Justicia eficaz

El comienzo del a?o judicial acostumbra a ser una oportunidad para examinar el estado de salud de la justicia en nuestro pa¨ªs, analizar avances o retrocesos y diagnosticar en definitiva las patolog¨ªas que afectan m¨¢s directamente a los ciudadanos. El presidente del CGPJ, Javier Delgado, se?al¨® en su discurso como enemigo p¨²blico n¨²mero uno de la justicia espa?ola la exasperante lentitud con que se resuelven los casos y se pronuncian las sentencias. No es dif¨ªcil estar de acuerdo con esta apreciaci¨®n. Ninguna comunidad puede desarrollarse de forma estable y sin sobresaltos si los pleitos se acumulan sin resolver, las sentencias no se dictan o los recursos se aplazan, mientras crece la irritaci¨®n de quienes se ven obligados a recurrir a los tribunales. Todos los ejercicios sociales quedan afectados por esta disfunci¨®n, desde la actividad pol¨ªtica hasta la cultural.En este sentido, la autocr¨ªtica contenida en el discurso del presidente del Tribunal Supremo excusa cualquier otra consideraci¨®n. Efectivamente, es posible afirmar que en Espa?a existe ya "una tutela judicial efectiva", excepto en lo que ata?e "al plazo razonable de duraci¨®n del proceso". A menudo tiene que ver con la actuaci¨®n obstruccionista de los acusados, pero es obligaci¨®n de los legisladores reformar las leyes procesales para impedirlo. La irritante demora con que se sustancian los casos aumenta la sensaci¨®n de desprotecci¨®n legal de los ciudadanos y pone en riesgo el prestigio que los tribunales deben tener entre la poblaci¨®n.

No basta con reconocer que los tribunales ponen a prueba la paciencia de los ciudadanos; la credibilidad del Estado y del poder judicial exige que se cuente con un plan de actuaci¨®n para poner al d¨ªa los juzgados y acabar con los casi 25.000 casos que quedan por resolver en el Supremo, los 19.000 pendientes en la Audiencia Nacional o los 273.000 expedientes irresueltos en los tribunales superiores de justicia, por mencionar las cifras conocidas. El discurso de Delgado fue menos preciso en esto, cuando lo que esperan o¨ªr los ciudadanos son propuestas de soluci¨®n.

Para que este proyecto se haga efectivo hay que salirse de los problemas directamente corporativos y volver al terreno de la pol¨ªtica. En la primera reuni¨®n que mantuvieron el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, Joaqu¨ªn Almunia plante¨® como terreno prioritario de consenso la reforma de la justicia, sin que hubiera respuesta de La Moncloa durante meses. Y cuando la hubo fue gen¨¦rica y meramente de tr¨¢mite. ?Qu¨¦ fue, por lo dem¨¢s, del Libro Blanco de la justicia presentado hace un a?o por el CGPJ? El Gobierno tiene ah¨ª al menos un punto de partida. Lo que no puede hacer es dejar que todo siga igual. Si hay un sector en el que la acci¨®n del Ejecutivo ha sido desastrosa -y no s¨®lo por la politizaci¨®n-, ¨¦ste ha sido el de la justicia. Su titular, Margarita Mariscal de Gante, brilla por la aton¨ªa y la mediocridad.

Todo esto no justifica, por supuesto, el plante de los representantes socialistas en la sesi¨®n de apertura del a?o judicial, como respuesta al comunicado del presidente del Supremo, a prop¨®sito de las reacciones pol¨ªticas a la sentencia del caso Marey..