Pero, ?hay competencia en el mercado el¨¦ctrico?

Ser¨ªa tremendamente injusto que Piqu¨¦ se fuera del Ministerio de Industria y Energ¨ªa vanaglori¨¢ndose de haber tra¨ªdo la competencia (la de verdad, no la ama?ada) a un sector clave de la econom¨ªa espa?ola como es el el¨¦ctrico.No merece la pena perder espacio comparando el marco estable anterior con el nuevo protocolo, ni la vieja LOSEN con la nueva Ley del Sistema El¨¦ctrico. Me interesa tan s¨®lo resaltar que la tan publicitada liberalizaci¨®n del sector el¨¦ctrico que el Gobierno se empe?a en incluir entre las ben¨¦ficas reformas estructurales que nos han llevado al euro es falsa. No es tal liberalizaci¨®n como es sencillo de razonar sin la m¨ªnima separaci¨®n de la realidad.

Aqu¨ª ha habido gente (los socialistas, entre otros) que nos hemos negado a aceptar porque s¨ª que la rebaja de tarifas fuese la consecuencia del libre juego en el mercado entre una oferta concentrada y una demanda cautiva. Pero ¨¦sa era la ortodoxia que hab¨ªa que argumentar desde el ministerio y desde la mayor¨ªa parlamentaria, contra toda l¨®gica y raz¨®n. Por contraposici¨®n, los heterodoxos entend¨ªamos que el retroceso de las tarifas obedec¨ªa a causas mucho m¨¢s objetivas y mensurables: la ca¨ªda de tipos de inter¨¦s y la reducci¨®n del precio de las materias primas energ¨¦ticas, por citar tan s¨®lo dos.

Y con tanto ardor y convicci¨®n defend¨ªa Piqu¨¦ su ficci¨®n liberalizadora que en un simp¨¢tico ejercicio de ilusionismo pol¨ªtico lleg¨® a vincular la bajada de tarifas de 1997 con una ley -la suya- que no entr¨® en vigor hasta 1998. Como poco, es extra?o. Pero esto de las liberalizaciones de la derecha es as¨ª: se creen o no se creen, sin t¨¦rminos medios, ni dudas razonables. Por eso el ministro y su equipo no aceptaron ni una sola de las razones que se le esgrimieron desde la oposici¨®n cuando se le pidi¨® que las tarifas no se redujeran en un escaso 3,6%. Porque es claro y f¨¢cil de entender que, de acuerdo con las condiciones pactadas en el protocolo, la rebaja pod¨ªa haber sido mayor, infinitamente mayor. No ya del 8,6% que propon¨ªa la Comisi¨®n Nacional del Sistema El¨¦ctrico, sino del m¨¢s mesurado 5% que propuso el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisi¨®n de Industria y Energ¨ªa del Congreso de los Diputados.

Aquella decisi¨®n de no utilizar todas las posibilidades de reducci¨®n la tom¨® Piqu¨¦ a sabiendas de que lo hac¨ªa en beneficio de las empresas y en detrimento de los intereses de los consumidores. Y habr¨ªa sido razonable que mediado el a?o se hubiera revisado la tarifa para repartir de modo m¨¢s equitativo entre compa?¨ªas el¨¦ctricas y consumidores los beneficios derivados de la nueva ca¨ªda de tipos y del aumento de la demanda. As¨ª, la coyuntura de 1998, extraordinariamente favorable, beneficiar¨¢ en exclusiva a las empresas porque as¨ª lo ha decidido la autoridad energ¨¦tica.

Pero abandonemos el mundo de las tarifas para viajar al del mercado mayorista de la electricidad. Un segmento del mercado en el que se obtiene respuesta al interrogante fundamental: la liberalizaci¨®n del sector, ?es verdadera o falsa? Pues bien, quienes se mueven en tal mercado, plagado de conceptos t¨¦cnicos, hablan de consumidor cualificado. Se refieren con ello a una condici¨®n que s¨®lo se adquiere si se cumplen determinados requisitos, entre los que destaca un nivel determinado de consumo, por debajo del cual ya no se puede participar en ese mercado (la jerga al uso prescribe que en ese caso ya no se es elegible). Entonces ser¨ªa coherente suponer que un ministro a quien no se le cae de la boca la palabra mercado, hubiera hecho todo lo posible por alumbrar, al menos, un verdadero mercado mayorista de electricidad. Pero no, Piqu¨¦ hizo todo lo contrario. Forz¨®, incluso, el contenido de la Ley El¨¦ctrica para impedir la agregaci¨®n de consumos de distintos puntos de un ¨²nico consumidor; y con ello dificult¨® hasta extremos inconcebibles la adquisici¨®n de la condici¨®n de elegible que qued¨® reservada a muy pocos grandes consumidores. Despu¨¦s, en el desarrollo reglamentario de la ley, fue tan cicatero con la libertad que estableci¨® condiciones en materia de cargos por peajes y garant¨ªa de potencia, que ahog¨® cualquier atisbo serio de competencia. La consecuencia de todo ello es elemental: el n¨²mero de contratos suscritos de acuerdo con las nuevas normas (y, en particular, el contenido de los mismos) es el mejor indicio de que el mercado de la electricidad es una pura ficci¨®n literaria.

Piqu¨¦, en suma, levant¨® barreras en lugar de allanarlas. Y justo es decir que esa actitud fue reiteradamente denunciada por la Comisi¨®n Nacional del Sistema El¨¦ctrico y por las organizaciones de consumidores. Tan cierto como que la oposici¨®n se lo record¨® una y otra vez a lo largo del tr¨¢mite de la ley. Por eso, ahora, los "malos resultados" (el juicio procede del ministerio) del nuevo modelo el¨¦ctrico de "competencia sin competencia" (el juicio ahora es m¨ªo) ha convencido a la autoridad energ¨¦ticas de la necesidad de llevar adelante t¨ªmidas reformas en la direcci¨®n que se le apunt¨® extramuros de la mayor¨ªa parlamentaria.

Por lo dem¨¢s, el sector acepta que alguna modificaci¨®n habr¨¢ que acometer en el desarrollo de la ley para que los resultados tengan alg¨²n viso de lo que se entiende por mercado. Pero, a su vez, desde las empresas se transmite la idea de que una consideraci¨®n renovada de la Ley 54/97 debiera de vincularse a "compensaciones" a las compa?¨ªas (de las que procede en este caso el t¨¦rmino entrecomillado).

Toda esta pol¨¦mica que se avecina tiene su origen en los Costes de Transici¨®n a la Competencia (CTC). Se trata de una cifra de dos billones de pesetas en torno a la cual ya se han conocido las apetencias de las el¨¦ctricas, que hablan de ella como si se tratase de unos derechos que la ley les reconoci¨®. Sin embargo, las cosas no son as¨ª. Piqu¨¦ no puede olvidar que el Congreso no reconoci¨® derecho alguno a los beneficiarios de los CTC; lo que constat¨®, simplemente, fue la existencia de unos costes de transici¨®n al r¨¦gimen de mercado competitivo. De ah¨ª que se estableciera una cifra m¨¢xima a percibir por el sector (muy superior a los c¨¢lculos m¨¢s ajustados, por cierto) y se otorgase al Gobierno la posibilidad de reducirla en funci¨®n de la evoluci¨®n del negocio de la generaci¨®n.

Es meridianamente claro, por tanto, que no es lo mismo el reconocimiento de un derecho que la concesi¨®n graciable del mismo sometida a las condiciones de cada momento. La distinci¨®n, a los efectos que me ocupan, no es balad¨ª. Y no lo es porque sobre la base de un hipot¨¦tico e inadmisible incumplimiento de las decisiones tomadas en el Congreso de los Diputados, las compa?¨ªas han echado a rodar la idea de la titulizaci¨®n de los CTCs. Expresado en otros t¨¦rminos (una titulizaci¨®n no es sino la cesi¨®n de derechos al mercado financiero), lo que las empresas pretenden es obtener hoy los recursos que de modo incierto van a ingresar en la pr¨®xima d¨¦cada.

Pero esa posibilidad que acaricia el sector es inadmisible por dos motivos. Uno lo reitero: a las empresas no se les ha reconocido derecho alguno conforme a la decisi¨®n del Parlamento; otro porque, de llevar a cabo la titulizaci¨®n de los CTC, se establecer¨ªa una barrera de entrada al sector de tal altura que ser¨ªa insalvable para nuevos competidores.

Por si fuera poco, la propia existencia de los CTC est¨¢ sometida en estos momentos al ojo escudri?ador de Van Miert, que determinar¨¢ si esas ayudas se ajustan a la normativa europea de la competencia. Ello, a?ade, es obvio, mayores dosis de incertidumbre a la pretensi¨®n liberalizadora. En conclusi¨®n, el juicio sobre una pol¨ªtica liberalizadora concreta, si quiere huir de la arbitrariedad y el subjetivismo, debe fundarse en indicadores objetivos. Por tanto, al margen de las tarifas, que debieran reducirse a mayor ritmo sin que las cuentas de resultados de las empresas se precipitaran al vac¨ªo, hay otro pu?ado de indicadores que son susceptibles de utilizaci¨®n para dilucidar entre el ¨¦xito o el fracaso del nuevo marco regulatorio. Entre ellos se cuentan el grado de participaci¨®n en el mercado de consumidores cualificados, la incorporaci¨®n al negocio de nuevos agentes, la creaci¨®n de entidades comercializadoras en sus diversas modalidades, el incremento de los intercambios con agentes externos y, por no citar muchos m¨¢s, el desarrollo del mercado de derivados el¨¦ctricos. Pues bien, ninguno de ellos es hoy reconocible en el remedo de mercado el¨¦ctrico espa?ol.

En suma, la transformaci¨®n regulatoria del mercado el¨¦ctrico de la que Piqu¨¦ es responsable no es, ciertamente, m¨¢s que pura cosm¨¦tica y ruido publicitario. As¨ª que, por m¨¢s que reiteradamente el mercado y la competencia se utilicen como jaculatorias en el discurso pol¨ªtico, los hechos son los hechos.