Los juristas critican la actuaci¨®n de la Generalitat con los menores "ilegales"

Diferentes juristas coincidieron ayer en criticar la actuaci¨®n que ha tenido en los ¨²ltimos meses la Generalitat de Catalu?a hacia un colectivo de menores magreb¨ªes que viven en las calles de Barcelona en situaci¨®n de desamparo. En este tiempo, los ni?os han sido puestos a disposici¨®n de la administraci¨®n auton¨®mica y, o bien se han escapado de los centros de acogida, o, en otros casos, ha sido la Generalitat quien se ha desentendido de ellos.

La polic¨ªa considera que este colectivo lo componen unos 100 ni?os magreb¨ªes que han llegado a Barcelona huyendo de presi¨®n que se ejerce sobre ellos en pa¨ªses como Francia o Alemania. Otros colectivos de voluntarios que trabajan desde hace a?os con inmigrantes extranjeros elevan la cifra a m¨¢s de 200 ni?os en la capital catalana y a unos 400 en el conjunto de Catalu?a.En cualquier caso, todas las fuentes coinciden en que se trata de j¨®venes que en la pr¨¢ctica totalidad de los casos no tienen familia y que se encuentran en una situaci¨®n de predelincuencia por la situaci¨®n de marginalidad en la que viven. La mayor¨ªa tienen entre 14 y 17 a?os, pero tambi¨¦n hay de 12 y 13.

Contrariamente a lo que han se?alado algunas informaciones, la polic¨ªa no tiene constancia que los ni?os est¨¦n explotados o formen parte de una red. Los colectivos de voluntarios que trabajan con ellos ratifican esta opini¨®n, aunque admiten que alguno de ellos puede haber cometido alg¨²n peque?o delito.

En lo que llevamos de a?o, el Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Barcelona realiz¨® 448 personaciones de estos ni?os a la Direcci¨®n General de Atenci¨®n a la Infancia de la Generalitat (DGAI). Las cifras oficiales aseguran que la media es que un mismo ni?o magreb¨ª ilegal fuese presentado una media de tres veces al a?o, aunque como se explica en el art¨ªculo que acompa?a a ¨¦ste, se han producido casos en los que un menor ha sido traslado varias ocasiones durante un mismo d¨ªa.

Las cr¨ªticas de los juristas consultados por este diario se centran precisamente en la actuaci¨®n de la DGAI cuando reciben estos ni?os y en la ausencia de una programa de actuaci¨®n hacia ellos. La situaci¨®n m¨¢s grave y m¨¢s cr¨ªtica, seg¨²n los juristas, se produjo a primeros de este a?o en dos centro abiertos situado en Barcelona y Manresa.

Diversas fuentes han coincidido en explicar que la DGAI no s¨®lo no se hizo cargo de los ni?os que les llev¨® la polic¨ªa sino que les ofreci¨® la posibilidad de que firmasen una hoja en el que el menor declaraba que no deseaba estar bajo la tutela del centro al que hab¨ªa sido conducido. Ese documento, del que se entregaba una copia al menor, hac¨ªa constar su supuesta identida y fecha de la detenci¨®n por parte de la polic¨ªa.

Documento oficial

Se trata de un documento con el sello oficial del centro y extra¨ªdo por ordenador, siguiendo el modelo de cualquier formulario y con espacios en blanco para el nombre y la fecha de cada caso. "Eso es una aut¨¦ntica barbaridad", asegura una juez de familia de Barcelona que prefiere quedar en el anominato. "La ley encarga a la Generalitat la funci¨®n de tutelar a los menores de 18 a?os que est¨¦n en desamparo, sea cual sea su situaci¨®n legal o procedencia", asegura.La expedici¨®n de esos documentos cesaron por parte de la DGAI cuando el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet denunci¨® la situaci¨®n. Ramon Buscall¨¤, el m¨¢ximo responsable de la DGAI, por el contrario, considera que no se puede limitar la libertad a un menor que no ha delinquido, al tiempo que reclama una modificaci¨®n legislativa para controlar a estos j¨®venes. La Generalitat tiene transferidas desde hace a?os estas competencias, que actualmente dependen de Justicia y antes estaban adscritas a Bienestar Social.

Por su parte la abogada matrimonialista Mar¨ªa Jos¨¦ Varela, asegur¨® que "es curioso contrastra que haya tanta codicia por los ni?os reci¨¦n nacidos y tanta pasividad con otros que de verdad necesitan ayuda". En id¨¦nticos t¨¦rminos se expres¨® el abogado Jordi Galdeano, de SOS Racismo.