La oposici¨®n exige que el municipio se persone en el juicio del caso de la sauna

La oposici¨®n municipal sigue presionando al equipo de gobierno del alcalde Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, del PP, para que reaccione contra la red de presunta corrupci¨®n destapada con el caso de la sauna gay Para¨ªso. Cuatro funcionarios han sido imputados por el juez por un supuesto delito de cohecho al aceptar dinero a cambio de licencias para abrir locales. IU lanz¨® a media ma?ana la idea: que el Ayuntamiento se persone en el juicio como acusaci¨®n particular. El PSOE se sum¨® a la iniciativa.Los partidos de la izquierda en el Ayuntamiento tambi¨¦n exigieron ayer que a los funcionarios denunciados se les aparte de los puestos que actualmente ocupan. Tres de los cuatro empleados trabajan en el mismo lugar y con el mismo cargo que cuando salt¨® el caso, en el verano de 1996: Carmelo Garc¨ªa S¨¢nchez, en Gerencia de Urbanismo; Jer¨®nimo Mart¨ªn Fuentes, en el ¨¢rea de Obras, y Antonio Ram¨ªrez Rodr¨ªguez, en la Junta de Moncloa; el cuarto empleado implicado es Juan Mar¨ªa Beltr¨¢, que trabajaba en la Junta de Centro pero que ahora desempe?a sus labores en un centro de la Universidad Nacional de Educaci¨®n a Distancia (UNED) asociado al Ayuntamiento. Francisco Herrera, portavoz municipal de IU, afirm¨® que "la presunci¨®n de inocencia acaba cuando el juez les imputa un delito".

El alcalde respondi¨® ayer que no piensa trasladar a los funcionarios implicados hasta que no haya sentencia firme, "porque este asunto est¨¢ reglado y por ley no se puede hacer". El regidor a?adi¨® que fue el Ayuntamiento "el que empez¨® a investigar estos hechos". El Ayuntamiento, en agosto de 1996, suspendi¨® a los funcionarios de empleo y sueldo por seis meses, tiempo m¨¢ximo permitido por la ley.

El concejal de Personal, Sigfrido Herr¨¢ez, del PP, matiz¨® ayer que el Ayuntamiento no puede expulsar a estos funcionarios hasta que no haya sentencia firme. Y tampoco "puede seguir pagando el sueldo a estos empleados y apartarlos de su puesto de trabajo, porque eso contraviene un real decreto de 1995 en el que se regulan las situaciones administrativas". Eso s¨ª, el edil considera que, dada la lentitud de la justicia en resolver los casos, "el plazo de seis meses de inhabilitaci¨®n deber¨ªa ser mayor, pero eso es algo que corresponde al Gobierno central". En el caso de la sauna gay, adem¨¢s de los cuatro funcionarios implicados, el juez ha imputado un delito de cohecho al due?o del local, Francisco Herrero; a un ingeniero industrial, Francisco Garrido; a un delineante, Roberto Mart¨ªnez, y a Max Kraege, gerente de la empresa TUV.