poco se avanza. Pero la idea de resolver esa contradicci¨®n por ley choca con los principios pol¨ªticos liberales.La cuesti¨®n de las cuotas ha sido objeto de un intenso debate, incluso dentro del propio movimiento feminista. EL PA?S siempre la ha apoyado, ya que la pr¨¢ctica demuestra rotundamente que, cuando se ha implantado el sistema de cuota, el efecto ha sido inmediato: el porcentaje de mujeres en el Congreso pas¨® de un 6% a un 17% tras las legislativas de 1989, despu¨¦s de que el PSOE e IU implantaran en sus listas cuotas m¨ªnimas del 25% y el 30%, respectivamente. Los partidos conservadores, y particularmente el PP, han estado en contra de las cuotas, con el argumento de que m¨¢s vale pocas candidatas, pero bien preparadas, que muchas, pero sin suficiente categor¨ªa. Pese a ello, todos los partidos han incluido m¨¢s mujeres en sus candidaturas y el resultado es que hoy lo son el 22% de los diputados.

El PSOE plantea ahora dar un paso m¨¢s y establecer por ley una cuota m¨ªnima en las listas electorales. Se trata de una propuesta pol¨¦mica con argumentos a favor y en contra. En su origen, el sistema de cuotas se justific¨® con el argumento de que garantizando de entrada la presencia de un n¨²mero dado de mujeres en los diversos ¨¢mbitos pol¨ªticos se vencer¨ªa la resistencia psicol¨®gica de las propias mujeres a formar parte de colectivos -grupo parlamentario, consejo de gobierno, comisi¨®n- en los que iban a encontrarse no ya en minor¨ªa, sino en soledad. Se trataba, por tanto, de una pol¨ªtica de impulso de la participaci¨®n femenina, que ha tenido efectos muy positivos. En la medida en que ello provocase los deseables cambios de mentalidad, esa actitud dejar¨ªa de ser necesaria.

El paso de ese impulso a la llamada democracia paritaria, que defiende que se garantice la equiparaci¨®n de hombres y mujeres en todas las instituciones, es m¨¢s discutible. Especialmente si se pretende convertirlo en ley. Hasta ahora, la mayor participaci¨®n de las mujeres ha sido criterio de diferenciaci¨®n entre la izquierda y la derecha. Convertir en obligatorio el diferente criterio de cada formaci¨®n pol¨ªtica tiene dif¨ªcil encaje en los principios de competencia y libertad ideol¨®gica de las mismas. Pretender llevar ese criterio a la Administraci¨®n plantea adem¨¢s problemas de coherencia jur¨ªdica. La aplicaci¨®n "de forma absoluta e incondicional" de la paridad en la Administraci¨®n fue expresamente rechazada por el Tribunal de Luxemburgo en una famosa sentencia que daba la raz¨®n a un hombre que hab¨ªa perdido el empleo a favor de una mujer que hab¨ªa obtenido id¨¦ntica calificaci¨®n.

La equiparaci¨®n debe ser el resultado de un cambio de mentalidad. Pero mientras llega ¨¦ste, la aplicaci¨®n de cuotas es indispensable para corregir situaciones de hecho, como otras muchas discriminaciones positivas que se aplican habitualmente en el seno de las democracias avanzadas. Que se tenga que hacer por obligaci¨®n legal es lo m¨¢s dudoso.