El Gobierno catal¨¢n renuncia a imponer un canon al agua de riego

El canon del agua no gravar¨¢ los regad¨ªos. La oposici¨®n provocada por el primer anteproyecto entre los agricultores ha convencido al Gobierno catal¨¢n de que extender el impuesto al campo no era conveniente en v¨ªsperas electorales. La ¨²ltima redacci¨®n exime del pago a los campesinos, al tiempo que establece una pr¨®rroga hasta el 2003 para los impuestos impagados en la guerra del agua.

El Gobierno catal¨¢n ten¨ªa previsto informar al consejo local sobre el anteproyecto de ley del agua. Este paso es previo a su entrada en el Parlament, pero la reuni¨®n fue cancelada sin mayores explicaciones. La oposici¨®n atribuye el hecho a que las negociaciones sobre el proyecto de ley no han terminado. Durante la pasada semana, los responsables de redactarlo mantuvieron varias reuniones con representantes de diversos partidos. "Es un proyecto que parece no satisfacer a nadie", comentaron ayer fuentes conocedoras de la negociaci¨®n, que a?adieron que la mayor oposici¨®n proced¨ªa de Iniciativa per Catalunya (IC) y del PP. Sin embargo, la ¨²ltima redacci¨®n, ya de forma articulada, recoge algunas de las peticiones de sectores que, en un principio, rechazaron la ley. As¨ª, los campesinos han visto como era suprimido el canon por regad¨ªo. La negociaci¨®n con la plataforma del recibo del agua, en cambio, se mantiene en punto muerto. La redacci¨®n propuesta por el Ejecutivo ofrece a quienes no han pagado los impuestos que acompa?an el recibo del agua que puedan hacerlo en un plazo de cuatro a?os (del 2000 al 2003), de forma fraccionada y sin intereses. Para acogerse a esta medida es indispensable abonar el primer plazo. Quienes no lo hagan pierden la posibilidad de acogerse a la moratoria y ser¨¢n perseguidos por la v¨ªa del constre?imiento, seg¨²n la ¨²ltima redacci¨®n de la ley, que lleva fecha 28 de agosto. Un portavoz del Departamento de Medio Ambiente asegur¨® ayer que este texto est¨¢ tambi¨¦n abierto a correcciones. El hecho es que la disposici¨®n final, que se mantiene del anteproyecto original, impone un calendario contrarreloj, al establecer como plazo para la entrada en vigor de la ley el 1 de enero de 1999. Este es un punto de fricci¨®n con los socialistas, que prefieren no correr tanto y fijar como t¨¦rmino el 1 de enero del 2000. El proyecto incluye diferentes cautelas para evitar que se reproduzca una situaci¨®n similar a la actual, cuando 70.000 familias rechazan abonar los impuestos a?adidos al recibo del agua. La ley mantiene las deducciones para familias numerosas y con ingresos inferiores al salario m¨ªnimo y reconoce bases imponibles diferentes para el consumo dom¨¦stico y el hotelero y los c¨¢mpings.