Licencia a¨²n m¨¢s amplia para matar a los hijos
Nota literal, incluido el t¨ªtulo, del Comit¨¦ Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Espa?ola ante el nuevo debate sobre el aborto en el Parlamento:1. El pr¨®ximo d¨ªa 22 se debatir¨¢n de nuevo en el Parlamento tres proposiciones de ley sobre el aborto. Estas proposiciones son todav¨ªa m¨¢s injustas que la actual legislaci¨®n despenalizadora. Las Leyes vigentes al menos establecen la obligaci¨®n te¨®rica de acreditar que se dan ciertos supuestos graves para que el delito del aborto no sea penalizado. En cambio, lo que ahora se pretende es que los hijos queden a disposici¨®n de la voluntad soberana de la madre, la cual, tras un tr¨¢mite de "informaci¨®n", podr¨¢ decidir la muerte de su hijo no s¨®lo ante la pasividad y complicidad del Estado, sino incluso con su colaboraci¨®n. No necesitar¨¢ para ello acreditar la existencia de ninguna circunstancia grave ni leve. Bastar¨¢ con que ella piense que el ni?o le perjudica de alguna manera. Adem¨¢s, se niega a los profesionales de la sanidad el derecho a la objeci¨®n de conciencia.
2. La Iglesia es consciente de las dificultades que en muchos casos pueden influir en la decisi¨®n de la mujer de recurrir al aborto. Pero no se puede admitir desde el punto de vista ¨¦tico que para resolver esas dificultades se autorice o permita la eliminaci¨®n de la vida del ser que ella ha concebido. Por ello, denunciamos con toda energ¨ªa est¨¢s proposiciones vergonzosas que ampl¨ªan la posibilidad de matar a los hijos que a¨²n no han nacido, pero que son ya verdaderos seres humanos, como lo hemos sido todos nosotros en las primeras fases de nuestra existencia. La legislaci¨®n actual debe ser modificada, pero no para empeorar la situaci¨®n, sino para proteger de manera adecuada el derecho a la vida de los seres humanos m¨¢s inocentes e indefensos. Las proposiciones que se debatir¨¢n el d¨ªa 22, por permitir que se viole el derecho fundamental a la vida son radicalmente inmorales. Seguramente son tambi¨¦n inconstitucionales, pues el Estado renuncia con ellas a lo que el Tribunal Constitucional consider¨® en su sentencia de 1985 que es exigido por la Constituci¨®n: proteger eficazmente la vida del ser concebido y no nacido, con la ¨²ltima garant¨ªa de las normas penales. En este caso, la objeci¨®n de conciencia es un derecho natural que est¨¢ adem¨¢s garantizado por la Constituci¨®n.
3. Apelamos a la responsabilidad moral de los legisladores y los pedimos que sopesen sin partidismos ni electoralismos, las consecuencias sociales de sus decisiones. Un pueblo que mata a sus hijos al amparo de leyes inicuas, pone en tela de juicio su futuro y las mismas bases de su convivencia en justicia y libertad. Animamos a toda la sociedad, a cuantos reconocen la dignidad de la vida de todo ser humano, y especialmente a los cat¨®licos, a no permanecer impasibles ante estos hechos. Quebrantar el mandamiento divino "no matar¨¢s" y contravenir la ley natural que nos pide respetar el derecho de todo ser humano a la vida, no s¨®lo es una grav¨ªsima injusticia, sino un acto de despotismo. A la luz de una ¨¦tica pol¨ªtica elemental, los legisladores no pueden autorizar o permitir a nadie disponer de la vida de un ser humano inocente. Quien pretende legislar contra la moral entra en el camino de la prepotencia y de la violaci¨®n de los derechos humanos.
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