M¨¦xico protesta por el plan de EE UU de instalar un basurero nuclear en la frontera

El irrespetuoso y tradicional dictado de que los vecinos de arriba echan la basura en los de abajo parece cumplirse de nuevo. Estados Unidos ha decidido que el lugar m¨¢s id¨®neo para un vertedero radiactivo es un pedazo de desierto en su frontera con M¨¦xico. Los primeros pasos legales ya se han dado para que la comunidad tejana de Sierra Blanca, a 25 kil¨®metros del territorio mexicano, albergue un basurero de desechos peligrosos. Las instalaciones, seg¨²n los expertos, ser¨¢n limpias y seguras. Los mexicanos han puesto el grito en el cielo: es "racismo ecol¨®gico".

El fantasma del cementerio de Sierra Blanca, adormecido desde hace cuatro a?os, revivi¨® bruscamente el mi¨¦rcoles, cuando el Senado norteamericano aprob¨® el proyecto de ley S-270 o Texas Compact, que autoriza a los Estados de Vermont y Maine (fronterizos con Canad¨¢) a trasladar sus residuos nucleares de baja intensidad a suelo tejano, en el extremo sur del pa¨ªs.El documento, que a¨²n debe ratificar el presidente Bill Clinton, pone los cimientos de lo que hasta ahora era un proyecto difuso: la construcci¨®n de un basurero radiactivo en un paraje semides¨¦rtico, junto a una empobrecida comunidad de 700 personas... y pegado a M¨¦xico.

Apenas 30 kil¨®metros separar¨¢n al cementerio de Sierra Blanca de Ciudad Ju¨¢rez, la populosa localidad fronteriza del Estado de Chihuahua.

Las autoridades de Tejas tienen la ¨²ltima palabra, y no parece que el asunto les quite el sue?o, puesto que la propia poblaci¨®n local est¨¢ de acuerdo. Y es que, junto a las garant¨ªas t¨¦cnicas ofrecidas por los expertos, el condado de Hudspeth, donde se encuentra Sierra Blanca, cuenta con otro incentivo jugoso: los 50 millones de d¨®lares (unos 7.500 millones de pesetas) que recibir¨¢ anualmente de Vermont y Maine.

Este clima de feliz armon¨ªa contrasta con la tormenta que el proyecto ha desencadenado en M¨¦xico. Las protestas de partidos pol¨ªticos, organizaciones ecologistas y del propio Gobierno se suceden con el desgarro propio de la impotencia. Primero brotaron los negros vaticinios sobre los efectos medioambientales y sanitarios del cementerio, cuya proximidad al R¨ªo Bravo, que abastece a los Estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo Le¨®n y Tamaulipas, ha despertado toda clase de temores.

Y despu¨¦s estall¨® la indignaci¨®n ante la prepotencia del vecino del norte, que ha desde?ado los llamados Acuerdos de La Paz firmados por ambos pa¨ªses en 1983, que recomiendan mantener libre de desechos peligrosos una franja de 100 kil¨®metros a cada lado de la frontera.

Fibra sensible

La Comisi¨®n Mexicana de Seguridad Nuclear ha decidido matizar las cosas. El proyecto, dice, cumple todos los requisitos internacionales. Los desechos radiactivos ser¨¢n colocados bajo tierra dentro de cilindros de cemento reforzados con acero. El peligro de filtraciones es inexistente: los acu¨ªferos no reciben recarga del agua de lluvia de la zona y, adem¨¢s, no tienen conexi¨®n con el R¨ªo Bravo. M¨¢s all¨¢ de las cuestiones t¨¦cnicas, sin embargo, el conflicto del cementerio t¨®xico ha tocado la sensible fibra del respeto pol¨ªtico entre dos vecinos en condiciones de desigualdad. La frontera con Estados Unidos es para M¨¦xico una herida que supura constantemente con los problemas de la inmigraci¨®n ilegal y el narcotr¨¢fico. Sierra Blanca abre una nueva llaga. Algunos lo llaman "racismo ecol¨®gico".

Peligroso precedente

"Lo que est¨¢ en juego", dice Alejandro Calvillo, director de Greenpeace en M¨¦xico, "es el futuro ambiental de la zona fronteriza". O, como dice el escritor Homero Aridjis, presidente del ecologista Grupo de los Cien, que Estados Unidos se sienta autorizado "para arrojar al vecino del sur m¨¢s porquer¨ªas en el futuro".La dirigente del izquierdista Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica (PRD) Laura Itzel Castillo resalt¨® que adem¨¢s Sierra Blanca es una localidad pobre donde vive gran n¨²mero de inmigrantes hispanos.

El problema no parece tener mayor remedio. A pesar de ello, el Congreso mexicano ha anunciado que presentar¨¢ una demanda en el Tribunal Internacional de La Haya; y Rosario Green, secretaria de Relaciones Exteriores, sigue confiando en que las conversaciones diplom¨¢ticas disuadan a Estados Unidos de la construcci¨®n del confinamiento.

Su optimismo contrasta con la cruda frase pronunciada por la ministra de Medio Ambiente, Julia Carabias: "El Gobierno mexicano ha aplicado todas las herramientas a su alcance. No tenemos m¨¢s".