La ponencia ling¨¹¨ªstica de Jueces para la Democracia critica la defensa del traductor que hizo el Constitucional

La ponencia sobre cooficialidad ling¨¹¨ªstica que se discutir¨¢ a partir de ma?ana en el XIII congreso de Jueces para la Democracia critica la interpretaci¨®n que sobre la utilizaci¨®n de los traductores en los juicios hizo en 1997 el Tribunal Constitucional. Frente a la tesis de la idoneidad de la figura del traductor, la propuesta considera que el citado auto "sent¨® un precedente que en nada contribuye a lograr la pacificaci¨®n del debate y su correcto encauzamiento". Y dice que el Constitucional olvida el derecho de ciudadanos y abogados que hablan otras lenguas a no ser "tratados como extranjeros en su pa¨ªs".

La ponencia, en cuya redacci¨®n han participado miembros de la secci¨®n de la vasca de la asociaci¨®n judicial progresista, critica al alto tribunal por establecer que los componenes de los ¨®rganos judiciales no tengan obligaci¨®n alguna de conocer el idioma cooficial de su comunidad aut¨®noma. Y considera que, al potenciar la figura del int¨¦rprete como intermediario entre juez y ciudadano, el Constitucional "s¨¦nt¨® las bases de un callejon sin salida", que "provocar¨¢ un aumento del di¨¢logo de sordos en que se est¨¢ convirtiendo este tema". El texto constata que "los tribunales de justicia son, hoy por hoy, en su gran mayor¨ªa y salvando honrosas excepciones, islas monoling¨¹es en un Estado pluriling¨¹e, en las que no tienen plena efectivad los derechos ling¨¹¨ªsticos de sus ciudadanos, pues aunque formalmente se les respeten, en la pr¨¢ctica cotidiana no es as¨ª; cuando menos, no en r¨¦gimen de igualdad paritaria con el castellano". Ante esta situaci¨®n, los redactores de la ponencia creen que una asociaci¨®n como Jueces para la Democracia, "progresista, plural y franca", no puede postergar el debate de la cooficialidad de las lenguas en la Administraci¨®n de Justicia "alegando razones de oportunidad" y abogan por "defender las se?as de identidad de los distintos pueblos", como la lengua. Porque "no es mediante una pol¨ªtica de hechos consumados en favor de uno o de otro idioma cooficial como vamos a encontrar soluciones al problema", a?aden. La "conflictividad" que ha generado el debate sobre el uso del euskera en los juicios -que desemboc¨® en el Pa¨ªs Vasco en una campa?a de amenazas a magistrados por parte del Sindicato de Abogados Euskaldunes- anima a los redactores de la ponencia a buscar soluciones "reales y efectivas". Aunque el documento es deudor, incluso en su lenguaje, de postulados nacionalistas, dice pretender no relacionar los "derechos ling¨¹¨ªsticos con posiciones nacionalistas". "Cuando dos idiomas comparten un mismo espacio geogr¨¢fico, el avance de uno significa inexorablemene la reubicaci¨®n del otro", se dice en la ponencia, que considera la lengua "derecho fundamental". Los ponentes mantienen que en Espa?a las lenguas que no han conseguido el "estatuto de estatales" se han convertido en una "peculiaridad molesta", que "sobran" y est¨¢n "condenadas a desaparecer" en la nueva Europa. Y responsabilizan de esta situaci¨®n a los "dirigentes pol¨ªticos de nuestro pa¨ªs", al tiempo que lamentan que ese sea el planteamiento de "muchos miembros de la carrera judicial". Ante la normalizaci¨®n creciente en terreno de la cooficialidad, la ponencia se pregunta por qu¨¦ "en el ¨¢mbito de la justicia tiene que ser distinto. ?Acaso ha de ser un poder tan aislado que incluso es incapaz de conectar con el entorno social cuyos conflictos est¨¢ llamado a juzgar y resolver?". Los redactores creen que el Constitucional olvida que el principio de inmediaci¨®n en los juicios es "b¨¢sico" y "consustancial con la funci¨®n de juzgar", algo que se ve mermado a su juicio por la utilizaci¨®n de traductores. Frente a la "sorprendente", "escueta y poco meditada" resoluci¨®n del Constitucional, el documento pide que se incorpore la jurisprudencia sobre los "criterios de exigibilidad preceptiva gradual" que para la Funci¨®n P¨²blica ha elaborado el alto tribunal.